Andalucía perdería hasta 2.000M€ al año con el modelo de financiación catalán: "Es darle más a los más ricos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuesta en 2025 por la ordinalidad en el nuevo modelo de financiación para Cataluña, territorio al que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce particularidades que, de facto, suponen más dinero para esa región.

Sin embargo, en 2018, cuando era consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz, desde Andalucía, se oponía de forma frontal a esta forma de financiación. "Donde dije Diego..." señalan fuentes del actual Gobierno andaluz, que recuerdan el texto que Montero apoyó y votó en el Parlamento regional.

"El Parlamento de Andalucía considera que el criterio de ordinalidad (...) puede poner en peligro el principio de equidad. Además, en ningún caso puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto", decía el texto que apoyó María Jesús Montero y todo el PSOE andaluz.

Choca esa postura de forma frontal, afean desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, con lo que Montero pacta ahora con los independentistas, con quienes sí que recupera ese criterio de reparto de los fondos públicos.

Pero, ¿qué significa el principio de ordinalidad? Se refiere al criterio que fija que si una comunidad es la número 1 de España recaudando impuestos, debe ser la número 1 de España recibiendo fondos de esos impuestos.

Por barrios

Fuentes del Gobierno andaluz explican a EL ESPAÑOL que lo malvado de ese criterio se ve mejor cuando se habla de barrios. Ponen de ejemplo Sevilla.

"Como los ciudadanos de Los Remedios, una zona acomodada de Sevilla, pagan más IBI que los que viven en Cerro Amate, una zona más humilde, deben tener mejores servicios y más derechos por parte del Ayuntamiento de Sevilla. ¿A que no tiene sentido? No es razonable, nadie lo plantearía en los barrios de una ciudad, pero sin embargo el PSOE lo dice para las comunidades autónomas", señalan.

Lo explicó la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, este martes cuando reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de pagar ya "la fiesta al independentismo" catalán con fondos públicos.

Para España, la ordinalidad como criterio de financiación de los territorios es "un nuevo agravio a Andalucía" de María Jesús Montero. "Quiere decir que las comunidades más ricas van a tener más recursos en detrimento de las comunidades menos ricas, como es el caso de Andalucía".

Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno son igual de claros: "Los impuestos no lo pagan los territorios, lo pagan las personas, de modo que lo recauda Cataluña o Andalucía no es de Cataluña o Andalucía sino de España".

Bajo este criterio del Gobierno andaluz, la propuesta que prefiere ahora Montero para Cataluña, supone "darle más a los más ricos". "Es romper el principio de justicia y redistribución, hay que garantizar los mismos servicios y derechos en toda España, no solo en Cataluña", señalan.

La consejera andaluza de Hacienda afea a Montero que ahora "se vende a Cataluña antes que trabajar y entregarse a Andalucía" y que, frente a eso, la Junta prefiere un modelo de financiación que fije la población como criterio de reparto de los fondos públicos.

Porque, señalan desde el Gobierno andaluz, con el modelo que pretende Montero, la comunidad perdería cerca de 2.000 millones de euros al año.

Serían, indican desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, desde 1.300 millones de euros menos los que recibiría Andalucía si se mira la proyección hecha por población ajustada, a casi 2.000 millones si se habla de población de derecho.

Desde el Gobierno andaluz prefieren ir a una media de los dos cálculos y toman como referencia las cuentas de Fedea, quienes establecen que Andalucía perdería cada año hasta 1.527 millones de euros. Esa es la infrafinanciación que sufre la comunidad según un órgano externo a la Junta.

Desde la Junta son conscientes de que si el modelo de población se impusiese -algo que puede ser así para las demás comunidades, pero es poco probable ya para Cataluña, indican- habría que aplicar criterios de ponderación.

¿Qué quiere decir eso? Que no se tomaría solo la cifra de habitantes. Habría que ponderar, por ejemplo, con habitantes mayores de 65 años, menores de 5, dependientes... Criterios que hacen que sea más costoso prestar los servicios públicos.

Fuentes del Gobierno andaluz reconocen que, por ejemplo, Castilla y León y Castilla-La Mancha pedirán que un criterio de ponderación sea la dispersión poblacional. Es una peculiaridad de sus territorios. Otras comunidades plantean otros.

"Pero todas apostamos porque no se rompa la caja común, que no se pierda la igualdad, que es lo que haría la ordinalidad", añaden.