Valencia

La herramienta tan reivindicada por la izquierda de la comisión de investigación es ahora bloqueada por los partidos del Ejecutivo autonómico para analizar la situación de su polémico hospital Covid. El grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts Valencianes tramitó el pasado viernes la constitución de una nueva comisión sobre las graves deficiencias denunciadas en el centro habilitado en la vieja Fe de Valencia. Perolas formaciones del Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra ya advierten que se opondrán.

La propuesta fue presentada el pasado viernes por los diputados Fernando Llopis y Ruth Merino. Su intención es investigar en el parlamento "las posibles irregularidades que se hayan podido producir en el Complejo Sanitario Ernest Lluch de Valencia" -como ahora se denomina el espacio-.

Cs propone esta comisión de investigación "ante las recientes denuncias de personal sanitario, pacientes y familiares sobre las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del complejo". También para analizar "la calidad asistencial de los pacientes ingresados" y "determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse".

La intención de Ciudadanos es que la mesa de Les Corts de este martes acuerde llevar la votación a pleno -probablemente el 26 de marzo-. La formación naranja confía en contar en el hemiciclo con los apoyos de PP y VOX para que se celebre la comisión de investigación.

Pero para lograr la mayoría para constituirla necesitaría que alguno de los tres partidos del Gobierno Valenciano (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos), rompa el habitual voto en bloque. Y no parece que los nacionalistas ni los morados vayan a poner en un aprieto a la socialista Ana Barceló, consellera de Sanidad.

En los tribunales

En efecto, fuentes de Compromís trasladaron este lunes a EL ESPAÑOL que procede esperar a que concluya la investigación abierta sobre el viejo Hospital la Fe. Se trata de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 21 tras dos denuncias presentadas por el Defensor del Paciente y el Partido Popular.

Ambas organizaciones llevaron al juzgado la desgarradora carta anónima de una enfermera del lugar, que fue revelada en exclusiva por este periódico tras contrastar su relato con una decena de sanitarios del propio centro.

Posteriormente, tanto familiares como pacientes directos alertaron del mismo escenario: el de un personal sanitario sobrepasado para la atención de pacientes que en realidad eran graves en un hospital con importantes carencias, como la ausencia de agua caliente o de telefonillos para comunicarse con las enfermeras.

La gravedad de los pacientes que alberga el centro no trascendió hasta la difusión de la estremecedora carta de la enfermera.

"El paciente ha acabado en el suelo muerto y ni nosotros sabíamos cuánto tiempo había estado así". "Tengo pacientes que me han pedido que los matara, porque no podían soportar estar en esas condiciones". "Una gran parte de ellos están atados. La justificación es que están desorientados, se quitan la vía y no damos abasto. Pero ¿Hay algo más inhumano y desolador que sujetar a una persona de las muñecas?", relató la sanitaria.

De leves a graves

Lejos de este escenario de casos graves, la Generalitat Valenciana anunció inicialmente la apertura del centro con el siguiente comunicado oficial emitido el 2 de noviembre: "Sanidad habilita la antigua escuela de enfermería de La Fe para acoger a pacientes leves". Iba a ser un hospital de campaña, como el habilitado junto a la nueva Fe pero aprovechando una estructura en desuso.

"La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha habilitado la antigua escuela de enfermería de La Fe para acoger a pacientes leves. El objetivo, según la directora general de Asistencia Sanitaria, Mariam García Layunta, es 'descongestionar los hospitales de enfermos que no muestren un cuadro clínico complejo', consiguiendo así más capacidad en los centros hospitalarios de la ciudad de Valencia", detalló textualmente la Generalitat, sin ofrecer más detalles sobre el tipo de pacientes.

Posteriormente, Sanidad reconoció que tuvieron lugar 27 muertes durante los primeros dos meses de funcionamiento del centro, entre diciembre de 2020 y enero de 2021. También que el procedimiento de derivación de pacientes contemplaba desde el principio la presencia de pacientes "con dependencia severa para las actividades de la vida diaria o demencia avanzada".

Otra polémica que envuelve al edificio es la del amianto. El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV) advirtió en 2015 de la gran presencia de este material tóxico en el inmueble, que no se encuentra entre los oficialmente "desamiantados" por la conselleria pese a su reapertura.

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