El Estado deniega la eutanasia a la mayoría de los andaluces que lo piden: en 2024 solo se concedió a 4 de cada 10

Seis de cada diez peticiones de eutanasia que se hacen en Andalucía se deniegan. Así lo señalan los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que indican que el año pasado se concedió permiso para 30 de los 72 andaluces que lo pidieron.

Eso supone, señalan las mismas fuentes, que el Gobierno dio 'luz verde' solo a cuatro de cada diez personas que pidieron acabar con su vida.

Cabe recordar que, para pedir la eutanasia, hay que cumplir una serie de requisitos: se debe ser mayor de edad y poder tomar decisiones, español o vivir y estar empadronado en España desde al menos un año antes, padecer enfermedad grave o incurable y sufrimiento constante.

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Se debe, además, pedir el mano dos veces con 15 días de diferencia, de modo que haya tiempo a pensarlo mejor, así como demostrar que, cuando se repite la petición, se mantiene la capacidad de decidir.

Aunque el Ministerio de Sanidad solo concedió cuatro de cada diez peticiones en Andalucía, la cifra supone doblar la cantidad que se concedió el año pasado, que fue un 20 por ciento menor. según recoge el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir.

Eutanasia

Andalucía, primera comunidad de España por población, no es sin embargo la región donde más peticiones de eutanasia se registran. De hecho, es la cuarta, según datos del Ministerio de Sanidad.

Así, en Andalucía se dieron 72 peticiones para acabar con la propia vida, lo que supone un 7,7 por ciento del total de España, la cuarta posición. La comunidad, además, reúne el 7 por ciento de peticiones concedidas en el país.

De esta forma, la comunidad que más eutanasias pidió el año pasado fue Cataluña con 303, de las que se aceptaron 142; seguida de Madrid con 129 solicitudes, se aceptaron 62; País Vasco, con 75 y se aceptaron 50; en cuarto lugar figura Andalucía con 72 y se aceptaron 30; Canarias, 52 planteadas y se aceptaron 25; Islas Baleares, con 48 y 17; Castilla y León, 40 y 15; Asturias, con 34 peticiones y se aceptaron seis).

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Junto a estas, Galicia (34, se aceptaron 16), Comunidad Valenciana (31, se aceptaron 16), Castilla-La Mancha (26, se aceptaron ocho), Navarra (23, se aceptaron 14), Aragón (22, se aceptaron ocho), Cantabria (13, se aceptaron tres), La Rioja (nueve, se aceptaron seis), Murcia (nueve, se aceptaron cuatro), Extremadura (ocho, se aceptaron cuatro), Melilla (uno, no se aceptó). Ceuta no registró ninguna solicitud.

Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado 2.432 solicitudes: 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en el año 2024, lo que supone un incremento total del 437%. Solo en 2024, se registraron en total 905 nuevas solicitudes de eutanasia.

En lo relativo a los procesos finalizados el año pasado, que incluyen 803 solicitudes presentadas y resueltas en 2024 y 126 iniciadas en años anteriores, 141 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15,18%), 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,81%) y 308 fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%).

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Las instancias evaluadoras emitieron 157 informes desfavorables a solicitudes de eutanasia, teniendo en cuenta que puede haber más de un informe por solicitud o proceso. De estos, 75 fueron objeto de reclamación.

Finalmente, 20 de esas reclamaciones fueron estimadas por la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), permitiendo que estos casos se aprobaran como prestaciones.

Pero, ¿quién pide la eutanasia? El retrato robot es de una persona mayor de 80 años con problemas neurológicos y oncológicos.

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Según los datos estadísticos que maneja el Ministerio de Sanidad, el perfil del paciente tipo que solicita la eutanasia es, en el 75,89 por ciento pacientes mayores de 60 años.

En concreto, 202 se sitúan entre 60 y 69 años; 245, entre 70 y 79 años; y 258, en una edad superior a los 80. Por su parte, 131 solicitudes corresponden a personas de entre 50 y 59 años; 56, entre 40 y 49 años; 27, entre 30 y 39 años; y 10 tenían menos de 30 años en el momento de la solicitud.

Los datos del último balance sobre la prestación de ayuda para morir en 2024 dibujan un perfil cada vez más definido de los solicitantes y del funcionamiento del procedimiento.

Las patologías de base más habituales entre quienes accedieron a este derecho fueron las enfermedades neurológicas, presentes en el 32,51% de los casos, y las oncológicos, que representaron el 29,71%. Entre ambas concentraron más de seis de cada diez situaciones atendidas.

Plena capacidad

A lo largo del año pasado se cerraron 929 procesos. De ellos, 534 correspondieron a personas que mantenían plena capacidad de decisión en el momento de la solicitud, mientras que en 51 casos el procedimiento se apoyó en documentos de instrucciones previas firmados cuando los pacientes aún conservaban dicha capacidad.

El peso del procedimiento ha recaído mayoritariamente en la Atención Primaria. La Medicina de Familia fue la especialidad que más solicitudes tramitó, con 595 procesos, lo que equivale al 64% del total. Muy por detrás se situaron Oncología, con 66 expedientes, Neurología, con 60, Medicina Interna, con 33, y Geriatría, con 27.

En cuanto al lugar en el que se llevaron a cabo las prestaciones, algo más de la mitad se realizaron en hospitales (51,64%).

En casa

El domicilio del paciente fue el segundo entorno más frecuente, con el 37,79% de los casos, mientras que los centros sociosanitarios, fundamentalmente residencias, concentraron el 10,56%. La inmensa mayoría de las actuaciones se desarrollaron dentro del sistema sanitario público, con solo 14 prestaciones en centros privados o concertados, el 3,29% del total.

Uno de los aspectos más señalados del informe es el aumento de los plazos. El tiempo medio entre la solicitud inicial y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación fue de casi 53 días.

Si se tiene en cuenta todo el proceso, desde la primera solicitud hasta la realización efectiva de la prestación, el promedio ascendió a 82,65 días, más de 15 días por encima de la media registrada en 2023.

En algo más de uno de cada diez casos, 117 en total, el médico responsable decidió acortar el intervalo entre la primera y la segunda solicitud ante el riesgo de que el paciente perdiera de forma inminente su capacidad para decidir.