Isabel Díaz Ayuso llevaba tiempo avisando: llegaría hasta el final en su empeño por evitar que Moncloa llevase a cabo la llamada "armonización fiscal" -exigencia de ERC para la aprobación de los Presupuestos- en la Comunidad de Madrid, que en la práctica supondría una subida de impuestos a los madrileños.
Es por eso que la presidenta popular ha presentado este miércoles su anteproyecto de ley de defensa de la autonomía financiera de Madrid como una manera de "blindar nuestra política fiscal frente a cualquier intento de cambiarla" por parte de Pedro Sánchez, que pretende desde hace tiempo implantar un impuesto especial a la comunidad para "redistribuir la riqueza".
Según el Gobierno regional, esta ley "protegería" a los madrileños de una armonización que "podría llegar a costar 2.000 euros al año a cada contribuyente madrileño, provocando un impacto económico negativo de 5.900 millones de euros en las arcas comunitarias". Así lo admiten a EL ESPAÑOL desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, encargada de la redacción de la norma.
Han hecho los cálculos. Y éstos muestran cómo "la armonización fiscal al alza" le costaría a los madrileños la cuantía exacta de 2.270 euros anuales, que es lo que se arrorarán los contribuyentes ahora que el Gobierno de España, de la mano de los separatistas, no podrá imponer una mayor tributación en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
Para defender esta "autonomía fiscal", la Comunidad de Madrid se remite a dos artículos de la Constitución: el 156 y el 157. El primero hace alusión a que las CCAA "gozarán de autonomía financiera para el desarrollo de ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".
El segundo reza que "los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado además de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales".
La norma también persigue implantar un "nuevo derecho", en palabras de Díaz Ayuso: el de los ciudadanos a saber "en qué se gasta la Administración sus impuestos". Todo ello en pos de mejorar la "transparencia" y la "eficiencia".
Política fiscal
El anteproyecto de ley de defensa de la autonomía financiera de Madrid se ha elevado este miércoles al portal de transparencia para su consulta pública, aunque se trata de una medida anunciada por la presidenta en su sesión de investidura. Fuentes de la Consejería de Economía confiesan a EL ESPAÑOL que confían en que "esté aprobada antes de finales de año". En dos meses, siendo optimistas.
Esta ley supone el último eslabón en la cadena de medidas encaminadas a marcar distancia con las políticas económicas y fiscales de Moncloa. Primero, la reducción de 13 a 9 consejerías y la renuncia a toda vicepresidencia. Una decisión que utilizó para reprochar a Sánchez que siguiera contando con 23 ministros y 4 vicepresidentas pese a la crisis económica: "Si nos tenemos que apretar el cinturón, empecemos los gobernantes".
Luego, la eliminación de los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, que supuso que la región se convirtiera en la primera de España en no cobrar un euro a sus ciudadanos a través de estos tributos, ahorrando una media de 99 euros al año por contribuyente.
Este lunes, aprovechando su paso por Milán para recibir el premio La Llama de la Libertad que entrega el Instituto Bruno Leoni, adelantó para el próximo 20 de septiembre el fin de los límites horarios en hostelería y ocio nocturno, así como el fin de las restricciones de aforo en cines y teatros. Medida también pionera en "libertad".
Y ahora la nueva ley de autonomía fiscal, que pretende liberarse de la "persecución" contra los ciudadanos de Madrid por parte de la "madrileñofobia fiscal" que pretende el Gobierno de la Nación y sus socios, en palabras del consejero de Economía y Hacienda, Javier Lasquetty, a EL ESPAÑOL.
Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, futurible presidenta del PP en la región, quiere ir más allá y no abandona su compromiso de bajar medio punto todos los tramos de la parte autonómica del IRPF.