El 22 de enero de 2021, el Ministerio de Sanidad sacó a consulta pública un proyecto para modificar la práctica del aborto: consistía en potenciar la técnica farmacológica frente a la quirúrgica. El plan no gustó nada a Unidas Podemos y fue eliminado de la web de Sanidad en apenas unas horas.

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Ahora, casi tres meses más tarde, el proyecto no ha vuelto a publicarse y ha desaparecido por completo de la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad. Una decisión que, según fuentes cercanas al proceso, se debe al rechazo total de las feministas, que asocian varios efectos adversos a este modelo abortivo.

El rechazo de la ley por parte de las feministas la ejemplificó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en su cuenta de Twitter. Rechazó esta práctica la misma tarde en la que Sanidad presentó el proyecto.

"La interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado. El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria", rezaba el mensaje.

La principal denuncia de Montero, y que también hacen los detractores de esta técnica, tiene que ver con los problemas que puede conllevar abortar con pastillas en tu domicilio y sin la supervisión de un especialista, tanto a nivel físico como psicológico.

De primeras, el aborto farmacológico tiene una menor eficacia que el instrumental (cuando la paciente acude a la clínica y se lo realiza un médico). Por otro lado, el primero también entraña riesgos físicos, pues la expulsión del feto se realiza en casa, sin acompañamiento de un sanitario, y puede durar días.

Además, durante este tipo de abortos con pastillas se pueden quedar adherencias que complican nuevos embarazos y que, en un 5% de los casos, precisan de una intervención médica.

En el argumentario de su propuesta, Sanidad explicaba que el método que rechaza la ministra de Igualdad sería el modelo que se practicaría en los centros ambulatorios públicos "hasta la novena semana de gestación".

Más económico

Sobre el método farmacológico, Sanidad añadía que "no solo es oportuno, sino que es más económico" debido al "bajo coste de los fármacos empleados junto con la simplicidad de las instalaciones requeridas".

El texto era una modificación del Real Decreto 813/2012 para que el aborto durante las nueve primeras semanas de gestación se pueda realizar en la sanidad pública mediante un método farmacológico. Se explicaba que la puesta en marcha de esta nueva norma eliminaría la dependencia que existe hacia el sector privado para realizar este tipo de prácticas desde la modalidad quirúrgica.

Y es que, para argumentar la modificación del RD y la nueva ley, Sanidad achacaba a la sanidad privada "aumentar" el número de abortos y no realizar una correcta prevención para que no haya mujeres "repetidoras".

Consiguientemente, la iniciativa tenía una parte que tocaba de lleno la gestión hospitalaria. Aseguraban desde el Gobierno que, debido a la saturación de las instalaciones del sistema público de salud y las necesidades de instalaciones y personal que precisaba el aborto quirúrgico, la demanda se ha reorientado hacia el sector privado, "que creó instalaciones específicas para este fin".

Así, aunque las interrupciones se realicen en más de un 85% de los casos desde sistemas privados, el Gobierno cree que si se facilitara la nueva técnica farmacológica en el sistema público, se disminuirían los costes.

En su argumentario, el Gobierno acusaba veladamente a la privada de no concienciar a las usuarias y la hacía partícipe del número de mujeres "repetidoras" (refiriéndose a quienes abortan más de una vez).

"Dejar que el sistema privado siga realizando la mayoría de las interrupciones -introduce el texto-, seguiría aumentando la demanda de dicha actividad, como ha venido sucediendo en los últimos diez años de evolución la normal".