El volcán de La Palma sembró la devastación durante meses en el suroeste de la isla. Los palmeros veían cómo sus viviendas y todo lo que habían construido durante años desaparecía bajo la lava. La solidaridad con el pueblo palmero era total y, en diciembre, cuando la erupción se durmió, las instituciones prometieron un paquete de ayudas no sólo para reconstruir la isla, sino las vidas de los afectados.

Tres meses después, la Iniciativa de Apoyo Ciudadano de Afectados por el volcán de la isla de La Palma ha convocado la primera concentración de afectados frente al Congreso de los Diputados en Madrid. 

Durante el día de hoy, además, el Gobierno premiará la ejemplaridad del pueblo de La Palma, así como los esfuerzos realizados para garantizar la protección civil de 39 entidades u organismos públicos en el Convento de San Francisco de Santa Cruz de La Palma.

Un acto que coincide con la reivindicación de miles de afectados que, aún hoy, sienten una profunda incertidumbre sobre su futuro inmediato. Según explica en una nota la iniciativa, "los afectados continuamos con la lucha iniciada el pasado 19 de septiembre, manifestándonos ante las administraciones locales, reclamando y poniendo voz a todos los afectados y a los desplazados", y recuerdan que son más de 7.000 que aún no tienen certidumbre.

Señalan que el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio al respecto de la gestión de las administraciones públicas en el reparto de las donaciones, el retraso en la entrega de viviendas -aún siguen viviendo en precario muchos afectados-, la falta de ayudas a los afectados o de cómo la especulación ha multiplicado un 1.600% el precio del suelo.

La lava sobre uno de los barrios afectados de La Palma.

No entregan los informes técnicos

Por otro lado, critican que tanto el Gobierno central como el Gobierno de Canarias "siguen haciendo caso omiso" a los requerimientos de información dirigidos a que aporten los informes técnicos de los últimos cinco años del Instituto Geográfico Nacional e Involcan, junto con los mapas de riesgo volcánico realizados en los años previos.

Para los afectados, éstos "pueden suponer la base técnica que permita la reclamación patrimonial a ambas administraciones". Esto es porque, tras la lectura de diferentes informes y estudios publicados, "se constata que desde octubre de 2017 se esperaba una más que previsible e inminente erupción volcánica en La Palma, justo en la zona dónde finalmente el 19 de septiembre de 2021 explotó el volcán".

Asimismo, los afectados consideran "inaudito" que en las revistas de referencia internacional los expertos publicasen estudios científicos que avalaban una futura erupción (como así sucedió cuatro años antes) y que la Administración no alertase a los ciudadanos con el objetivo de salvaguardar sus bienes muebles y asegurar los inmuebles.

La portavoz de la iniciativa de afectados añade, además, que hoy se asiste a las bienaventuranzas y parabienes de la ciencia en nuestro país por cómo se ha gestionado la catástrofe. Sin embargo, critican que "mientras, ni el Involcan ni el Pevolca ni los ayuntamientos ni el Cabildo de La Palma o el Gobierno de Canarias prestaron ni un solo minuto de atención a preparar al ciudadano para la más que posible erupción".

En este sentido, aseguran que "de ello se deriva una más que probable responsabilidad patrimonial del patrimonio perdido". Señalan, además, que los afectados han sufrido una pérdida patrimonial que afecta a su trayectoria vital y a las de sus familias. "Si las administraciones locales hubiesen hecho los deberes, hoy el impacto hubiera sido testimonial y podía haberse evitado, mientras que el Estado español y el Gobierno canario hoy miraban para otro lado ofreciendo limosna por nuestro patrimonio".