Este miércoles el Mar Menor presentaba cuatro puntos con hipoxia porque el nivel de oxígeno estaba por debajo de 4 miligramos por litro, aún así, su ecosistema empezaba a 'respirar' un poco más aliviado porque la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados daba el visto bueno a la ILP del Mar Menor.

"Es una iniciativa legislativa popular histórica porque el texto presentado por la ciudadanía se ha aprobado íntegramente, incluso diría que mejorado", reflexiona Eduardo Salazar, abogado y uno de los ocho miembros del grupo promotor de esta ILP.

"Hacemos una valoración muy positiva del texto que se presentará en septiembre al Senado para cumplir el último trámite y convertir al Mar Menor en el primer espacio protegido de toda Europa que cuenta con una personalidad jurídica propia".

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La votación fue seguida en streaming por los miembros de la Plataforma ILP y no estuvo exenta de polémica porque los 29 votos a favor de PSOE, PP, Cs, Podemos y Más País-Equo, fueron empañados por los cinco votos en contra de Vox. El diputado murciano de ultraderecha Luis Gestoso tildó esta iniciativa legislativa popular de "golpe" a la Constitución, a pesar de que el preámbulo del texto alerta de que el ecosistema de la emblemática albufera ha llegado al límite:

"Los motivos por los que se aprueba esta Ley son dos: por un lado, la grave crisis que en materia socioambiental, ecológica y humanitaria viven el Mar Menor y los habitantes de sus municipios ribereños; y por otro lado, la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras e instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco años".

La 'sopa verde', este 11 de mayo, frente al Club Náutico Mar Menor. Ana Pardo

EL ESPAÑOL ha accedido al documento definitivo que se elevará al Senado, marcando un hito medioambiental y legislativo en la Unión Europea sobre la regulación de un espacio protegido. La clave de todo se resume en las primeras frases del artículo 1 de la denominada 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca':

"Se declara la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, que se reconoce como sujeto de derechos".

Tal condición de "sujeto" abarcará 1.600 kilómetros cuadrados y se concretará en una serie de derechos que vienen enumerados en el artículo 2: "derecho a existir", "derecho a la protección", "derecho a la conservación" y "derecho a la restauración".

El letrado Eduardo Salazar, experto en temas de medioambiente, resalta que "la ciudadanía pasará a ser la protagonista de la gestión de este espacio". Así lo expone el artículo 3 donde se desgranan los tres órganos que serán responsables de la "tutoría" del Mar Menor:

"La representación y gobernanza de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, se concreta en tres figuras: un Comité de Representantes, compuesto por miembros de las Administraciones públicas que intervienen en este ámbito y de la ciudadanía de los municipios ribereños; una Comisión de Seguimiento (los guardianes o guardianas de la Laguna del Mar Menor); y un Comité Científico, del que formará parte una comisión independiente de científicos y expertos, las universidades y los centros de investigación".

Este artículo, junto al número 6, es de los más importantes para los activistas y colectivos ecologistas porque de los trece miembros que integrarán el Comité de Representantes, siete serán ciudadanos. Y todos ellos tendrán capacidad para proponer actuaciones de protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna, así como de vigilancia y control del cumplimiento de los derechos de la cuenca del Mar Menor que llegará hasta el Pilar de la Horadada.

"Se consideraba que la cuenca del Mar Menor era la laguna y la costa, pero hemos conseguido ampliarla hasta el primer punto que recibe una gota de agua que luego se vierte a la laguna: hablamos de todo el Campo de Cartagena, sus cuatro acuíferos, la Sierra Minera de La Unión…", precisa Salazar. "Es un 'golazo' que ha conseguido la comunidad científica porque esto lo trabajamos con ellos".

Vista aérea de parte del Campo de Cartagena que linda con las playas del Mar Menor. Asaja

¿Quiénes serán los guardianes?

El ecosistema también estará supervisado por la figura de los guardianes y guardianas de la laguna, en representación de cada uno de los municipios ribereños de la cuenca: Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Torre Pacheco. 

Los guardianes deberán acreditar una trayectoria previa en la defensa del Mar Menor y serán designados por un periodo máximo de cuatro años por parte de sus respectivos Ayuntamientos, previo acuerdo con asociaciones empresariales, sindicales, vecinales, de pesca, agrarias, ganaderas y ecologistas. Estos guardianes pasarán a formar parte de la Comisión de Seguimiento que se constituirá en un tiempo no superior a tres meses tras la publicación de esta nueva ley en el Senado.

Otro hito: la acción popular

El abogado remarca que el otro cambio de calado que introduce esta norma "es la acción popular" en nombre del ecosistema marmenorense y que en caso de éxito garantiza que el ciudadano recuperará todo el coste del litigio emprendido. El artículo 6 lo explica literalmente así:

"Cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor, y puede hacer valer los derechos y las prohibiciones de esta Ley y las disposiciones que la desarrollen a través de una acción presentada en el tribunal correspondiente o Administración pública. Dicha acción judicial se presentará en nombre del ecosistema del Mar Menor como la verdadera parte interesada".

El contenido de los artículos 4, 5 y 7, en esencia, viene a blindar los 1.600 kilómetros cuadrados reconocidos como sujeto con derechos. De un lado, se abre la veda para que sea revocada cualquier decisión de un ayuntamiento, del Gobierno regional o del Ejecutivo central que afecte al ecosistema. Esto deja en la diana, por ejemplo, a los planes urbanísticos y las ampliaciones de explotaciones agrícolas o granjas de cerdos.

"Cualquier acto o actuación de cualquiera de las Administraciones públicas que vulnere las disposiciones contenidas en la presente Ley se considerará inválido y será revisado en la vía administrativa o judicial", tal y como refleja el artículo 5.

También se obliga a las administraciones a desarrollar acciones sistemáticas para prevenir la degradación del ecosistema, campañas de concienciación social, estudios periódicos sobre el estado del agua, a restringir de forma inmediata aquellas actividades que puedan conducir a la extinción de especies...

Como era de esperar, el visto bueno que recibió la ILP en el Congreso de los Diputados se tradujo en una fiesta, celebrada este miércoles por la noche, en la plaza del Ayuntamiento de Los Alcázares con concierto de Fran Ropero. "El debate lo estaban siguiendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas", según resaltó anoche Teresa Vicente: directora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. "Esto ha sido una victoria de la ciudadanía".

En la Comisión de Transición Ecológica de la cámara baja que ha pasado a la historia de la Unión Europea, junto a Luis Gestoso (Vox), había otros dos parlamentarios murcianos que serán recordados por los activistas y ecologistas por su implicación en la ILP: Juan Luis Soto (PSOE) y Javier Sánchez Serna (Unidas Podemos). 

"La recuperación de la laguna salada más grande de Europa es una prioridad en nuestro proyecto de país y de Región de Murcia, prueba de ello, es nuestro firme apoyo a la ILP, así como el impulso de actuaciones para la recuperación de la laguna que ha puesto en marcha el Gobierno de España con casi 500 millones de euros", reflexiona el socialista Soto.

"No hay en Europa una figura de protección de esta naturaleza, cuya esencia es el reconocimiento de derechos al Mar Menor, atribuyendo su defensa a cualquier persona física o jurídica". El Senado será la última parada de esta norma y en esta cámara es el PP el que tiene mayor representación, un dato que inquieta a los activistas de la ILP porque los populares no han presentado ninguna enmienda al texto durante su tramitación.

"En el Senado no debe haber sorpresas, pero el PP tiene mayoría y estaremos vigilantes porque cualquier modificación que se introduzca debe estar muy justificada a la vista de cómo ha quedado el texto en el Congreso", tal y como advierte el abogado Eduardo Salazar, uno de los ocho miembros del grupo promotor de la ILP.