El secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra, aprovechó su visita a España para reunirse con ENCLAVE ODS. La institución que él representa es un tribunal de las Américas centrado en asuntos relativos a los DD.HH. Su origen se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos (1978) y tiene competencia sobre 20 de los 35 estados que componen la Convención. Su equivalente en Europa sería, en esencia, el Tribunal de Estrasburgo.

La mayoría de los países sobre los que la Corte tiene competencias, explica Saavedra, son latinoamericanos, con excepciones de algunos del Caribe, como Barbados, Haití o República Dominicana. “También hay Estados latinoamericanos que lo abandonaron, como Venezuela, que se fue hace ya unos seis años”.

Conviene diferenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana con sede en Washington (Estados Unidos). La primera tiene sede en San José (Costa Rica). Además, la segunda tiene unos cometidos mucho más amplios que los de la Corte, como la función de monitoreo sobre la situación de los 35 países que engloba y la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos.

También aborda asuntos que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, relativos al colectivo LGTBi o a las mujeres. Además, explica Saavedra, tiene una importante tarea en la promoción de derechos humanos y otra de sus funciones consiste, precisamente, en llevar las denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los retos de América Latina

Saavedra se adelanta a las preguntas de ENCLAVE ODS y nos explica las cinco grandes áreas sobre las que se centra el trabajo de la Corte actualmente. La primera, explica, es que aborda los grandes casos de violaciones de derechos humanos en América. “Que se sigan produciendo desapariciones forzosas, ejecuciones, masacres, torturas y todo lo relacionado con las leyes de amnistía constituyen una de las principales líneas jurisprudenciales".

El segundo asunto lo componen los temas relacionados con los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las comunidades indígenas, las personas migrantes o refugiadas. También abordan la discriminación sobre la comunidad LGTBi, la discapacidad o la pobreza –especialmente la infantil– y la responsabilidad social del Estado.

"La idea es evitar la erosión de la democracia"

La consolidación del Estado de derecho y las democracias constituyen una tercera área de acción: desde la Corte tratan todos los asuntos relativos a la libertad de expresión e información pública, independencia judicial, elecciones presidenciales. En esencia: todo lo que son derechos políticos. “La idea es evitar la erosión de la democracia y defender el Estado de derecho”.

Saavedra explica que los derechos económicos y sociales (DESC) son un tema nuevo que comienzan a abordar poco a poco. “Hay cuestiones de discriminación y pobreza, de pensiones, salud, educación, trabajo digno…”, explica el secretario de la Corte.

La última gran cuestión que abordan es de la reparación integral. Cuando se producen violaciones de derechos humanos, muchos estados consideran que los daños se reparan pagando una cantidad de dinero. “Ejecuto, mato, desaparece algo, pongo dinero y ya sería suficiente. Pero la Corte va más allá”, explica.

Pablo Saavedra.

"La Corte trata de reparar, pero no sólo con dinero: se ha enfocado en desarrollar el concepto de reparación integral, que tiene diferente magnitud, ya que aborda la indemnización económica, pero también la restitución, el cuidado de la salud, las reparaciones por satisfacción como pedir un perdón público, poner un monumento, elaborar un libro, y todo con el objetivo de crear una conciencia pública y un deber de justicia penal que acabe con la impunidad. Por ejemplo, una sentencia de la Corte llevó a Chile por una sentencia a una reforma constitucional que tenía que ver con un tema de libertad de expresión".

¿Cómo funciona la Corte?

Si bien la Corte es un tribunal de derechos humanos, a diferencia de Europa, el individuo no tiene un acceso directo. Primero, el interesado debe agotar los recursos propios del Estado ante o contra el que quiera presentar la denuncia. Si el asunto no se consigue resolver a través de los tribunales de justicia o si la propia decisión jurídica crea una violación de derechos humanos, existe la posibilidad de acudir a los órganos internacionales, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Con la Corte lo que se amplía es el horizonte de acceso a la justicia, que ya no termina en la jurisdicción nacional, sino que existe una posibilidad más”.

Entonces el denunciante debe ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión considera que existe violación y el Estado no cumple con las recomendaciones que esta emita, la propia Comisión lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en esta intervienen otras tres partes: la Comisión Interamericana, las víctimas que tienen plena autonomía y el Estado demandado.

"Hemos aceptado la violencia en nuestras vidas"

Una vez la Corte dicta sentencia, vuelve a manifestarse una diferencia respecto al sistema europeo. En Europa, el Consejo de Ministros es el encargado de supervisar que se cumpla la resolución. Sin embargo, en el sistema interamericano, es la propia Corte la que supervisa que se cumpla. 

Para ello, tiene diferentes mecanismos. Uno de ellos consiste en que las víctimas emitan un informe a la Corte a través de reportes que contemplen cómo se están cumpliendo con las decisiones. También se hacen visitas para supervisar el cumplimiento en el propio terreno. “Esto se hace, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas que se invaden”.

Pobreza, desigualdad y violencia

El secretario de la Corte explica que la situación es complicada en materia de derechos humanos. “No estamos en la América de antaño, con dictaduras y guerras civiles. En este sentido ha habido un avance. Pero la pobreza, la desigualdad y la violencia están en el día a día de nuestra región y algunos estados tienen un problema democrático importante”.

Apunta que en América hay una tolerancia muy alta a la violencia. “Creo que es algo muy cultural. Colombia firma un acuerdo de paz y hay más muertos que en la guerra, pero tampoco debemos olvidar que hemos vivido épocas tan duras que la gente se acostumbra a un modo de vida así como algo normal. Es un tema muy complicado: hemos aceptado la violencia en nuestras vidas”.

Pablo Saavedra.

Para acabar con estos problemas, el secretario considera que hay que empezar por educar a los niños enseñándoles cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones, pero también señala que hay que tomar el tema como motor para la vida y fortalecer las democracias y el pluralismo.

Las consecuencias de la pandemia

El secretario de la Corte Interamericana de DD.HH. también explica cómo ha afectado la pandemia a la situación de los derechos humanos. Según él, todavía no son capaces de dimensionar todas las consecuencias ni la magnitud que va a tener.

"Cuando creas una sensación de miedo en la sociedad la gente se asusta y ante el susto se pueden cometer atropellos"

El experto considera que en América la pobreza va a aumentar, así como la volatilidad del empleo. “Por otro lado, afecta a la forma en que se está imponiendo una nueva realidad con restricciones de libertades que ya aceptamos. También se crea un miedo colectivo, y cuando creas una sensación de miedo en la sociedad la gente se asusta. Ante el miedo se pueden cometer atropellos porque la gente está más dispuesta a ceder en sus derechos, y si cedes derechos estos no se vuelven a recuperar”.

Sobre la mujer, Saavedra cita datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que dicen que, como ellas tienen que abandonar su trabajo, se ha producido un retroceso en igualdad equivalente a 10 años. Y aún están midiendo el impacto de la brecha que se va a producir en la educación de los niños que no han tenido acceso a la educación por un año o ha sido deficiente. “Todavía no somos capaces de medir todo el impacto”.