El riesgo de apagones en los países comunitarios se hace cada vez más real. Francia estudia cortar la luz de manera puntual en enero ante la escasez de energía y Alemania planea realizar cortes de unos 90 minutos.

Una abstinencia de luz que puede contagiarse a otros países europeos como Finlandia, Irlanda o Grecia, donde estos últimos meses se ha ido produciendo una oleada de avisos acerca del invierno especialmente difícil que se avecina. España, de momento, se escapa.

Los aumentos sin precedentes de los precios de la luz y el gas a raíz de la guerra de Ucrania o la inflación que está haciendo imposible asumir los precios de la cesta de la compra amenazan cada vez con más fuerza la estabilidad social y económica de los estados comunitarios. Motivo por el que la Unión Europea ha decidido dar un paso más y no solo ahorrar energía, sino impulsar su producción. 

Tras la propuesta adoptada por la Comisión en mayo de este año –bajo el nombre de REPowerEU– para acelerar la transición ecológica hacia energías renovables y el aumento de la eficiencia energética, la UE debate hoy la aprobación de un nuevo reglamento para un gran despliegue de las energías renovables.

Desde Bruselas consideran que “la situación de la crisis ha empeorado” y que “hay que tomar medidas urgentes”. Auguran que acontecimientos imprevisibles como el sabotaje de gasoductos “pueden seguir perturbando nuestra seguridad de suministro”, por lo que “es necesario un despliegue más rápido de energías renovables para poner fin definitivamente a la emergencia actual”.

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Lo que supone el nuevo reglamento –que no requiere ningún esfuerzo adicional a nivel presupuestario– son sobre todo medidas para simplificar los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones a proyectos de energías renovables.

Según el último informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), esta es la principal barrera a la que se enfrentan los países más avanzados, que, en general, acostumbran a enfrentarse a largos periodos para la obtención de permisos ‘verdes’.

Con la nueva medida, los tiempos máximos de autorización pasan a ser de un mes para nuevas instalaciones y de seis meses para la concesión de permisos para la repotenciación de proyectos de energías renovables. Como señalan desde Bruselas, se calcula que, entre 2021 y 2025, un total de 38 gigavatios de capacidad eólica terrestre llegarán al final de su vida útil normal de 20 años. Esto “daría lugar a una reducción sustancial de la capacidad de energía renovable actualmente instalada” y “complicaría aún más la situación del mercado de la energía”.

Se trata de una medida “extraordinaria” y “aplicable durante un tiempo limitado” de un año, como indica el texto de la UE. Por lo urgente de la propuesta, el reglamento entraría en vigor “con carácter de urgencia” al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Asimismo, aunque su validez es de un año, incluye una cláusula de reexamen que permite su ampliación en caso necesario. Esta revisión tendría lugar el 1 de julio de 2023, cuando se tendrá en cuenta la evolución de la seguridad del suministro, los precios de la energía y la necesidad o no de acelerar aún más el despliegue de renovables.

Imagen de archivo de un operario de placas fotovoltaicas. Europa Press

¿Desde dónde partimos?

Antes de la guerra de Ucrania, las acciones de mitigación y lucha contra el cambio climático ya apretaban las tuercas para dejar a un lado los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Tanto que en España, en 2021, hasta el 46,7% de la electricidad se generó a partir de energías limpias. 

A nivel estatal, las cifras de este año alcanzan el 41,3%, porque se ven alteradas por la cantidad de energía que se ha exportado este verano a Francia. En lo que respecta a la UE, las renovables han experimentado un crecimiento récord desde el inicio de la guerra de Ucrania.

La eólica y la solar generaron un récord del 24% de la electricidad de la UE de marzo a septiembre de este año (345 teravatios hora), un 3% más con respecto al mismo período de hace un año. La invasión rusa ha terminado por provocar el coletazo final de los combustibles fósiles para avanzar hacia la descarbonización de las economías.

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Según prevé el último informe de la AIE, las energías limpias pueden llegar a superar al carbón a principios de 2025 como la mayor fuente de electricidad. Y es que se espera que, al ritmo actual –y tras decisiones como las emprendidas por la UE–, las renovables se duplicarán en 2027, con lo que se sumaría en los próximos cinco años el equivalente a la energía producida por las energías limpias de las últimas dos décadas.

La eterna pugna entre acelerar o frenar 

Ante todo este enorme despliegue muchos se preguntan cómo pueden formar parte de este nuevo boom del ladrillo. Otros, sin embargo, ven ante este acelerón histórico un problema para el medioambiente y, en consecuencia, para la salud de todos.

Es el caso, por ejemplo, de los más de 450 científicos que han firmado una carta dirigida a las instituciones europeas y a los ministros de energía de la UE a raíz del reglamento de aceleración de renovables que se pretende aprobar en el entorno comunitario. 

Las excepciones que permitirán deteriorar ecosistemas deberán demostrar un “interés público superior”, pero critican que los planes y proyectos de producción de energía con fuentes renovables se presumirá, de forma generalizada, bajo este calificativo. ¿La razón? Contribuyen a la seguridad y salud públicas.

“Esta presunción rompe el carácter estricto que estas excepciones tienen y, por tanto, facilita el deterioro de los ecosistemas a través de la ficción jurídica de presumir una realidad sin necesidad de probarla”, recoge la misiva. Los científicos firmantes subrayan así que la primera razón que les hace desaconsejar esta medida es que, incluso con las medidas de protección existentes, “no se ha logrado detener el deterioro en términos de destrucción masiva de biodiversidad”.

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“No debemos proteger un bien dañando otro. La implantación de las energías renovables puede llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad”, reza la carta. Una cuestión que defienden no solo por el valor en sí de los ecosistemas, sino porque del buen funcionamiento de estos depende nuestra salud y el acceso a alimentos y recursos hídricos.

En este sentido, organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF también se han posicionado en contra de la medida de la UE. A su juicio, la propuesta puede sentar “un inaceptable precedente en la desregulación ambiental de la UE” y “una falta de confianza de la ciudadanía ante las instituciones europeas”.

Por otro lado, hace apenas unos días, otras figuras del ámbito científico y del activismo climático firmaban un manifiesto a favor del despliegue de grandes proyectos de energías renovables y por una aceleración colectiva de la transición energética. Entre otras cosas, denunciaban que las energías renovables “son imprescindibles para garantizar el suministro de energía a los centros urbanos, la industria o los equipamientos esenciales”, y que, en particular, Cataluña estaba a la cola de España.

“Centrales fotovoltaicas y parques eólicos —terrestres y marinos— tienen que pasar a formar parte de nuestro paisaje”, reclamaban. Los autores de esta declaración invitan a superar el debate entre conservación y desarrollo. En este sentido, defienden que los parques eólicos y solares pueden convivir con actividades agrícolas y ganaderas y que, en concreto, los parques eólicos marinos pueden ser compatibles con el turismo y la conservación de la biodiversidad marina y de la pesca. 

La mayor planta fotovoltaica de España, en Núñez de Balboa, en Badajoz. NASA

Algo parecido indica el reglamento de la UE, que asegura que la medida que pretende aprobarse “está en consonancia con los objetivos medioambientales”. Justifican que “la aceleración del despliegue de energía renovable es fundamental para mitigar los impactos tanto del cambio climático como de la contaminación, que están provocando la pérdida de biodiversidad y suponen una amenaza para la salud y la seguridad públicas”.

Desde Bruselas reconocen que “dado el carácter temporal y urgente de las medidas, que responden a una situación de emergencia, no se ha podido llevar a cabo una evaluación de impacto”. 

No obstante, aunque se da prioridad a la construcción y explotación de centrales de energía de fuentes renovables, esto solo se hará –indican– bajo la premisa de la adopción de medidas para la conservación de especies en un estado favorable. En su defecto, a restablecerlas a ese estado y a destinar suficientes recursos financieros a tal efecto.