El fiscal Francisco Jiménez Villarejo, en una imagen de archivo.

El fiscal Francisco Jiménez Villarejo, en una imagen de archivo. Efe

Tribunales

El fiscal que ayudó a Llarena en la euroorden contra Puigdemont revela qué falló

"Ha habido miopía" por parte de las autoridades judiciales de los países que rechazaron las euroórdenes contra el expresidente catalán Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bélgica, ha afirmado el fiscal Francisco Jiménez Villarejo, miembro nacional de Eurojust, durante su intervención en la presentación del libro Cooperar y castigar: el caso Puigdemont. 
La obra, presentada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), ha sido publicada por la Universidad de Castilla-La Mancha bajo la dirección de los catedráticos Luis Arroyo y Adán Nieto y la profesora titular Marta Muñoz de Morales.
Hasta el pasado julio, Jiménez Villarejo intervino desde La Haya en la tramitación de las euroórdenes cursadas a Alemania y Bélgica por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa abierta por la secesión unilateral de Cataluña. Las fiscalías alemana y belga pidieron la intermediación de Eurojust y de ello se encargó el representante español en ese organismo, que durante el acto en el CEPC elogió la actuación "impecable" de los fiscales alemanes. A los belgas no se refirió.
"Este ha sido un caso único, sin parangón, difícil de comprender fuera de España y especialmente en Alemania, donde no se entiende por qué no se usaron antes barreras de protección, principalmente administrativas" ante la evolución del proceso soberanista catalán, dijo Jiménez Villarejo. En algunos países de la UE un partido que persiga la independencia "simplemente no hubiera podido presentarse a las elecciones", recordó.
El representante español en Eurojust citó un segundo factor que, a su juicio, influyó en el hecho de que el tribunal regional de Schleswig-Holstein acabara denegando la entrega de Puigdemont a España por el cargo de rebelión el pasado 12 de julio. "En Alemania la doctrina se ha mostrado muy crítica con el mecanismo de la euroorden desde hace mucho tiempo y allí la relación entre la doctrina y los tribunales regionales es muy estrecha", indicó.
Se dio otra peculiaridad: no se trataba de una euroorden para el cumplimiento de una sentencia sino para el enjuiciamiento de la persona reclamada. "Recibimos muchas euroórdenes y se emiten muchas. En ninguna ha habido un examen tan exhaustivo de los hechos imputados, de los elementos del tipo delictivo, del grado de participación... Jamás hemos presenciado tantas dificultades", afirmó Jiménez Villarejo.
El fiscal calificó de "extravagante e injustificada" la homologación del requisito de la doble incriminación realizada por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, un comportamiento muy diferente del que siguen otros tribunales regionales alemanes que han aplicado ese principio de forma teleológica y flexible.
A su juicio, una comparación tan rigurosa de los tipos penales vigentes en España y Alemania hubiera debido ir unida a la existencia de una doble instancia que, sin embargo, la legislación alemana sobre las euroórdenes no contempla. "Hay una deficiente regulación de la ley de cooperación jurisdiccional alemana consistente en ausencia de una segunda instancia y eso ha marcado la tramitación y resolución de la euroorden contra Puigdemont", dijo Jiménez Villarejo.
"La Audiencia territorial decide sin que ningún tribunal superior revise su actuación. Si el tribunal decide la inadmisibilidad, la Fiscalía no puede hacer otra cosa que plantear de nuevo los hechos y así se hizo, de una manera muy exhaustiva", señaló. Recordó el enorme volumen de información con el que se contestaba cada requerimiento. "La decisión de los jueces alemanes no fue por falta de información ni tampoco de explicaciones por parte de España. Por eso, la decisión final fue tan decepcionante", dijo.
Francisco Jiménez Villarejo se refirió a las "incoherencias" de las resoluciones dictadas a lo largo del proceso de la euroorden por el Tribunal de Schleswig-Holstein, que empezó admitiendo la existencia de violencia (si bien no en grado suficiente) y afirmó que podía considerarse responsable de ella a Puigdemont, y acabó hablando de incidentes aislados y no atribuibles al expresidente catalán.
Para el miembro español de Eurojust, la "única esperanza es que podamos tener una interpretación del Tribunal de la Unión Europea sobre si la forma en que se ha hecho uso de este chequeo de la doble incriminación, especialmente en unos hechos tan graves, es ajustado a derecho o no". En este sentido, subrayó que el Tribunal de Luxemburgo ahora acepta que el país emisor de una euroorden plantee una cuestión prejudicial.
"Esto ha pasado porque los países donde ha tocado tramitar las euroórdenes piensan que esos hechos se producen en España pero que probablemente en su territorio no ocurriría, con lo que ese ejercicio de empatía colectiva que supone la doble incriminacion no se ha producido", explicó Jiménez Vilarejo. "Pero se equivocan porque esto puede ocurrir en cualquier país", añadió.
"Ha habido miopía por parte de las autoridades judiciales europeas no dándose cuenta del patrimonio enorme que teníamos con el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales", señaló Jiménez Villarejo, para quien el fracaso del mecanismo de cooperación jurisdiccional en el caso de Puigdemont "no puede conducir a que se descalifique un instrumento que es único".
Durante la presentación del libro, el profesor Luis Arroyo sostuvo que los hechos objeto del procesamiento dictado por el juez Llarena pueden ser constitutivos de rebelión "o si se quiere de conspiración para rebelión o de sedición. Pero no una mera desobediencia, eso sería una broma. Y cuando uno se toma el Estado a broma, se hunde el Estado".
En referencia a unas recientes declaraciones de Pascual Sala, Luis Arroyo señaló que "todo un expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha dicho que no hay rebelión. Lo cual demuestra que hay que ir al oculista".