El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública, durante apenas unas horas, el proyecto para modificar la práctica del aborto potenciando la técnica farmacológica frente a la quirúrgica.

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La iniciativa, presentada como proyecto de Real Decreto, pretende modificar la ley de garantía de calidad asistencial en la interrupción voluntaria del embarazo con el objetivo de "reorientar la demanda" y sacarlo de la privada.

El documento achaca a la sanidad privada "aumentar" el número de abortos y no realizar una correcta prevención para que no haya mujeres "repetidoras", y se plantea como objetivo incentivar la interrupción voluntaria del embarazo mediante pastillas.

El proyecto, que ha sido eliminado sin explicación alguna por el Ministerio que dirige Salvador Illa, pretende establecer más centros que realicen este tipo de aborto farmacológico frente al quirúrgico y potenciar el uso de recursos públicos frente a la sanidad privada.

La realidad es que en la actualidad la mayoría de las clínicas que practican abortos usan el método quirúrgico. Es una técnica que satura más el sistema hospitalario al precisar de ingresos, quirófanos, etc.

La norma, que se podría aprobar en un próximo Consejo de Ministros, tiene también como objetivo regular la obligación de que los centros públicos hospitalarios atiendan esta demanda creando unidades específicas "para que las mujeres no se vean abocadas a tener que asistir a establecimientos privados".

Contra la sanidad privada

Consiguientemente, la iniciativa tiene una parte que toca de lleno la gestión hospitalaria. Y es que, según argumenta el propio proyecto, se pretende recobrar la práctica de abortos desde el sistema público. Algo que, según los propios profesionales sanitarios, ocurre por cuestiones de ética y deontología, no por falta de medios.

Aseguran desde el Gobierno que, debido a la saturación de las instalaciones del sistema público de salud y las necesidades de instalaciones y personal que precisaba el aborto quirúrgico, la demanda se ha reorientado hacia el sector privado. "Que creó instalaciones específicas para este fin".

Así, aunque las interrupciones se realizaran en más de un 85% de los casos desde sistemas privados, el Gobierno cree que si se facilitara la nueva técnica farmacológica en el sistema público, se disminuirán los costes.

En su argumentario, el Gobierno acusa veladamente a la privada de no concienciar a las usuarias y la hace partícipe del número de mujeres "repetidoras" (refiriéndose a que abortan más de una vez).

"Dejar que el sistema privado siga realizando la mayoría de las interrupciones -introduce el texto-, seguiría aumentando la demanda de dicha actividad, como ha venido sucediendo en los últimos diez años de evolución la normal".

Aunque dejen claro que el objetivo de la norma es incrementar los medios para potenciar el aborto farmacológico desde la sanidad pública, Sanidad duda en las soluciones. Apuesta por regular "a través de la obligación de que los centros públicos atiendan la demanda de abonos con unidades específicas". Aun así, y conscientes de las cuestiones deontológicas, aceptan que resultaría "complejo y difícil" que esto se aceptara por "el personal y responsables sanitarios".