Valencia

Entre las operaciones que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón en la nueva causa contra Carlos Fabra se encuentra la compra de una casa para su hija Claudia. Y no una cualquiera: un adosado en la prestigiosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Lo adquirió en 2003 a través de su sociedad Carmacas SL por cerca de 700.000 euros, según se desprende del auto del juez Jacobo Pin.

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Se trata de una vivienda de obra nueva con 546 metros cuadrados de superficie construida y piscina, ubicada en un complejo privado dentro de la urbanización. Así lo acredita la descripción catastral del inmueble consultada por EL ESPAÑOL a partir de la información sobre el mismo recogida en las cuentas anuales que Carmacas SL deposita en el Registro Mercantil.

Al magistrado le resulta extraña la operación de compra de esta vivienda por diferentes razones. Según relata en su auto, Carmacas SL fue inicialmente una sociedad participada al 90% por el expresidente de la Diputación y al 10% por su hijo Borja Fabra. La constituyeron en el año 2000 con un capital social de 3.005,65 euros y el objeto social de prestar “servicios en materia de asesoramiento laboral y de formación para prevención de riesgos laborales”.

Pero en 2003 Carlos Fabra activó un carrusel de movimientos en Carmacas SL que transformaron por completo la sociedad. El 24 de abril de ese año Claudia Fabra se incorporó como apoderada en la empresa, y justo ese mismo día la mercantil adquirió la mencionada vivienda por un importe de 691.173,9 euros. Del total, “480.809,68 euros los retiene la parte compradora para hacer frente al préstamo hipotecario en el que se subroga”, según precisa el auto.

Claudia Fabra, en una imagen promocional de su marca de moda The Hip Tee. EE

Apenas un mes más tarde, “Claudia Fabra Fernández y su marido, Fernando Castro Izuzquiza, suscribieron un contrato de alquiler del inmueble con la mercantil”. Es decir: Carlos Fabra, todavía administrador de la sociedad, le alquiló a su hija la vivienda recién comprada.

Un año más tarde, ya en el mes de marzo de 2004, “Claudia Fabra Fernández compra a su padre Carlos Fabra Carreras el 90% de las participaciones de Carmacas SL”, una operación que coincidió, según subraya el juez “con la apertura de diligencias judiciales contra este último en diciembre de 2003”. El magistrado interpreta que el político se desprendió de esta firma al conocer el inicio del llamado Caso Fabra, por el que terminaría condenado a cuatro años de cárcel.

Traspasada por 130.000 €

Al juez le resultan muy llamativas las cifras del traspaso, materializado por 130.464,90 euros. Desde el punto de vista mercantil le resulta muy caro, pues el capital social de la empresa era de apenas 3.000 euros. Al respecto, Jacobo Pin subraya que se abonaron “1.449,61 euros por participación”, lo que supuso un incremento del valor “en un 4.723% respecto del valor que tuvieron las acciones tras la constitución de la mercantil (30,05 euros de valor nominal cada una), en una sociedad que carecía prácticamente de ingresos externos adjudicables a una actividad mercantil”.

Con el objetivo de esclarecer estos movimientos, Jacobo Pin ha citado como investigados a Claudia Fabra y Fernando Castro, además de al propio Carlos Fabra y a su mujer María Amparo Fernández. Esta última percibió 24.658 euros de Carmacas SL entre febrero de 2007 y julio de 2008 con el concepto de ‘nómina’, si bien el juez duda de que trabajara realmente en la misma.

La nueva causa abierta contra el expresidente de la Diputación de Castellón investiga el origen de los flujos económicos que manejaba el político -que ingresó una media de 19.000 euros mensuales, según el juez- y una presunta ocultación de patrimonio para no atender a su deuda con Hacienda tras su condena en el Caso Fabra. En concreto, se le acusa de los delitos de cohecho, uso de información privilegiada como particular y como funcionario público, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Además de Carlos Fabra, su familia y varios de sus estrechos colaboradores, entre los 27 imputados de la causa se encuentran importantes empresarios de Castellón, tal y como reveló EL ESPAÑOL. Entre ellos, Fernando Roig, presidente de Pamesa y del Villarreal CF; Luis Enrique Batalla Reigada, exadministrador de la promotora Becsa; Enrique Gimeno, presidente de Facsa; o Daniel Vicente Latorre, administrador de Reyval.