Mariano Rajoy, en la reciente convención del PP en Madrid.

Mariano Rajoy, en la reciente convención del PP en Madrid.

España CAJA B

La comisión sobre la 'caja B' del PP colapsa tras negarse el PSOE a prorrogarla

La mayoría que echó a Rajoy de Moncloa, incapaz de explicar por qué. La comisión sobre la caja b del PP se cierra sin acuerdo sobre sus conclusiones ni legado. 

Comenzó en mayo de 2017 y fue el embrión de la mayoría de la moción de censura. PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, juntos contra el PP por corrupción. En el Congreso de los Diputados se creó la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Por allí han desfilado un total de 40 comparecientes, entre los que se encuentran el expresidente del PP José María Aznar, numerosos cargos del partido en diferentes épocas, como Ángel Acebes o Esperanza Aguirre, el extesorero Luis Bárcenas y hasta periodistas como Pedro J. Ramírez, exdirector de El Mundo y en la actualidad de EL ESPAÑOL o Javier Moreno, exdirector de El País. Más de cien horas de investigación. 

¿Para qué? Para nada. Al menos, no para aprobar unas conclusiones que acabaran siendo la opinión del Congreso de los Diputados sobre si el PP se financió ilegalmente, que era el propósito con el que se creó el órgano.

El PP cantó victoria. "Estamos encantados de que no se hayan podido poner de acuerdo para acusarnos de algo de lo que no tienen derecho a acusarnos", dijo Beatriz Escudero, diputada de la formación.

La mayoría de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy no fue capaz de acordar un relato político sobre el porqué. Este martes, el PSOE y Ciudadanos se presentaron en la comisión que dirige el diputado Pedro Quevedo (Nueva Canarias) con dos propuestas de conclusiones. En ambas se decía que el PP se financió irregularmente a través de una caja b. 

No llegaron a votarse. El motivo fue el pacto al que PP y PSOE llegaron hace dos semanas para evitar que Rajoy declarase en el órgano. En paralelo, en el Senado el PP desistía de forzar a Sánchez a hacer lo propio por su tesis doctoral. Ambos partidos habían insistido mucho en la petición de responsabilidades, pero una anuló a la otra para enfado monumental de Ciudadanos y Unidos Podemos. 

Este martes, Ciudadanos propuso que las conclusiones de la comisión requiriesen al próximo Congreso de los Diputados, que nacerá de las elecciones del 28 de abril, reabrir la comisión para citar a Rajoy, entre otros. Unidos Podemos apoyó la iniciativa. Al ser votada, naufragó. PP, PSOE, PNV y Nueva Canarias se opusieron a dar continuidad a la comisión una vez se disuelvan las Cortes, el próximo lunes. 

La siguiente votación fue sobre si debía elaborarse un dictamen conjunto de conclusiones como punto final a la comisión. El PP votó que no. PSOE, PNV y Nueva Canarias votaron a favor. Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y EH Bildu no participaron en la votación. ¿Conclusión? Que no hay conclusiones y el trabajo de casi dos años no llega a puerto. 

"El bipartidismo se pelea mucho en tribuna pero todo lo que sea para evitar la regeneración lo cuelan por la puerta de atrás", dijo Patricia Reyes, de Ciudadanos. 

El razonamiento del PSOE es diferente. Cuando pactaron con el PP salvar a Rajoy de comparecer, los socialistas adujeron falta de tiempo. O se citaba al expresidente popular o se elaboraban las conclusiones. No citar a Rajoy y negarse a que compareciese en la próxima legislatura ha logrado precisamente que no haya texto definitivo. El PSOE cargó contra Ciudadanos y Podemos por blanquear a Rajoy. 

"Creo que está claro que el PP robó. Creo que está claro que el PP se llevó dinero a paladas", dijo Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso. 

Según las conclusiones del PSOE, el PP urdió "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, con el objeto de financiar irregularmente los gastos ordinarios electorales del partido y de abonar sustanciosos sobresueldos a sus dirigentes".

"Existía una contabilidad paralela en el seno del Partido Popular", dice el de Ciudadanos, y "operaba como un mecanismo a través del cual se percibían donaciones por parte de empresas afines al Partido que se beneficiaban de las licitaciones llevadas a cabo en las administraciones gobernadas por el Partido Popular, y que escapaban de esta forma a cualquier tipo de fiscalización".