La ausencia del ministro José Manuel Albares es el mejor síntoma de que el Gobierno no confía en que el Consejo de Asuntos Generales de la UE apruebe este viernes la cooficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias.
El Gobierno español estará representado por el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, en este séptimo intento de cumplir el compromiso que Pedro Sánchez contrajo en agosto de 2023 con los partidos independentistas, a cambio de que apoyaran la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari Imanol Pradales han elevado la presión diplomática al enviar una carta a los ministros de Exteriores de los 27, para pedir que sus gobiernos apoyen este reconocimiento.
"Europa y España no podrían entenderse", indican ambos presidentes autonómicos, "sin las aportaciones contemporáneas de las lenguas catalana, gallega y vasca, que hablan diariamente millones de personas, con niveles de producción cultural y comunicativa plenamente equiparables con aquellas lenguas que ya están reconocidas como oficiales en las instituciones europeas".
En su escrito, apelan a la influencia cultural de la lírica gallega y de figuras como el filósofo y teólogo mallorquín Ramon Llull (que sirvió de inspiración a las obras de Leibniz, señalan) y el sacerdote navarro Bernat Dechepare (conocido ahora como Bernat Etxepare), que escribió el primer tratado sobre la lengua vasca, impreso en Burdeos en 1545.
Illa y Pradales señalan que "la historia del mutilingüismo en España" ha sufrido "períodos oscuros de negación e incluso represión de la diversidad". Pero, "afortunadamente, con la restauración de la democracia, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos se expandió a todos los ámbitos, incluyendo los derechos lingüísticos", agregan.
Cuatro décadas después de la incorporación de España a la UE, proclaman, ha llegado "el momento de completar el proceso de reconocimiento de sus lenguas como plenamente oficiales en las instituciones europeas".
También apelan a las garantías que España ha ofrecido al resto de Estados miembros. En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a pagar todos los costes de traducción de los documentos oficiales a las tres lenguas, lo que supone un desembolso de 132 millones de euros anuales.
No obstante, la propuesta que se someterá a debate este viernes es la que ya presentó el Gobierno español el pasado 27 de mayo, que no llegó a votarse al constatar falta de apoyos.
En concreto, el Ejecutivo de Sánchez plantea ahora que, en una primera fase, únicamente se traduzcan a las tres lenguas cooficiales las normas dictadas por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Sólo en una segunda fase, cuya fecha quedaría por determinar, el catalán, el euskera y el gallego recibirían el reconocimiento completo como lenguas oficiales de las instituciones de la UE:
El Gobierno español cuenta con la complicidad de la presidencia danesa de turno de la UE, que se ha mostrado receptiva a la propuesta.
Pero aún tiene que vencer la resistencia de una decena de Estados miembros, encabezados por Alemania, que temen el precedente que se abriría para otras lenguas minoritarias del continente.
La propuesta sólo puede salir adelante si tiene el apoyo unánime de los 27.
Fuentes de Exteriores alegan que el secretario de Estado Fernando Sampedro es quien representa habitualmente a España en las sesiones del Consejo de Asuntos Generales de la UE, como la que se celebra este viernes.
Pero el ministro José Luis Albares asistió personalmente a las cuatro sesiones de este órgano en las que el Gobierno de Sánchez planteó la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, durante la presidencia española de turno de la UE:
En una iniciativa promovida por la Asociación Germano-Catalana, 18 catedráticos alemanes han firmado una carta en la que advierten al canciller Friedrich Merz que sería “incomprensible” que su gobierno vetara la propuesta, según ha informado La Vanguardia.
Antes de irse de vacaciones, el presidente Pedro Sánchez intenta resolver los compromisos que ha contraído con sus socios parlamentarios, para garantizar la continuidad de la legislatura. Al menos, por unos meses más.
Durante la comparecencia de Sánchez ante el Congreso para hablar de la corrupción de Santos Cerdán, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le advirtió de que su Gobierno está en tiempo de "prórroga".
En la reunión bilateral del lunes, Salvador Illa y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cerraron el acuerdo para que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) recaude la totalidad del IRPF que se paga en la región a partir de 2026, tal como exige ERC.
Sin embargo, Junts señala que esta medida no responde a sus expectativas y amenaza con votar en contra, al igual que otros partidos (como Coalición Canaria o Compromís), que no aceptan un trato discriminatorio para otras regiones.
El Gobierno de Sánchez también tiene dificultades para sacar adelante el traspaso de las competencias de extranjería e inmigración a la Generalitat, prometido a Junts.
Podemos ha anunciado que sus cuatro diputados votarán en contra, por considerar que esta reivindicación responde al discurso xenófobo con el que Junts intenta competir con Aliança Catalana.
El PSOE tampoco tiene garantizado el apoyo de Junts a la reforma de la carrera judicial y fiscal del ministro Félix Bolaños, que ha puesto en pie de guerra a magistrados, jueces y fiscales.
A cambio de apoyar la propuesta de Ley Orgánica, Junts exige la creación de un Consejo del Poder Judicial de Cataluña, con competencias para nombrar y expedientar a los jueces de la región, una fórmula que ya tumbó el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatut.