La última semana de campaña, Pedro Sánchez ya sabía que su única y remota opción de repetir en Moncloa pasaba por los votos de Junts Per Catalunya. Y que eso le exigiría aprobar una ley de amnistía.
Por eso, como meses después reveló una fuente de Moncloa, en las últimas entrevistas antes del 23-J, "nunca dijo que no a la amnistía". Se limitó a decir que "los independentistas pedían el referéndum y la amnistía. Y ni habrá referéndum ni han tenido amnistía".
Y por eso, efectivamente, había podido decir lo que dijo aquella noche, desde el andamiaje montado frente a la sede de Ferraz: "Somos más". Él ya sabía el precio, desde que en marzo de 2023, Santos Cerdán había comenzado sus contactos discretos viajando a Waterloo. Y estaba dispuesto a pagarlo.
Aunque, en realidad, quienes eran "más" no juntaban una mayoría coherente para gobernar. Sino una amalgama de intereses comunes para investirlo a él, y evitar así una repetición electoral que pudiera darle una nueva oportunidad al PP de Alberto Núñez Feijóo que, de la mano de Vox, pudiera llegar a la Moncloa.
Y al cumplirse ahora dos años de aquella noche, en el ecuador de la legislatura, este martes quedó claro, con la votación que tumbó el decreto antiapagones, que ya ha perdido, a la vez, a Podemos y a Junts.
Por distintas razones y con diferentes implicaciones. Los morados le acusan de "señor de la guerra" y de culpable de la corrupción que anidó en su Gobierno y en su partido. Los separatistas, simplemente, no han recibido ningún "hecho comprobable" tangible a cambio de sus siete votos y no se los volverán a prestar hasta que "cumpla lo pactado".
Y el resultado, dado que el PP de Feijóo se negó a acudir "al rescate de Sánchez del abandono de aquéllos que lo hicieron presidente", es que hoy día tendría más votos el político gallego en una investidura (171) que el presidente en ejercicio (165).
Porque de los 14 que el lector habrá visto que faltan en esa suma, 13 son los que ya no están con el PSOE sanchista, pero siguen a un abismo del PP actual: Podemos nunca hará ese viaje, tampoco el BNG, y no se ve que Carles Puigdemont vaya a dar esa orden desde su fuga de la Justicia en Bélgica.
El otro es el escaño de Cristina Valido (Coalición Canaria), que este martes votó a favor del decreto porque su partido había "negociado medidas para las islas y apagones". Y que en septiembre del 23 apoyó la investidura fallida de Feijóo, lo mismo que en noviembre se sumó a la exitosa de Sánchez: a cambio de su “agenda canaria”.
Cuarto decreto tumbado
El Congreso tumbó este martes el conocido como decreto antiapagones. Fue la cuarta vez en esta legislatura que la Cámara Baja deroga un decreto ley del Ejecutivo de coalición.
La derrota parlamentaria tuvo amplia carga simbólica y práctica: el Gobierno no logró el respaldo ni de sus antiguos socios de investidura, ni siquiera de los sectores de la izquierda que lo auparon hace dos años.
La votación fue contundente: 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención. El rechazo salió desde el PP, Vox, UPN, Junts, Podemos, BNG y el diputado de la Chunta Aragonesista (Sumar), Jorge Pueyo. A favor, apenas ERC, PNV, Bildu, Coalición Canaria y el apestado José Luis Ábalos.
Las razones para el rechazo muestran la fragmentación del bloque de investidura. Aparte de las evidentes, el PP puso razones prácticas a su voto negativo: la falta de explicaciones sobre el apagón del 28 de abril y la ausencia de dimisiones.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, este martes en el Congreso de los Diputados.
Incluso, anunció la presentación de una proposición de ley "en coordinación con las Comunidades Autónomas" para abordar la crisis energética. "Ésa sí contará con el apoyo de la Cámara", aseguraron fuentes oficiales populares, con cierta sorna.
Podemos y BNG calificaron el decreto de favorable al "oligopolio" eléctrico. Junts rechazó el texto por haber sido ignorado en la negociación. Y la Chunta votó en contra "en defensa de los municipios rurales", señalando el impacto negativo de algunos proyectos renovables sobre el territorio.
El Gobierno defendió su propuesta como una herramienta para evitar episodios como el apagón y garantizar la supervisión del sector. No fue suficiente. Para la mayoría, las medidas eran insuficientes o poco transparentes.
Las razones reales
En paralelo, y como pasa casi siempre últimamente, la Cámara también debatió sobre el papel del PP. Génova transmitía que "no es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez". Porque la consigna que salió del último congreso nacional del PP, hace tres semanas, es clara: "Hasta aquí ha llegado la escapada, elecciones ya".
En Podemos, la ruptura con el PSOE es ya total. Dirigentes del partido aseguran a este periódico que "nunca más nos vamos a sentar a negociar nada con este Gobierno corrupto y belicista". Sólo votarían a favor si la norma "nos gustara completa", pero no pedirán ni ofrecerán nada: "Somos oposición".
Es más, si por un casual, Sánchez "intenta gobernar" y presenta unos Presupuestos para 2026, "Podemos exigiría la salida de España de la OTAN y la reversión del aumento del gasto militar" como condiciones tan esenciales como imposibles para empezar a hablar.
Desde Junts, el relato es otro, aunque las consecuencias las mismas. "Nunca hemos sido apoyo del Gobierno de Sánchez", insiste un portavoz de la dirección.
La formación de Puigdemont negocia "caso a caso" y todo lo que no esté acordado previamente, "se rechaza".
La experiencia de enero de 2024 "debió servirles de escarmiento": la negativa de Junts a convalidar los primeros tres decretos de la legislatura llevó a Sánchez a prometer la transferencia integral de competencias migratorias y la publicación de las balanzas fiscales catalanas.
"Esto es un error"
Sólo la segunda parte de la promesa se cumplió, porque la transferencia migratoria sigue bloqueada. Y es que el PSOE sabe... que Podemos votará en contra y, por eso, la norma no ha sido llevada ni a la toma en consideración desde que se registró, el pasado marzo.
Este incumplimiento se suma a los siete fracasos acumulados con la oficialidad del catalán en la UE, la amnistía —que dio sentido a todo esto— aún encallada en el Supremo, y un acuerdo de "financiación singular" que Junts califica de "tomadura de pelo de Sánchez a ERC".
Por eso, un portavoz del entorno de Puigdemont advierte de otro aniversario: "En noviembre se cumplirán dos años del Acuerdo de Bruselas y no ha habido un solo avance". Junts espera la decisión del Tribunal Constitucional a la petición de amparo de Puigdemont, pero amenaza con un ultimátum en otoño.
Que Sánchez nunca tuvo mayoría más que para ser investido y sacar adelante una ley de amnistía lo demuestra que el resto de votaciones que ha ido sacando adelante lo logró porque eran iniciativas según el guion de sus socios parlamentarios, como la reforma del reglamento aprobada este martes para poder expulsar a periodistas incómodos.
O porque, a cambio, ha ido entregando concesiones, como las competencias de pensiones no contributivas al País Vasco
Y por eso, en medio de los escándalos de corrupción, con proclamas de lawfare contra jueces, en medio de ataques a la prensa libre, y a pasada sólo una semana del pacto entre el Gobierno y el Govern catalán que rompe la caja común de financiación autonómica, el PP no sólo cumplió el PP con lo que se podía esperar de él este martes.
También hizo real el vaticinio de Feijóo, aquel 16 de noviembre en que Sánchez fue investido... cuando al ir a felicitarle, se le acercó y le dijo "esto es un error, no vengas a buscar nuestro apoyo el día que te abandonen tus socios".