Moncloa promete a la familia de Sara Gómez que regulará "las operaciones de estética invasivas"

Cuando Sara Gómez murió a causa de las secuelas de una lipoescultura realizada por un cirujano sin la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, sus familiares, aquel trágico 1 de enero, se conjuraron para promover la denominada 'ley Sara' con un objetivo: acabar con el vacío legal de las clínicas privadas de estética. Iniciaron una campaña de recogida de firmas, una ronda de concentraciones de protesta y se reunieron con todos los partidos de la Asamblea Regional de Murcia, incluso le enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este viernes, la Moncloa respondió a la familia comprometiéndose a abordar la situación de las operaciones de estética invasivas. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la misiva firmada por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, donde se dirige a Rubén: el hermano de Sara Gómez, agente inmobiliaria y madre de dos hijos, que perdió la vida con 39 años.

"Estimado Rubén. Gracias por escribir al presidente del Gobierno para hacerle llegar su testimonio y sus propuestas tras el trágico fallecimiento de su hermana. Le contesto en su nombre".

El director del Gabinete alude en su respuesta a una carta escrita por Rubén. Este guardia civil y pastor evangelista se reunió en febrero con el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, y le entregó la misiva para que la Moncloa tramitase la 'ley Sara' en el Congreso de los Diputados.

A lo largo de tres páginas, Rubén relataba con crudeza a Pedro Sánchez que su hermana "recibió 28 punzadas en órganos vitales", durante una lipoescultura, y 29 días después murió en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Todo ello llevaba a Rubén a solicitar una cosa a Sánchez:

"Iniciar desde el Gobierno de España la elaboración de una ley que venimos llamando 'ley Sara', pero no como un homenaje a nuestra querida Sara, sino más bien para evitar que otra persona, otra joven llena de vida, de luz y de ilusión, quede en la mesa de un quirófano dejando a familiares rotos. Y todo, porque la vigente legislación no es tan clara ni delimitante como debiera ser, permitiendo y no persiguiendo que un médico o cirujano, sin la única especialidad reconocida en España, la de cirugía plástica, reparadora y estética, cometa tal intervención, máxime, sin acreditar cualificación, preparación ni experiencia previa como fue el caso de Sara Gómez".

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"¿Cómo es posible que un médico en España, por el hecho de ser médico, pueda realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica?, ¿Cómo es posible que hayan extraído solo la palabra 'estética' de la única especialidad oficial de 5 años tras el MIR, la de cirugía plástica, reparadora y estética, para con esa palabra sola, 'estética', crear un submundo libre de controles, inspecciones y legislación?"

"Queremos que la muerte de Sara no sea en vano, que las lágrimas nuestras no caigan en saco roto, que tantas noches sin dormir, que ese trágico mes de lucha en la UCI sirva para más que para despedir a Sara y pedirle a Dios cada día por ella, que esos abrazos a nuestra madre o a sus hijos huérfanos sean los últimos por culpa de ese tan oído vacío legal".

Cuatro meses después de aquella carta, Rubén ha recibido una respuesta de la Moncloa que avanza medidas concretas. "En primer lugar, aunque soy consciente de que ninguna palabra es suficiente para mitigar su dolor y el de su familia, le envío mi más sentido pésame por su pérdida. Como gobierno tenemos el compromiso de garantizar el acceso a una asistencia sanitaria segura, de calidad y transparente", tal y como subraya el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López.

La carta de la Moncloa enviada a Rubén, el hermano de Sara Gómez.

"Puede estar seguro de que tomamos buena nota de su propuesta para regular las operaciones de estética invasivas para que solo puedan ser realizadas por médicos con la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora obtenida a través del MIR. De hecho, para evitar tragedias como la que relata, desde el Gobierno estamos desarrollando un registro estatal de profesionales sanitarios. Una vez esté completado, la ciudadanía podrá acceder a perfiles informativos de cada profesional, con sus títulos, su póliza de responsabilidad civil, los centros donde presta servicio o las situaciones disciplinarias".

Este párrafo pone de manifiesto que la respuesta del Gobierno a la familia de Sara no es meramente protocolaria, sino que tiene contenido, ya que avanza actuaciones específicas que supondrán un antes y un después para la actividad de las clínicas estéticas en España. Todo ello, a raíz de un precedente: la muerte de Sara, tras contratar una lipoescultura en un centro privado de Murcia y ser intervenida por un cirujano cardiovascular, especializado, por ejemplo, en varices.

"Confío en que las medidas ya habilitadas y las que pondremos en marcha los meses venideros, impidan que nunca más tengamos que lamentar más víctimas como Sara. Le mando todo nuestro apoyo y un cordial saludo", tal y como concluye la carta.

Silvia Idalia Serrano junto a su pareja, Daniel Poyato.

La respuesta del Gobierno central se ha producido después de que otra joven, Silvia Idalia Serrano, de 34 años, se encuentre debatiéndose entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital de la Paz de Madrid. Silvia ha sido inducida al coma por las complicaciones que sufrió en el postoperatorio de una operación de cirugía estética, que tuvo lugar en un centro privado y que le llevaron a ingresar de urgencia en mayo.

La intervención fue realizada por un médico que ya había sido condenado por negligencia por la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de los daños que le causó a una paciente al hacerle una liposucción y a la que tuvo que indemnizar con 78.085 euros.

Precisamente, en la carta de la Moncloa al hermano de Sara, se avanza la creación de un registro de médicos que le habría permitido a Silvia consultar el historial de su cirujano y conocer que había sido condenado en 2011, antes de meterse con él al quirófano para someterse a una reducción de pecho con liposucción y transferencia a glúteos.

De momento, el juzgado de instrucción número 46 de Madrid ha imputado por lesiones por imprudencia a la clínica y a dos de los médicos del caso de Silvia Idalia Serrano. La muerte de Sara también ha motivado una causa por homicidio por imprudencia profesional en la que se investiga al cirujano cardiovascular que realizó la lipoescultura que le costó la vida y al anestesista. Estas dos causas judiciales son el mejor botón de muestra de la necesidad de regular las operaciones estéticas: un proceso por el que pasan más de 400.000 españoles cada año.