Familiares y víctimas del accidente de Adamuz durante la manifestación convocada en Huelva

Familiares y víctimas del accidente de Adamuz durante la manifestación convocada en Huelva

Andalucía

Víctimas de Adamuz critican "la gestión sanitaria" del accidente y piden una "exhaustiva investigación"

Trasladan la denuncia ante la CIAF, el Defensor del Pueblo Andaluz y ante el Juzgado de Montoro que investiga las causas del siniestro.

Más información: La CIAF arrincona a Adif: le pregunta cómo actúa ante las roturas para averiguar por qué no hizo nada en Adamuz

Publicada
Actualizada

Las claves

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz denuncia graves deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión sanitaria y coordinación de emergencias durante el accidente.

El colectivo exige una exhaustiva investigación para depurar responsabilidades políticas y jurídicas, señalando confusión y fallos en los protocolos básicos de comunicación entre servicios de emergencia.

La asociación destaca que el personal sanitario tuvo que gestionar la emergencia con medios precarios, incluso usando papel y lápiz y teléfonos particulares, debido al bloqueo del sistema informático.

Solicitan la revisión urgente del sistema de gestión y la entrega de toda la documentación sobre los hechos para mejorar la atención en futuras situaciones críticas.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha expresado su profunda preocupación por "las deficiencias" y "presuntas irregularidades" en la coordinación a nivel estatal y andaluz de los servicios de emergencia durante la noche del accidente.

Y lo ha hecho en un escrito formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. También lo harán ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el Defensor del Pueblo Andaluz y ante el Juzgado de Montoro (Córdoba), encargado de investigar las causas del siniestro.

A través de su representante legal, el abogado Antonio Benítez Ostos, la organización reclama "una exhaustiva investigación" de los hechos y exige que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas al respecto".

Considera que, de confirmarse estos hechos, "sería una posible y manifiesta responsabilidad patrimonial por una función anormal de la Administración Pública, entre otros posibles reproches jurídicos".

En este sentido, se hace eco del informe de la Guardia Civil recibido. El mismo destaca que el estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias, a nivel andaluz y estatal, se comprueba que "existió una importante confusión inicial".

Todo ello, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose, en un principio, todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo.

"Y las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo", continúa el escrito.

Bloqueo del sistema informático

Además, según se recoge en el texto, el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que "atender el accidente ferroviario Adamuz 'con papel y lápiz' debido al bloqueo del sistema informático".

También que el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba "tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112", tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente.

Sí defienden desde el colectivo que al colectivo de profesionales. "Solo su actuación, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos", poniendo el foco en "la gravedad de la situación vivida durante una emergencia de gran magnitud".

Además, el escrito incide en que estos problemas "no son nuevos", ya que "gestores telefónicos, técnicos de sistemas y coordinadores médicos de todas las provincias andaluzas sufren múltiples carencias y deficiencias desde la implantación del sistema actual".

Una situación que, según señalan desde la asociación, "ha sido denunciada en numerosas ocasiones sin obtener respuesta".

Las críticas se basan en "fuentes próximas al operativo de rescate", quienes han asegurado públicamente que la información sobre el siniestro "no fluyó correctamente" entre la central de la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) y el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia de Córdoba.

Los protocolos básicos

Teniendo en cuenta esta versión de los hechos, "no se habrían cumplido protocolos básicos en la comunicación de la emergencia", por ejemplo, "indicar cuántos focos de siniestro y dónde estaban".

El letrado, director de Administrativando Abogados, expone que el protocolo de comunicación de emergencias del 112 español establece un procedimiento de entrevista con la que el operador telefónico requiere al alertante siete detalles.

Entre ellas, la ubicación, qué ha pasado, número de víctimas, síntomas que ve en los heridos, qué ha hecho ya con ellos, qué peligros hay en la zona (fuego, gas...) y nombre y teléfono por si se pierde el contacto.

Al respecto, señalan que se trata de una versión civil de la sistémica comunicación 'Nueve Líneas' que el Ejército tiene reglada en las Medeva (Evacuaciones Médicas), según formato OTAN.

Las fuentes próximas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente, según recoge el escrito, que esos datos sobre número y estado de víctimas "se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia, 43 minutos después del accidente".

La entidad subraya que "es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya podido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad".

Consideran que, "si los anteriores protocolos no hubiesen fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiesen sido menores".

Por último, la asociación recuerda que la protección de la salud y su correcta prestación es "un derecho constitucional expresamente reconocido en el artículo 43 de la Carta Magna que ha de ponerse en directa conexión con el derecho fundamental a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra norma suprema".

Por todo ello, la asociación solicita "la inmediata revisión del plan de actuación y la corrección urgente de las deficiencias del sistema de gestión".

Todo ello con el objetivo de que los centros coordinadores del 061 y 112 "cuenten con un soporte aplicativo adecuado para garantizar la atención a la ciudadanía en situaciones críticas".

Por todo ello, solicitan la entrega de un informe detallado y de toda la documentación e información existente acerca de "lo realmente acaecido" en relación con los hechos, además de que "se lleve a cabo una exhaustiva investigación de lo sucedido y se depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas al respecto".