La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José (Costa Rica), ha ordenado a las autoridades judiciales peruanas abstenerse de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente peruano Alberto Fujimori. 

“Requerir al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”, ha resuelto el fallo emitido por la Corte el 30 de marzo. 

Esta sentencia ha llegado después de que el Tribunal Constitucional de Perú restituyera a mediados de marzo el indulto humanitario y gracia presidencial concedido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). 

El perdón había sido anulado en 2018 después de que el Tribunal Supremo peruano ordenara su captura amparándose en una resolución de la CIDH sobre los crímenes cometidos en Barrios Altos y La Cantuta. 

La Corte se ha pronunciado con el “propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a que pueda examinar las medidas provisionales solicitadas”, según señala el fallo. 

Para ello, la CIDH ha convocado a los representantes de las víctimas, el Estado de Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una audiencia pública sobre la solicitud de medidas provisionales para el día 1 de abril. 

Horas antes de conocerse esta decisión de la Corte Interamericana, según recoge el diario peruano El Comercio,  Keiko Fujimori, hija del expresidente, había declarado que esperaba que este martes se autorizara la excarcelación de su padre.

La medida del Constitucional peruano había sido muy criticada por los familiares de las víctimas y también por las altas esferas. Pedro Castillo, actual presidente, anunció que iba a recurrir la sentencia en organismos internacionales para tratar de revertirla. 

Alberto Fujimori (83 años), una de las figuras políticas más controvertidas de Perú, fue condenado a 25 años de cárcel por diversas condenas por allanamiento de morada, corrupción y fondos públicos. 

Pero la más importante fue por crímenes de lesa humanidad por las esterilizaciones forzosas a casi 400.000 personas de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000. 

Perú reconoce las competencias de la CIDH y es miembro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, más conocida como Pacto de San José.