Fernando Cano Alberto D. Prieto

El Gobierno modificará este martes las condiciones para obtener el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante el colapso de solicitudes y el bloqueo de cientos de miles de expedientes que impiden que buena parte de los demandantes no puedan todavía cobrarlo. Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista concedida a TVE.

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Iglesias ha indicado que el Consejo de Ministros impulsará con carácter urgente y con el objetivo de que tengan aplicación inmediata algunos cambios en el Ingreso Mínimo Vital para resolver sus "deficiencias técnicas". El principal objetivo será "acelerar los trámites" y corregir el "cuello de botella".

Como ya contó este periódico, entre las medidas para agilizar la renta mínima se encuentra la ampliación de los plazos para el cobro retroactivo y la modificación de requisitos como estar inscrito como demandante de empleo.

La tercera medida ya se puso en marcha hace diez días con la tramitación de todas las solicitudes realizadas hasta esa fecha. "No se desestimará ninguna por silencio administrativo", dijeron en esos momentos fuentes del Gobierno a este diario.

De las más de 900.000 solicitudes presentadas desde que el pasado 15 de junio que se abrió el plazo, la Administración sólo ha podido tramitar algo más de 340.000, y darle el  a unos 86.000 expedientes, siempre según datos oficiales ofrecidos por el departamento de José Luis Escrivá a este periódico.

Cifras de los expedientes

El enorme cuello de botella ha provocado tensiones dentro del Gobierno, con críticas feroces de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, que calificó hace pocos días de "inadmisible" la situación. 

Fue el mismo secretario general de Podemos el que forzó la máquina en las primeras semanas de la pandemia por coronavirus, también con salidas en público exigiendo el anticipo de este proyecto del Gobierno, que el propio ministro de la rama socialista ya había puesto como la principal de sus prioridades.

Según cifras ofrecidas por el departamento de Escrivá a este periódico, a fecha de 14 de septiembre se había dado el sí a 86.000 expedientes -un exiguo 9% de los presentados-; a 100.000 más (11,3%) se les ha reclamado subsanar faltas de documentación.

Del mismo modo, sólo 63.000 se habían denegado (7%) y otros 64.000 (7,1%) incumplían los criterios de vulnerabilidad, y se habían cancelado por duplicidad 31.000 solicitudes más (un 3,4%).

Un verdadero cuello de botella que ha frenado el cobro para cientos de miles de solicitantes. Es por ello por lo que las medidas que aprobará el Consejo de Ministros de este martes buscan un desbloqueo urgente del proceso de cobro.

Medidas que se aprobarán

Para empezar, se va a ampliar el periodo de retroactividad del derecho que el decreto ya reconocía. Escrivá ha insistido en que "aunque tardemos, todos los beneficiarios cobrarán con efecto de 1 de junio". Pero la norma sólo lo reconoce para los expedientes presentados hasta el 15 de septiembre; ahora será para las solicitudes iniciadas antes del 31 de diciembre de este año 2020.

El segundo "ajuste" será que ya no será considerado un "requisito previo" estar inscrito como solicitante de empleo en el SEPE. Para evitar trámites engorrosos -sobre todo con el atasco que ya hay en las oficinas del paro por la pandemia, según reconocen fuentes del Ministerio-, será una "obligación a posteriori".