El Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) ha abierto una investigación al asesor de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, que fijó su despacho profesional en la institución en el censo de letrados. El asesor afirmó entonces que sólo lleva asuntos de su formación política.

El Colegio de Abogados quiere aclarar si Perles ha infringido el Estatuto General de la Abogacía, código deontológico por el que se rigen los letrados por hacer uso supuestamente de forma irregular de los recursos públicos de la Diputación de Alicante y ejercer la abogacía privada sin la preceptiva compatibilidad.

Tal y como informó este diario, Perles lleva dos mandatos firmando actuaciones judiciales sin haber solicitado la compatibilidad con su cargo de asesor político. En el mandato anterior pidió un informe sobre su actividad empresarial y ya se le dijo que era necesario solicitar la compatibilidad.

Petición de información

Las diligencias, abiertas por la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados alicantino se produce tras la denuncia del portavoz del Grupo Popular en la Diputación Alicante, Eduardo Dolón. La investigación comienza con la petición de información o nueva documentación a ambas partes.

Según explica el PP en un comunicado el objetivo de las diligencias abiertas es aclarar si el único asesor del diputado nacionalista Gerard Fullana en la institución provincial ha incurrido en algún tipo de infracción deontológica al domiciliar su despacho como letrado privado en una institución pública y por ejercer como abogado privado sin la compatibilidad. Estos hechos, afirma el PP, podrían ser considerados graves según el Estatuto General de la Abogacía.

El Colegio de Abogados insta al grupo popular a trasladar su denuncia ante los tribunales bien por la vía civil o la penal ya que las competencias de este órgano colegiado y sus resoluciones solo afectan a la actuación deontológica de los abogados con la posible sanción disciplinaria de carácter interno.

Por ello, el ICALI informa al portavoz del grupo popular de que, además de la vía deontológica en la que se enmarcan las funciones del Colegio de Abogados, existe una vía judicial “si lo estimara oportuno para exigir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal del letrado en cuestión”.

No es la primera denuncia. El PP ya presentó un escrito ante la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, por las actividades del asesor del portavoz del grupo Compromís en la Diputación. Y es que desde Recursos Humanos se ha acreditado que no solicitó la preceptiva compatibilidad para ejercer la abogacía privada.

La denuncia presentada al Colegio de Abogados adjuntaba documentación con el fin de acreditar en qué actuaciones judiciales Perles ha ejercido como abogado privado, entre ellas, para el Ayuntamiento de Xaló o el BLOC (uno de los partidos que componen Compromís).