La ministra portavoz hizo equilibrios para tratar de salir airosa de una situación casi imposible: que un ministro y un vicepresidente atacaran directa y explícitamente al Jefe del Estado después de que el propio Gobierno hubiese vetado su presencia en un acto institucional en Barcelona. Y esos equilibrios resultaron evidentes, ya que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero usó el mismo argumento para lo uno y lo contrario.

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Según la portavoz, Garzón e Iglesias actuaron como "miembros de sus respectivos partidos" al acusar a Felipe VI de "maniobrar contra el Gobierno" y de "incumplir la Constitución que impone su neutralidad" política. Y, sin embargo, el PP "le hace un flaco favor a la jefatura del Estado tratando de patrimonializarla por puro partidismo".

El silencio del presidente Pedro Sánchez ha sido elocuente, arriesgado y reflexionado. Desde el que pasado viernes reaccionaran así Garzón e Iglesias después de que se supiera que el Rey había llamado al presidente del CGPJCarlos Lesmes, para expresarle su pesar por no haber podido estar en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la capital catalana, el presidente no ha emitido un sonido.

Y sólo han hablado miembros del Ejecutivo para dar diferentes explicaciones sobre el motivo del veto al Monarca en Barcelona. La última de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, que alegó este lunes "razones de convivencia".

Se puede calificar de elocuente el silencio del presidente porque la oposición le ha reclamado que desautorizara e incluso que destituyera a Garzón -y hasta a Iglesias-. Arriesgado, porque en estos cuatro días, Sánchez ha visto cómo su autoproclama como "defensor de la Monarquía constitucional" al agradecer a Felipe VI su "conducta" en la salida de su padre Juan Carlos de España se ha visto degradada. Y reflexionado, ya que a los estrategas de Moncloa les ha dado tiempo a armar una respuesta más o menos coherente.

"El PP se dice constitucional, pero nosotros defendemos la Carta Magna en todos sus aspectos, y defendemos todas las instituciones, incluso las que ellos bloquean por no reconocer la legitimidad democrática de este Gobierno", repitió hasta en tres ocasiones Montero a las preguntas de la prensa.

Los equilibrios

Lo que resultó increíble es que la portavoz no supiera lo que había dicho Campo sólo 24 horas antes, que era la última versión de un miembro del Gobierno sobre el asunto. Y lo que resultó ya más difícil de comprender fue su desarrollo del argumento ante las insistentes cuestiones de la prensa, con los matices que cada reportero le imprimió al asunto.

Así, a propósito de la contradicción de que el presidente "haya fijado posición, en defensa de la Monarquía constitucional" pero su vicepresidente abogue por "caminar cuanto antes hacia una república" y que lo haga con ataques públicos al Monarca, alegó que "éste es el primer Gobierno de coalición, con dos formaciones que coinciden en muchas materias pero no en otras, como las expresadas en las últimas semanas"...

...para dar el giro, sin solución de continuidad a su discurso, de que "está clara la defensa de este Gobierno a la Corona, como al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, mientras el PP está en la rebelión y en la insumisión constitucional por puro bloqueo".

O, por ejemplo, cuando a Montero se le preguntó a ella expresamente por si compartía las palabras de Garzón e Iglesias. Ahí le ocurrió lo de las justificaciones contradictorias con las que se abre este artículo: el partidismo es malo, el partidismo es bueno: "Son dos personas concretas que pertenecen al Gobierno, y las posiciones que expresan los partidos políticos ustedes las conocen". Pero "se le hace un flaco favor al tratar de patrimonializar al Jefe del Estado por puro interés partidista".

Tampoco supo dar razón de que no haya habido reproche público del presidente a sus subordinados, y se amparó en la obligada confidencialidad de las reuniones del Consejo de Ministros: "Las cuestiones que se trasladen dentro del Gobierno no las hacemos públicas: las deliberaciones pertenecen a lo que juramos como confidencialidad al asumir el cargo", apuntó.

Y sobre el constitucionalismo de la oposición, dijo que "ser un partido hacedor de la Carta Magna no nos hace mejores que a los otros", y sin embargo recordó que "los demás no pueden decir lo mismo".

ERTE para cambiar el paso

"Acuerdo, certezas y ánimo" es lo que había pretendido vender el Gobierno de España en su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Queremos alejarnos del ruido y de quienes crispan, porque demuestran no tener proyecto de país". Como la mejor defensa es un buen ataque, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, abrió la rueda de prensa sin discurso previo de la portavoz, María Jesús Montero, que había alegado "prisas porque ha sido una reunión muy densa, con muchos temas sobre la mesa". 

Así había arrancado -insuflando buenas palabras- la comparecencia de los cuatro ministros que salieron a atender a la prensa: con "el sexto acuerdo" alcanzado por la ministra de Trabajo con los agentes sociales. Junto a ella, Carolina Darias, Política Territorial; José Luis Escrivá, Seguridad Social; y la citada portavoz y titular de Hacienda.

"No vamos a dejar a nadie atrás, y si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación", dijo Díaz: "Y en esta crisis incierta, ésa es la esperanza, que este Ejecutivo se va a volcar en la protección de todos los trabajadores y todas las empresas".

La razón por la que Díaz comenzó con un torrente de buenas palabras, incluso bautizando como "escudo social" al acuerdo de los ERTE y a la prestación de autónomos prorrogados hasta el 31 de enero, había que buscarla en la polémica del Rey y las noticias filtradas este lunes por la noche. El Ejecutivo quería tapar que el concepto que había recibido ese nombre en las semanas más duras de marzo se ha renovado en esta ocasión muy recortado.

Así, desde este miércoles vuelven los cortes de agua, luz y gas a quien no pague sus facturas, por "muy vulnerable" que sea su situación, y se acaba la moratoria de pagos a los créditos hipotecarios y al consumo. De hecho, en las filas de Unidas Podemos sí se cree que con estas medidas se queda gente atrás, sobre todo los más vulnerables "ahora que viene el invierno", si no pueden pagar su calefacción.

Todo esto lo dejaron los ministros para el comentario final, el llamado carro del pescado, sólo con anuncios en positivo y tras la más de media hora que llevaban hablando Díaz, Escrivá y Darias.

10.000 sanitarios nuevos

La ministra de Política Territorial presentó un decreto que incluía la traslación de la regulación del teletrabajo a la función pública. Pero en el mismo texto se incluían las consecuencias de la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud sobre el enorme déficit de 11.000 médicos y de 87.000 enfermeras que sufre España. Unos detalles que el ministro Salvador Illa no quiso explicar en su rueda de prensa del lunes.

Son medidas "excepcionales, transitorias y aplicables a todo el territorio nacional para contratar profesionales sanitarios ante la sobrecarga del sistema asistencial", aclaró. Según Sanidad se podrá contratar a unos 10.000 profesionales, para que las CCAA o INGESA puedan contratar médicos con el MIR aprobado pero sin plaza ganada y especialistas que no sean de la Unión Europea que ya estén en fase de convalidar su título.

Además se habilita que las enfermeras puedan atender áreas distintas a las suyas en un centro, o que incluso puedan trasladarse de centros de atención primaria a hospitales y viceversa.

El Gobierno también aprobó medidas del mismo tenor en el campo educativo. De manera excepcional se permitirá contratar graduados sin máster para dar clase en colegios e institutos y se flexibilizan las horas de prácticas obligatorias, "dadas las dificultades actuales por la pandemia".