Valencia

El Juzgado de Instrucción 4 de Castellón ha reabierto la causa contra Carlos Fabra por la cesión del campo de golf La Coma de Borriol a la familia de Sergio García. La reapertura se produce a petición de la Fiscalía, tal y como informó este miércoles EL ESPAÑOL, a partir de la nueva investigación contra el expresidente de la Diputación de Castellón por una presunta ocultación de patrimonio para no pagar su deuda con Hacienda.

Noticias relacionadas

Fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) quien confirmó este miércoles la reapertura de las diligencias previas 861/2016. En concreto, se retomaron el pasado mes de noviembre “tras el análisis de una serie de operaciones efectuado por la UDEF en un informe presentado en el marco de la otra causa, las diligencias previas 935/2017”.

La causa original partió de una denuncia por delitos societarios interpuesta por dos socios y liquidadores solidarios de Golf del Mediterráneo SA -la firma propietaria del campo- contra nueve miembros del consejo de administración de esa mercantil, entre ellos Carlos Fabra, y la sociedad Golf Borriol SL -la administrada por Victoriano García, padre del golfista, que se quedó la instalación-.

“Los denunciantes referían acuerdos lesivos adoptados por mayorías ficticias en Golf del Mediterráeno SA que habrían permitido a Golf Borriol SL apropiarse de unos terrenos valorados en 9,6 millones de euros, aproximadamente, por solo 425.000 euros”, explicó este miércoles el TSJCV. La cantidad desembolsada, según este análisis, equivale a tan solo el 4,4% del valor de los activos.

El Juzgado acordó el sobreseimiento de la causa en mayo de 2017, decisión que fue confirmada en noviembre de ese mismo año por la Sección Primera de la Audiencia de Castellón. Lo hizo “al no apreciar de las diligencias de instrucción practicadas indicios de la comisión de los delitos denunciados, decisiones abusivas o perjudiciales para Golf del Mediterráneo SA, ni que los acuerdos del consejo se adoptaran por medios o procedimientos ilícitos mediante mayorías ficticias”.

Diligencias de la UDEF

Pero el juez instructor Jacobo Pin ha decidido reabrir la causa “con un plazo de investigación inicial de 12 meses para la práctica de diligencias de investigación solicitadas por la UDEF relativas a diferentes cuentas bancarias, participaciones sociales en sociedades y transferencias de dinero”.

En concreto, según desliza el propio magistrado en el auto de la nueva causa contra Carlos Fabra, en 2009 se produjo un préstamo de Victoriano García y María Consuelo Fernández, padres del deportista, al conocido político de Castellón. El importe fue de 100.000 euros que el dirigente cobró mediante un cheque el 13 de octubre de ese año, según el auto.

El juzgado requirió a Victoriano y a María Consuelo “acreditar el motivo y documentación justificativa en relación al cheque de 100.000 euros”, y estos le remitieron copia del préstamo y del cheque. Al respecto, el juez advierte de que su devolución no ha sido acreditada.

“En dicho contrato se observa que el plazo de amortización se fijaba en un máximo de seis años, es decir, hasta el 15 de octubre de 2015, no dando cuenta de si el préstamo fue devuelto y en qué forma o, en caso contrario, del motivo que justifica la exención de la devolución si no se ha efectuado reintegro -pese a que el requerimiento incluía dicha petición expresa-”, relata el magistrado.

Borja Fabra

A su vez, el auto se interesa por la transferencia de 30.000 euros por parte de Golf Borriol SL a Borja Fabra, hijo del político. Se trata de la sociedad con la que la familia de Sergio García asumió la instalación deportiva.

Esta firma, administrada por Victoriano García, explicó al juez que el pago de 30.000 euros se realizó para saldar una deuda de la Asociación Deportiva Club de Campo del Mediterráneo -la anterior gestora del campo de golf- que esta tenía con el propio Borja Fabra.

En concreto, la familia de Sergio García la enmarca “en el seno del acuerdo de adjudicación de bienes y créditos en pago de asunción de deudas firmado el 29 de noviembre de 2013” -fecha en la que se produjo la cesión del campo de golf-.

Por último, el auto investiga también otro pago por parte de Golf Borriol SL, en este caso a favor de Carlos Fabra. El juez, que no precisa en su escrito la cantidad, explica que, según la justificación que dio la empresa, correspondió a “parte del precio de las 24 acciones de la mercantil Pozo Romeral SA”.

La cesión del campo de golf consistió en un largo contrato de alquiler por un total de 10 años materializado por Golf del Mediterráneo SA, la sociedad propietaria de los activos que presidida por Carlos Fabra.