La UCO detiene a Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía acusado de delito urbanístico

La Unidad Central Operativa (UCO), ha detenido a Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía.

Pineda está acusado de un posible delito urbanístico tras la venta de una parcela pública con la que, creen los investigadores, podría haberse lucrado de forma irregular.

La parcela en cuestión, señalan fuentes de la investigación, se compró por 1,7 millones de euros. La compra una sociedad en la que está O. P., la mujer de Pineda.

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Ese mismo terreno se vende a los cinco meses. Y lo hacen por 3,9 millones de euros. Casi el doble en menos de medio año.

Además de Pineda, confirman fuentes de la investigación, los agentes han detenido a su mujer y la operación, añaden, está abierta.

Investigación

Pineda estaba bajo la lupa de la UCO hace tiempo. Ya en el pasado mes de noviembre agentes de dicha unidad se personaron en la Delegación del Gobierno, donde el ahora detenido trabajó hasta 2025 para revisar todo el correo electrónico del susodicho.

¿Qué buscaban los agentes? Pruebas de que Pineda, junto con su mujer y un trabajador de la empresa pública de vivienda de Sevilla -Emvisesa- se habrían presuntamente lucrado con la venta de una parcela municipal.

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La instrucción la lleva el Juzgado número 10 de Sevilla. La investigación indaga si Pineda pudo cometer delitos de tráfico de influencias, así como de corrupción en los negocios mediante favores a un empresario.

Es justamente ese empresario el que habría cometido los delitos de blanqueo de capitales relacionados presuntamente con el narcotráfico.

Emvisesa

El Ayuntamiento de Sevilla abrió el pasado noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto tras constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso "desierto y continuado" de la parcela.

También, señalan de su venta posterior. Además, indican fuentes de la investigación, habría recibido "más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal".

El informe en cuestión está centrado en una parcela de Pino Montano que se quedó "numerosos años desierta" durante la época del alcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que "era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esos terrenos, y así lo reconoce la UCO", tal como señalaba entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Inquilinos

El edil recordaba que cuando vieron el "lastre" de esa parcela se hizo una tasación que "bajaba" porque había unos inquilinos en la misma "y la venta estaba sujeta a aquellos".

"Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso", añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre una vez que se levantó el secreto de las actuaciones.

José Luis Sanz

Al hilo de esta cuestión, el alcalde, José Luis Sanz (PP), destacaba que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital "solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial". "Quizás estaban más preocupados de otros temas que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban", recuerda Europa Press.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad".