Irene Montero jugaba en casa y con el público a favor. En casa porque la comisión del Congreso sobre Violencia de Género es un entorno menos contaminado por la epidemia de política polarizada que ha traído la crisis del coronavirus. Y con el público a favor, porque el consenso básico en este aspecto sólo se quiebra al entrar en los detalles de cómo llevar a cabo y con qué recursos, estas políticas que todos los grupos ven necesarias. O casi todos.

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Pero eso hizo, entrar en los detalles de hasta dónde ve Montero que llega la violencia de género. Y es muy lejos. De hecho, montó un mitin en defensa del feminismo de su Gobierno, justo el día en que EL ESPAÑOL publicaba en exclusiva que, según el informe del forense es "cierto y seguro" que, de haberse impedido la manifestación del 8-M en Madrid, "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". Eso dice el documento del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid a petición de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"La emergencia sanitaria ha revelado la urgencia de la agenda feminista de este Gobierno", aseveraba la ministra de Igualdad. Y eso se traduce, para Montero en que "hay que apostar por políticas de redistribución de la riqueza", ya que la desigualdad "es una de las bases fundamentales que explica la violencia de género".

Total, que hasta un socio parlamentario del Gobierno, el PNV, le afeó su juego dialéctico. Joseba Agirretxea, representante nacionalista vasco en la comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, le dijo, al empezar su respuesta: "Muchas de las cosas de las que usted ha hablado son de desigualdad, no de violencia de género, es mejor no mezclar".

La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha agradecido las "diversas miradas" la ministra en su intervención, y la perspectiva "interseccional" con la que Montero enfocó su intervención. Pero también advirtió de que hay que bajar a las medidas concretas, "por encima de los discursos ideológicos"

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, en la comisión contra la Violencia de Género del Congreso. E.E.

Y es que Montero había revelado que las llamadas al 016, teléfono contra la violencia de género, han aumentado un 60% en el mes de abril respecto al año pasado uniéndolo a eso de que "la desigualdad es base de a violencia de género". En el meollo del confinamiento, queda claro, las mujeres víctimas han necesitado más atención, razón por la cual también se han multiplicado, hasta más de un 500% las consultas de información a la web de la delegación de Gobierno.

Según la ministra, redistribuir la riqueza con perspectiva de género, pues, es "urgente" y "lo justo", porque la autonomía económica, dijo, da a las mujeres "la oportunidad de abandonar al agresor, sobre todo cuando tienen hijos o hijas".

"Lo hemos hecho bien"

"Por eso sabemos que hemos hecho bien reforzando las medidas de protección", ha dicho Montero, "hasta el punto de crear nuevas aplicaciones de geolocalización urgente, en colaboración con el ministro del Interior, como el botón de la app Alertcops". Pero hasta ahí lo más sencillo de su comparecencia, porque en realidad, ésta comenzó con un auténtico mitin político sobre feminismo.

"Si no salimos de esta crisis con perspectiva de género, estaremos agravándola", fue la sentencia núcleo de su discurso. "Tendremos que poner en el centro las políticas públicas y el aumento de recursos a los cuidados, porque éstos no van a desaparecer porque la Administración no los atiendan". Y como las políticas de dependencia, atención y protección "están feminizadas", es necesario, dijo, "que nuestras decisiones no sean neutras en lo tocante al género".

Según Montero, "las políticas neutras en realidad no lo son, porque afectan de modo distinto a las mujeres que a los hombres". Razón por la cual, "como esos empleos muchos son irregulares y otros simplemente están precarizados y mal pagados", consideró "de lógica absoluta" que todo lo que impulse el Gobierno en la lucha contra el Covid-19 "tenga perspectiva de género" para evitar "devastadores retrocesos en la igualdad de género".

Por fin, al tema

Montero no acabó su larguísima exposición de motivos hasta 25 minutos después de iniciar su comparecencia, y admitió que "ahora ya entro en el Pacto de Estado, que es lo que nos trae hoy aquí". La ministra recordó que el acuerdo surgió de la presión de las calles "y del trabajo de todas y todos los que trabajasteis en ello en este Congreso, por encima de partidos y que nunca debemos dejar gobierne quien gobierne".

Son en total 290 medidas, "un pacto muy voluminoso que requiere de mucha comunicación y de un buen análisis de la documentación que se genera desde cada Administración". Pero ha admitido la ministra que hay 214 de esas medidas que no están implantadas todavía, en proceso o pendientes, pese a que el acuerdo se puso en marcha en 2018 y acaba su vigencia en 2022. A mitad de camino, sólo se han implantado poco más de una cuarta parte del catálogo.

La ministra Irene Montero, en su comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso. E.E.

El motivo, entre otras cosas es el año perdido en 2019 con cinco elecciones y casi 12 meses con Gobierno en funciones y con el Congreso inoperativo. Esto, añadido a que desde la toma de posesión del Gobierno de coalición, llevamos casi tres meses de emergencia sanitaria con toda la política centrada en sus efectos en la salud, en la sociedad y en la economía.

Parálisis

De hecho, un dato que dice mucho de la parálisis legislativa ordinaria en España es que el pasado 10 de marzo se cumplió un año desde que la Cámara Baja no aprueba una sola ley nueva.

En ese sentido, la ministra Montero defendió su acelerado proyecto de ley para la libertad sexual que aprobó -no sin polémica- el Consejo de Ministros justo cuando llegaba el virus a trastocarlo todo. La conocida ley del "sólo sí es sí".

Cabe recordar que su llegada a la reunión semanal en Moncloa vino rodeada de polémica por los obstáculos que pusieron la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Justicia ante las inconcreciones e irregularidades jurídicas que advertían en su contenido. Y que todo esto ocurrió en la semana del 8-M, proyecto clave para la imagen del Ejecutivo y cuyo empeño en mantener a toda costa que puede tener consecuencias en los tribunales, según publica este lunes EL ESPAÑOL.

En primera persona

Montero habla siempre en primera persona, "estamos precarizadas, ocupamos empleos invisibilizados, maltratados y mal pagados". Y lo hace en tercera persona cuando habla de "empleos irregulares" o de "mujeres gitanas o de otro origen o condición". Si el secreto está en las palabras, queda claro que ella misma se siente discriminada en su entorno por su condición de mujer... aunque sea por otra mujer, Carmen Calvo.

Carmen Calvo e Irene Montero se abrazan de lejos en la toma de posesión de la ministra de Igualdad. ADP

Y ese poder del que se reviste al hablar como víctima es el que le da la fuerza para sus afirmaciones sin doblez: "Necesitamos una perspectiva de género clara para salir de esta crisis, y hay que trabajarlo juntas para conseguirlo". Y eso es así porque, insistió, "si nos creemos que las políticas públicas que necesitamos para salir de la crisis deben ser neutras, indirectamente estaremos cargando a las mujeres el mayor peso de la crisis".

Es decir, que "perspectiva de género es quitarse la venda de los ojos", porque si no se plica, en su opinión, "estaremos agravando las consecuencias graves de esta crisis". Esto también lo dijo en primera persona y con el verbo en transitivo, con acción, no como consecuencia. "Si queremos cumplir la Constitución hay que aplicar la perspectiva de género", terminó de diagnosticar, "porque las políticas impactan de una manera diferente a hombres y mujeres si no hacemos nada para evitarlo".

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