El Gobierno veía en la mañana de este martes cómo Quim Torra volvía a jugar a ir por delante, aprovechando una decisión que se tomaría por la tarde entre todas las CCAA y el Ministerio de Sanidad. Cataluña se adelantó anunciando la reducción de las cuarentenas para contactos con la Covid de 14 a 10 días.
Finalmente, la Comisión de Salud Pública ha decidido que todas las cuarentenas por Covid se reduzcan a 10 días. E incluso que para recibir el alta y reincorporarse al trabajo, no precisen de un test PCR negativo ni los asintomáticos ni quienes fueran simples contactos estrechos de un positivo.
"Es una decisión que es muy probable que se adopte esta tarde", admitía Salvador Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Ayer hablé con el doctor Simón y con la secretaria de Estado y parece que hay consenso en la Interterritorial para que los contactos con un positivo puedan dejar la cuarentena en 10 días, incluso sin PCR negativa".
La medida supondrá una descarga para los sistemas primarios de salud y una ayuda para las empresas, que verán incorporarse a los trabajadores unos días antes. "Hasta ahora estaba permitido, en el acuerdo que tomamos, que se reduzcan estas cuarentenas si hay una PCR negativa en el día 10... en adelante se hará sin necesidad de esa prueba", dijo el ministro, dando por hecho que ese contacto no presente síntomas.
El Gobierno prevé reducir a 10 días la cuarentena para contactos de casos positivos
Así, según ha informado Sanidad, para los casos leves el aislamiento será de 10 días desde el inicio de síntomas. Y sólo se le pedirá al infectado que hayan transcurrido al menos tres sin presentar ningún síntoma. En estas circunstancias, "no será necesario realizar una prueba diagnóstica ni para levantar dicho aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral".
Lo mismo ocurrirá en los casos asintomáticos que resulten positivos, 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico.
Incluso el personal sanitario y sociosanitario se regirá por estas mismas pautas que la población general. Se podrán reincorporar a su puesto de trabajo a los 10 días si los últimos tres no han tenido síntomas. Eso sí, en su caso, tras la realización de una prueba de diagnóstico que indique que han superado el periodo de transmisibilidad de la infección.
Finalmente, a los contactos estrechos se les indica "vigilancia y cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado". En todo caso, la Comisión de Salud Pública se guarda la posibilidad de que, en función de la situación epidemiológica de cada CCAA, sea recomendable pasar una prueba diagnóstica durante el periodo de cuarentena.
Los Presupuestos
La rueda de prensa posterior al Consejo se centró en las medidas aprobadas y pendientes, pero sobre todo los motivos por los que se sacan adelante: el teletrabajo se ha legislado con prisas -y acuerdo- a causa de la Covid, el IMV se aceleró por lo mismo, la prolongación del Plan MeCuida tiene sentido sólo en ese contexto.
Y en el mismo prisma hay que ver la extensión de los ERTE, que caducan en menos de una semana; la reforma de las pensiones, en la que hay desacuerdos dentro del Gobierno; la protección laboral a los progenitores de niños en cuarentena; la presentación de los Presupuestos, que no llega...
La ministra de Hacienda y portavoz acusó al PP de "estar fuera de la realidad". Como siempre, claro, por no estar dispuesto a acordar los Presupuestos con el Gobierno. Si bien nadie ha leído una sola línea del borrador, que sigue negociando ella misma con Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, María Jesús Montero acusó a los de Pablo Casado de borrarse del desafío histórico en el que está España, sumida en la segunda oleada de la Covid y en una recesión económica histórica.
En el día del aniversario del descubrimiento de la penicilina -el primer antibiótico de la historia- el mundo sigue buscando la solución a un pequeño virus que en menos de un año está a punto de alcanzar ya el millón de muertos a nivel planetario... según las cifras oficiales.
Desmontando la reforma laboral
Claro, que en España éstas indican que los fallecidos superan apenas los 30.000 casos, a pesar de que el mismo Gobierno reconoce que sus propias estadísticas indican un exceso de mortalidad que subiría la cifra a unas 53.000 víctimas. Otra de las razones por las que el líder del PP alega que no puede acercarse al Ejecutivo.
Junto a Montero se sentaban Illa y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que presentó el decreto ley de Teletrabajo, acordado en la noche de este lunes con los agentes sociales. "Es el quinto acuerdo con los agentes sociales", presumió Díaz, "pero sobre todo, abre una nueva ola de reformas legislativas, un cambio de paradigma de relaciones laborales, de la negociación y de todo..."
El Gobierno aprueba el decreto de Teletrabajo.
La titular de Trabajo parecía anticipar los primeros pasos del desmontaje de la reforma laboral del Partido Popular, por la vía de ir introduciendo nueva legislación. De hecho, "la norma cambia todo el modelo de relaciones laborales" y busca "aumentar la competitividad del sector laboral español".
Nuevo plan de fases para Madrid
También admite el Gobierno que la "segunda ola" ha llegado ya. De hecho, que lo había hecho semanas antes de que comenzara el otoño -el equinoccio es hoy mismo a las 15.31-, destrozando todas las previsiones de recuperación económica basada en una temporada turística medianamente normal en el verano de la "nueva normalidad".
Quizá, de ahí que Illa se sentara en la mesa. El ministro explicó los detalles del "seguimiento continuado" de Sanidad con las Comunidades Autónomas, "en especial con Madrid", tras la cumbre del lunes entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. "Nos reunimos ayer, y de esa cita salió un gran acuerdo de coordinación reforzada, un plan especial para Madrid" y, sobre todo, "un nuevo horizonte por fases para la Comunidad de Madrid, como el que tuvimos en la desescalada".
Salvador Illa, ministro de Sanidad, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Antes de que salieran los ministros y el presidente de la reunión de cada martes, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, anunció la cancelación definitiva del programa de viajes del Imserso, último asidero que podía quedarle al sector.
Fuentes de la Vicepresidencia segunda indicaban a este periódico que todo el dinero que no se invierta en esos programas "se destinará a programas sociales para los mayores". Pero la realidad es que la cancelación de contratos por parte de la Administración deberá ser indemnizada y alrededor de 80.000 empleos se verán afectados por la desaparición de "la temporada alta de la temporada baja", como se conoce a la llegada de los pensionistas a las costas españolas en octubre y noviembre.
La elección del momento para este anuncio, en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, no fue gratuita. Pretendía aprovechar los titulares sobre el acuerdo del teletrabajo, de la extensión del Plan MeCuida y de la facilitación de los trámites del atascadísimo Ingreso Mínimo Vital -todo ello aprobado en el Consejo- para tratar de que pasara inadvertido que unos 900.000 pensionistas se quedan sin viajes y que 400 hoteles pueden cerrar al haber recibido su último clavo del ataúd.