Unos niños jugando en una imagen de archivo.
Denuncian que el nuevo borrador de la CUME que plantea el Ministerio "recorta derechos" a las familias
La Asociación ASFACUME advierte de que el texto endurece el acceso a la prestación, aumenta la burocracia y amenaza la estabilidad de miles de cuidadores de menores con cáncer u otra enfermedad grave.
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La Asociación de Familias en situación de Cume (ASFACUME) denuncia que el borrador del nuevo marco regulador elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, supone "un recorte de derechos para las familias con menores con enfermedad grave".
El texto del marco regulador de la CUME (Prestación porCuidado de Menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave) "no responde a las necesidades reales de cuidado, sino que introduce cambios que dificultan el acceso y la continuidad de la prestación", tal y como recoge un comunicado de ASFACUME.
La asociación explica que lleva tiempo reclamando una adaptación del RD 1148/2011 porque la gestión actual presenta deficiencias importantes. Sin embargo, considera que el borrador presentado no mejora la situación, sino que la empeora.
A su juicio, el Ministerio ha recogido las demandas planteadas por las familias para utilizarlas en sentido contrario, con medidas que incrementan el control administrativo y reducen la protección.
Mujer de la Cruz Roja acompañando a un menor. EFE
Uno de los puntos que más critica ASFACUME es el aumento de la burocracia. Aunque el borrador plantea renovaciones cada ocho meses, la entidad sostiene que el proceso se vuelve más complejo porque exige que las renovaciones estén firmadas por especialistas ajenos a Atención Primaria.
Esto obliga a aportar informes de inspección médica cada dos años y limita la certificación al sistema público de salud, pese a que muchas familias reciben seguimiento en centros privados igualmente válidos.
La asociación también rechaza que el horario escolar se incorpore como criterio en las solicitudes o renovaciones de la prestación. Considera que ese dato no debería influir en la concesión o no del derecho.
Esto se afirma al considerar que la asistencia al colegio no elimina la necesidad de cuidados, terapias, controles médicos ni desplazamientos constantes por parte de los progenitores. En su opinión, usar la escolarización como referencia abre la puerta a extinciones injustificadas y desconoce la realidad diaria de estas familias.
Otro aspecto central de la denuncia es el enfoque clínico que, según ASFACUME, reduce la prestación a la etiqueta médica de una patología concreta. La asociación sostiene que lo importante no es solo el diagnóstico, sino el nivel real de cuidados continuos, directos y permanentes que necesita cada menor.
Por eso critica que se eliminen o modifiquen patologías sin tener en cuenta la carga total de atención que requieren los niños y niñas, así como la limitación de los cuidados paliativos a la fase final de la vida del paciente.
El comunicado también alerta sobre el impacto sociolaboral de las nuevas medidas. ASFACUME denuncia que se extinguiría la prestación en casos de prácticas formativas no remuneradas por parte del beneficiario o del hijo o hija causante, lo que complicaría todavía más la reincorporación laboral de las familias.
Niños en zonas de pobreza. EFE
Además, rechaza que se elimine la prestación cuando el otro progenitor se encuentre en situación de gran invalidez, incapacidad permanente total o absoluta, o jubilación por enfermedad, porque eso no reduce la necesidad de cuidados, sino que la incrementa.
La entidad añade que el borrador tampoco contempla adecuadamente a las familias con más de un hijo o hija que necesita cuidados continuos, ni a aquellos menores que siguen requiriendo atención más allá de los 26 años. Para ASFACUME, estas omisiones condenan a muchas familias a una situación de exclusión social, laboral y sanitaria.
En conjunto, la asociación interpreta que el borrador pretende masificar la extinción de prestaciones y rebajar el valor social y económico del trabajo de cuidados que realizan estas familias.
Recuerda que su labor evita consultas, hospitalizaciones, situaciones de dependencia y crisis de salud, además de proteger el bienestar y, en muchos casos, la vida de sus hijos e hijas.
Por eso concluye con un mensaje firme: los cuidados no están en venta y no aceptarán que un ministerio que lleva la palabra “inclusión” en su nombre fomente la exclusión efectiva de miles de personas
