Ningún país del mundo ha lanzado a la atmósfera más gases de efecto invernadero que Estados Unidos. La decisión del Tribunal Supremo, de ayer jueves 30 de junio, de limitar el poder de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para controlar las emisiones de CO₂ de las empresas, pone en jaque que el futuro de una lucha climática nacional que tendrá consecuencias planetarias.

Desde su industrialización, y hasta el año pasado, EEUU ha liberado liberado 509.000 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera, según datos del think tank británico Carbon Brief. Es decir, el doble que lo que ha emitido el mayor contaminador actual, China, desde 1850 –primer año del que se tienen mediciones–.

Tras el parón en la acción climática gubernamental que supuso la Administración Trump, el presidente Biden trajo de nuevo la esperanza: se había comprometido a reducir las emisiones contaminantes del país en un 50% para 2030. Y para conseguir tan ambiciosos objetivos, como ya hiciera Obama durante su mandato, el demócrata esperaba utilizar el Clean Air Act –o ley de aire limpio–. Así, la EPA establecería un marco normativo ambicioso y transformaría el sector eléctrico por completo.

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Este mecanismo normativo hubiese precipitado el cierre masivo de las centrales térmicas y el impulso de fuentes de energía eléctrica renovables.

Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo, en el caso West Virginia vs EPA, podría restringir la autoridad de la agencia estadounidense para regular las emisiones de efecto invernadero de las centrales eléctricas. Así, al menos, lo explica Coral Davenport, experta en energía y políticas climáticas de la oficina en Washington del británico The Times.

En una conversación con el New York Times, la periodista asegura que la decisión del Supremo se traduce en que la “EPA no podrá llevar a cabo las políticas radicalmente transformadoras que piden los científicos para reducir significativamente las emisiones de CO₂. En cambio, la regulación que podrá llevar a cabo ahora será mucho más modesta y no cambiará sustancialmente los niveles de contaminación”.

El profesor Blake Emerson, experto en Derecho Administrativo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), explica a ENCLAVE ODS que el fallo del Supremo “ata las manos de los servidores públicos que deberían proteger los intereses de todos frente a cualquier daño o posible crisis, sea de índole climática, sanitaria o económica”.

Por tanto, uno de los mayores temores ahora es que las agencias gubernamentales se muestren “más precavidas” a la hora de proponer cambios.

No salen las cuentas

A pocos meses de la próxima cumbre del clima de Naciones Unidas y de las elecciones de mitad de mandato en EEUU, al presidente Biden no le salen las cuentas para cumplir con lo prometido en la COP26. Reducir los niveles de contaminación de manera significativa, según los expertos, es complicado.

Para la mayoría, como explican en The New York Times, Estados Unidos estaría obligado, como país, a tomar una serie de regulaciones agresivas sobre los sectores industriales más contaminantes. El problema está en que la decisión del Supremo elimina una de las herramientas con las que atajar la polución relacionada con las centrales eléctricas y los pozos extractivos.

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Por el momento, no está claro si el Congreso tendrá la capacidad de aprobar algún tipo de legislación climática. Tampoco qué aspectos abordará si llegase a suceder. Sin embargo, la EPA sí que está tomando medidas drásticas para reducir las emisiones procedentes de los vehículos de combustión. Eso sí, cabe preguntarse si, como ocurrió con el caso West Virginia vs EPA, esta iniciativa se tendrá que enfrentar a la justicia.

Según las declaraciones de Davenport al New York Times, el presidente Biden y el Congreso –con mayoría demócrata– aún tienen algún as escondido en la manga para combatir el cambio climático. Por ejemplo, un proyecto de ley que duerme en el Capitolio que incluye cerca de 300.000 millones de dólares en desgravaciones para las compañías productoras de energías renovables y vehículos eléctricos.

Si consiguiesen ponerlo en marcha, reconoce la experta, “podría ayudar a Biden a recorrer entre un tercio y la mitad del camino para conseguir reducir las emisiones un 50%”. Eso, admite, “es un mordisco”. Pero, además, la EPA sigue teniendo cierta autoridad y capacidad regulatoria para reducir, al menos un poco, las emisiones. Especialmente en lo referido a limitar las de metano.

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Eso sí, no está claro que estas normativas acaben viendo la luz. Y es que los expertos reconocen que la decisión del Tribunal Supremo nos estaría forzando a abandonar la esperanza de que las temperaturas planetarias se mantengan en un aumento de 1,5 °C –respecto a los niveles preindustriales–. Una meta que cada día parece más lejana.

Esto, en definitiva, aboca al planeta a un calentamiento que hará de los fenómenos extremos una relativa normalidad. Porque, como advierte Emerson, “la EPA se queda sin herramientas para abordar desafíos de envergadura como el cambio climático”. Y alerta de que esta decisión crea jurisprudencia: “El propio Tribunal Supremo y otros juzgados de menor nivel podrán ‘tirar’ normativas federales y regulaciones sobre salud y seguridad pública si consideran que la agencia gubernamental de turno se ha sobrepasado”.

Es, sin duda, como afirma Emmerson, “un precedente peligroso”. Especialmente si, como se espera, el mismo grupo de abogados republicanos que apoyan a compañías de combustibles fósiles deciden llevar otros casos similares al Supremo. Este parece ser el nuevo varapalo del Tribunal Supremo a los derechos humanos y la sostenibilidad en las últimas semanas. Ahora cabe preguntar, cuántos más vendrán detrás. Porque el legado de Donald Trump, que impuso una mayoría ultraconservadora en este órgano judicial, sigue manifestándose.