Desafíos financieros de la cooperación en Iberoamérica: una mirada pragmática

Héctor Miralles*

Publicada 24 febrero 2026 07:30h

Actualizada 24 febrero 2026 14:53h

La evolución económica de la región durante la última década (2015-2024) ha sido muy limitada, pues ha crecido apenas un 1% el PIB per cápita anual de media. Este bajo desempeño se explica por múltiples razones que, lamentablemente, se han mantenido de manera estructural en las últimas décadas:

Baja productividad: según el informe elaborado por la OEI titulado Educación superior, competitividad y productividad en Iberoamérica, la productividad en la región se ha estancado y no ha registrado ningún crecimiento desde hace más de cincuenta años. Esta tendencia tan negativa tiene que ver con la baja inversión en Educación (aproximadamente un 4,2%, por debajo del 5% del promedio de los países de la OCDE), así como en I+D (en la región se invierte de media menos del 1% del PIB en este concepto).
Desigualdad: países como Brasil, Panamá o Colombia tienen los índices de desigualdad más altos del mundo. Este es un mal generalizado en la región, ya que en Latinoamérica el 10% de las personas más ricas controlan el 34,2% de la riqueza total, mientras que el percentil más pobre apenas tiene un 1,7%. Este dato supone que en la región 160 millones de personas vivan bajo el umbral de la pobreza (una cuarta parte de la población total), tal y como se desprende del último reporte anual de CEPAL, Panorama Social de América Latina.

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Informalidad de la fuerza laboral: otro elemento distorsionador de nuestras economías es el alto porcentaje de la población que cuenta con un empleo informal, ya que casi la mitad de los latinoamericanos se encuentran en esta situación.
Seguridad: lamentablemente, este es un factor que ha aumentado su relevancia en los últimos años, por lo que ha acabado afectando al bienestar de los ciudadanos, las democracias de sus países y sus economías. De hecho, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2022 los costes directos derivados del crimen supusieron un 3,44% del total del PIB de la región, lo que sería equivalente a un 78% del presupuesto público en educación.
Economía extractiva: el sector minero y de hidrocarburos representa, actualmente, un 4% del PIB total de la región, aunque las industrias asociadas pueden llegar a representar un 30% del valor total de las exportaciones. Sin embargo, son operaciones con un valor añadido muy bajo, ya que las extracciones se procesan en un alto porcentaje fuera de la región, convirtiéndose en commodities que dependen de la demanda de los países extranjeros.
Dependencia de las remesas: aunque este factor es más heterogéneo dependiendo del país, lo cierto es que las remesas de fondos suponen un 2,4% del PIB total, aunque hay países, especialmente en Centroamérica, en los que estos flujos aportan hasta el 30%. Esto implica una dependencia directa de las economías extranjeras, especialmente de la estadounidense.

En ese sentido, a estas características intrínsecas de la economía latinoamericana hay que añadirles dos factores muy relevantes que están afectando a escala global. El primero es la inestabilidad política, la cual está erosionando las democracias, y que ha desembocado en una gran incertidumbre económica.

El segundo aspecto es la evolución geopolítica de los grandes bloques, que sin duda alguna ha puesto la región en el centro del tablero internacional, y que supone una gran amenaza a la soberanía territorial de los países latinoamericanos.

Todos los elementos descritos, tanto aquellos más locales como los de impacto más global, suponen un desafío para el bienestar de la población, ante lo que debe cobrar un papel más relevante la actuación de la Cooperación Internacional (CI).

Sin embargo, desde el punto de la financiación, la situación es muy preocupante: el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo aporte en 2024 fue de 2.500 millones de dólares estadounidenses, ha marcado una tendencia que han seguido países que históricamente han contribuido de manera muy relevante, como Francia, Alemania o Reino Unido.

Vivimos una situación que, sin duda, exige más recursos y menos retórica. Sin renunciar a este principio, las entidades de cooperación tenemos la obligación de buscar soluciones que nos permitan mejorar la vida de los ciudadanos. Desde un punto de vista financiero, hay que seguir trabajando en las vías alternativas, como la captación de fondos procedentes de entidades filantrópicas, que en los últimos años han aportado más de 1.500 millones de dólares anuales.

Ilustración creada por la OEI. OEI

Sin embargo, es muy importante que estos fondos se inviertan bien, ya que, por ejemplo, en el área de educación se han ejecutado proyectos que no han sido diseñados e implementados según las necesidades locales, e incluso, en algunos casos respondían más a los intereses de las propias fundaciones, las cuales tienen el apoyo de las principales empresas tecnológicas globales.

Por ello, la OEI en su informe Miradas sobre la Educación en Iberoamérica de los años 2020 y 2022 ensalzaba la filantropía y las alianzas público-privadas, aunque resaltando lo siguiente: "Sus intervenciones deben alinearse con las políticas nacionales y responder a contextos locales para ser sostenibles y equitativas".

Otro cambio relevante que se ha dado en las últimas décadas es el aumento de la cooperación Sur-Sur, que permite la cooperación técnica entre los países de la región. Parece claro que la reducción de los fondos provenientes de los países del norte seguirá potenciando este tipo de cooperación.

Esto movilizará cada vez más recursos financieros y permitirá no solo una mayor independencia económica y estratégica, sino que también facilitará el aprovechamiento de las experiencias en entornos similares, que ya habrán podido acreditar resultados exitosos.

Teniendo en cuenta la situación tan compleja en la que se encuentra la Cooperación Internacional para captar financiación, aumenta la exigencia y necesidad de que los fondos sean usados eficientemente. Para ello, las entidades de cooperación deben focalizarse aún más en reforzar los siguientes aspectos:

Proyectos pertinentes: como indicaba anteriormente, los proyectos deben tener objetivos claros, medibles y con un impacto real en la vida de los ciudadanos. La cooperación no debe ser un mero ejercicio teórico, sino que debe tener una aplicación práctica que mejore la vida de la población.
Eficiencia: es muy importante que la planificación sea correctamente ejecutada tanto en tiempo como en forma; además, las estructuras de las entidades de cooperación deben estar dimensionadas con base en su volumen de actividad. En caso contrario, parte de los recursos no llegarán de manera directa a los beneficiarios finales.
Control y transparencia: es muy relevante dar seguridad en todo el proceso de ejecución de los proyectos. Para ello, las cuentas económico-financieras deben ser auditadas (tanto interna como externamente), lo que dará certidumbre sobre la dedicación de los fondos y aumentará la confianza de los financiadores.

En definitiva, ante los retos crecientes que vive la región latinoamericana, la solución no debería ser en ningún caso la reducción de fondos para la cooperación y el desarrollo. En cualquier caso, mientras esta tendencia se mantenga estable, estamos obligados a reevaluar todas las estrategias de actuación.

***Héctor Miralles es director general de Administración, Finanzas y Recursos Humanos en la OEI.