La aporofobia crece un 33% por la subida del sinhogarismo: la mayoría de agresores son hombres de 18 a 35 años

Casi una de cada dos personas en situación de sinhogarismo en España ha sufrido un delito de odio. El 47% ha sido agredida o acosada por el simple hecho de no tener un hogar, y el 81% de esos ataques nunca llega a denunciarse. O, por lo menos, así lo muestran los datos del Observatorio HATENTO de Hogar Sí.

En paralelo, los delitos aporofóbicos —aquellos motivados por el rechazo a la pobreza— crecieron un 33,3% en el último año, convirtiéndose en los que más aumentaron en todo el país. Y es que detrás de estas cifras no hay episodios aislados, sino una discriminación persistente que acompaña y empeora la vida de miles de hombres y mujeres sin hogar.

"Esta discriminación no es anecdótica, sino estructural", explica José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí. "Se traduce en prácticas que vulneran derechos, generan violencia, perpetúan la exclusión y, en sus formas más extremas, pueden llegar a acabar con vidas".

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Pero esa violencia no siempre adopta la forma de una agresión física. También se manifiesta en barreras administrativas, en discursos que responsabilizan a personas y en un espacio urbano diseñado, en ocasiones, para expulsarlas.

Pese a ello, la sociedad española muestra una contradicción llamativa. Según la Radiografía Social del Sinhogarismo, la discriminación hacia las personas sin hogar obtiene una puntuación de 8,1 sobre 10 en la escala de intolerancia. Es decir, la mayoría de la ciudadanía considera inaceptable que alguien sea rechazado por no tener vivienda.

Más del 80% rechaza la arquitectura hostil y un 78% se opone a las medidas coercitivas para expulsarles del espacio público. Sin embargo, estos posicionamientos conviven con estereotipos profundamente arraigados que siguen condicionando la mirada colectiva.

El 61% de la población cree que las personas sin hogar son hombres mayores y el 54% asocia este fenómeno con adicciones. Una imagen que, tal y como defiende Caballol, "no corresponde con la realidad y contribuye a la estigmatización".

"El sinhogarismo no define a una persona, es una circunstancia vital. Hay jóvenes y mayores, personas con trabajo y sin él, con nacionalidad española o extranjera, con redes familiares y sin ellas". Motivo por el que simplificar el fenómeno, añade, "invisibiliza a muchos hombres y mujeres y refuerza prejuicios que dificultan las soluciones".

El sinhogarismo

Las cifras oficiales confirman que el problema es mayor de lo que suele percibirse. El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó en 2022 a 28.552 personas atendidas en centros y servicios específicos para personas sin hogar. Pero el dato no refleja la magnitud real.

"Solo recoge a quienes acceden a recursos", puntualiza el director de Hogar Sí. "Las estimaciones más amplias sitúan la cifra por encima de las 37.000 personas".

Además, el uso de estos servicios se ha intensificado. En 2024 se registró un aumento del 55,7% en las pernoctaciones diarias respecto a 2022, un indicio claro de crecimiento y cronificación.

Una persona durmiendo en la calle en Barcelona. Kike Rincón Europa Press

Desde la entidad insisten en que el sinhogarismo es, ante todo, una vulneración del derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución. "Pero la pérdida del hogar desencadena muchas otras vulneraciones", señala Caballol.

"Sin vivienda, la salud física y mental se deteriora, el acceso al empleo se vuelve extremadamente difícil y la seguridad y la dignidad quedan comprometidas". Y, en esa línea, la aporofobia, añade, actúa como un multiplicador del daño, empujando a las personas a una exclusión cada vez más profunda.

Cuestión estructural

Las causas que llevan a perder un hogar son principalmente estructurales. Los datos del INE apuntan a la pérdida de empleo, los problemas económicos y las rupturas familiares como los principales detonantes. Sin embargo, la percepción social sigue señalando a las personas afectadas.

"El sinhogarismo no es una decisión personal ni el resultado de malas elecciones", subraya Caballol. "Es la consecuencia de un sistema que no garantiza el derecho a la vivienda ni ofrece apoyos suficientes cuando la vida se quiebra".

El problema es que España tan solo dispone de un 1,7% de vivienda social, frente al 8% de la media europea. A esto se suman el encarecimiento del alquiler, la precariedad laboral y la concentración del mercado inmobiliario.

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"La falta de domicilios asequibles es el eje central del sinhogarismo", afirma el director de Hogar Sí, que también señala factores interseccionales como la situación administrativa, el género o la orientación sexual como barreras adicionales.

En este escenario, los recursos tradicionales muestran sus límites. "La mayoría de las plazas siguen estando en centros colectivos que no cubren las necesidades individuales", explica Caballol.

De hecho, el 96% de las personas sin hogar afirma que no necesita un albergue para salir de su situación, sino una vivienda estable. Porque, como defiende el portavoz de Hogar Sí, esta es una medida que "puede servir como respuesta de emergencia, pero no permite salir definitivamente de esta situación".

Las consecuencias sobre la salud son especialmente severas. El 44% de las personas sin hogar considera que su estado de salud es malo, frente al 7% de la población general, y casi el 60% sufre ansiedad o depresión.

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"La esperanza de vida puede ser hasta 30 años menor", recuerda Caballol. Y es que vivir en la calle implica la exposición constante al frío o al calor, además de violencia, falta de descanso y enormes dificultades para seguir tratamientos médicos.

Frente a esta realidad, Hogar Sí defiende un cambio de enfoque basado en derechos. Porque, como sostiene su director general, "la vivienda debe ser el punto de partida, no la meta". Por eso, el acceso a hogares estables, los apoyos personalizados, la inserción laboral y los recursos específicos de salud conforman una estrategia que busca soluciones estructurales.

"Erradicar el sinhogarismo pasa también por combatir la aporofobia", concluye Caballol. "Nadie debería ser rechazado, agredido o condenado a vivir —y morir— en la calle por no tener recursos".