La legislatura en la que la corrupción se hizo insoportable

En tan solo cuatro años España ha visto cómo se han tambaleado los principales representantes de los pilares del Estado por una causa común: la corrupción. Ha sido la legislatura más frenética en lo que a casos de corrupción se refiere. La hija del Rey, imputada; su marido, también; el tesorero del PP, a prisión; el de CiU, también; el símbolo del milagro económico, detenido; los principales dirigentes andaluces, imputados; y figuras del PP, como Jaume Matas o Carlos Fabra, condenadas y entre rejas. Es decir, Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarín, Luis Bárcenas, Andreu Viloca, Rodrigo Rato, Manuel Chaves, José Antonio Griñán puestos en el ojo de la Justicia.

Este es sólo el aperitivo. En esta legislatura se ha visto caer a la ex ministra Ana Mato, encausada como partícipe a título lucrativo en el 'caso Gürtel'. Lo mismo ha ocurrido con uno de los principales dirigentes 'populares' madrileños, Francisco Granados, actualmente en prisión; el Tribunal Supremo imputó a un ministro socialista, José Blanco, aunque después le libró de sentarse en el banquillo; todo el 'clan Pujol' se encuentra bajo sospecha; dirigentes socialistas gallegos, también encausados; la expresidenta del Parlamento balear, María Antonio Munar, en prisión y hasta el actual presidente catalán en funciones, Artur Mas, está imputado.

Los propios partidos políticos han visto cómo la Justicia les saca los colores: la financiación ilegal del PP puesta en el tapete con los 'papeles de Bárcenas', la de Convergencia también con la causa conocida como 'la del 3%', y el PSOE, afectado por los 'ERE de Andalucía'. Representantes de todos ellos han tenido que desfilar por juzgados, tribunales y centros penitenciarios.

El último gran caso de corrupción destapado, la trama Púnica, ha puesto en evidencia que, a pesar de años de persecución por parte de los jueces, Fiscalía, Policía y Guardia Civil contra esta lacra, sigue habiendo corrupción en la política. Fuentes del caso destacan que la investigación inicial se llevó a cabo en escasos seis meses. Se tenía únicamente un hilo: Granados y su amigo, David Marjaliza, quienes tenían escondida una cuenta en Suiza. Y en pocos meses de escuchas telefónicas en el año 2014 se descubrió un auténtica telaraña de corruptelas en pueblos de Madrid, en la propia Comunidad madrileña y en otros territorios como Castilla y León, Murcia o Valencia.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, pese al duro trabajo realizado, en cada caso que estalla descubren que al final siempre hay corrupción. Aunque el objetivo es que la clase política asuma que quien delinca será atrapado, la realidad es que las operaciones policiales y judiciales lo que consiguen es que los malhechores perfeccionen sus técnicas para no ser atrapados. Diversas fuentes de investigaciones relacionadas con la corrupción certifican la máxima de que el poder corrompe.

Mismas técnicas, distintos colores

¿Cuáles son esas técnicas que copian unos a otros para saltarse las leyes? Los investigadores señalan varios métodos seguidos por el político corrupto, da igual del partido que sea. Fraccionar contratos para evitar superar el límite de los 18.000 euros de adjudicación para evitar tener que someterla a concurso; en procedimientos negociados sin publicidad presentar tres empresas con el mismo propietario detrás; y si va a concurso, presentar varias empresas conchabadas, aunque este último proceso cada vez está más controlado. En muchas ocasiones, se les pilla porque, al conocer por adelantado que van a ser los adjudicatarios, las empresas empiezan a facturar a la Administración antes incluso de que ésta acuerde la adjudicación.

¿Cómo pagan los empresarios a los políticos? Si el pago es a partidos, normalmente se hace a través de donaciones. Un claro ejemplo es el de CDC. La Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción detectaron que empresarios pagaban al partido por adjudicaciones porque tenían un sistema establecido. Por norma general, pagaban al partido a través de su fundación, CatDem, el 3% de cada obra adjudicada. Cuando es a un político concreto, se le paga con facturas falsas a sociedades vinculadas a éste, bien suyas o de un familiar o amigo. Incluso, como sucede en el 'caso Gürtel' o Púnica, varios dirigentes políticos tenían cuentas en paraísos fiscales donde se enviaba el dinero procedente de la corrupción.

Los apuros de Rajoy

Fuentes jurídicas coinciden en que estos últimos años los mecanismos de persecución de este tipo de delitos han funcionado mejor y, por eso, han saltado más casos. Hace dos años, el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo a punto de hundirse cuando su tesorero decidió tirar de la manta y sacar a la luz la financiación ilegal del PP durante dos décadas a través de donaciones no declaradas al Tribunal de Cuentas para, entre otras cosas, pagar las campañas electorales del partido.

El PP se vio muy tocado pero aguantó sin cortar ninguna cabeza más que la del ex tesorero, Luis Bárcenas, que acabó en prisión preventiva durante un año. “Usted es prisionero de los papeles de Bárcenas”, le espetó el lunes en el debate el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno y candidato del PP para las elecciones generales que se celebran este domingo día 20.

El ex tesorero hizo una maniobra que le salió mal. En 2013, cuando salieron sus cuentas en Suiza en el marco del 'caso Gürtel', la trama de corrupción que salpica al PP, todo cambió. Bárcenas pidió ayuda después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tuviera en su poder los datos que demostraban que había ocultado fondos en el país helvético, donde había llegado a guardar hasta 48 millones de euros. Esa ayuda, tal y como él la esperaba, no llegó y entonces salieron a la luz los 'papeles de Bárcenas', demostrativos de la financiación ilegal del partido.

Esos documentos, sin embargo, no han tenido judicialmente el alcance que tuvo el revuelo mediático. Los investigadores no han podido demostrar que las donaciones al PP por parte de empresarios, principalmente dedicados a la construcción, tuvieran como contraprestación la adjudicación de obras. Así que, al final, el año que viene se sentarán en el banquillo únicamente Bárcenas, su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, y unos arquitectos que hicieron la obra de la sede del PP y cobraron parte en negro.

El PP también ha visto caer a quien representaba el milagro económico de la etapa de Aznar, aunque el actual Gobierno ha sabido distanciarse de Rodrigo Rato lo suficiente para que no le salpique.

El ex vicepresidente del Ejecutivo está imputado por la fusión y salida a Bolsa de Bankia cuando él era el presidente de la entidad, coincidiendo con una época en la que se abrieron casos a buena parte de las cajas de ahorros.

Sin embargo, Rato fue dado de lado por su partido tras estallar el escándalo de las 'tarjetas black', 15 millones de euros gastados entre los miembros del Consejo de Administración y directivos de Caja Madrid y Bankia con tarjetas ajenas al circuito económico legal. Rato fue suspendido de militancia del PP tras conocer su participación en la aprobación y uso de estas tarjetas.

La mano negra de Rato

Ya cuando Rato fue detenido en abril de este año por delitos fiscales y presunto blanqueo de su fortuna oculta, Rajoy y todo su equipo habían apartado totalmente al que llegara a ser director del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los problemas de Rato ya eran sólo de Rato. Es más, fuentes del entorno del ex ministro de Economía incluso vieron una mano negra dentro del equipo de Gobierno para que la Agencia Tributaria le investigara y se ordenara su detención durante unas horas.

El 'caso Púnica' y el 'caso Gürtel' han seguido minando durante este último año al principal partido. Uno de los hombres fuertes del PP madrileño lleva un año preso y su socio, David Marjaliza, está tirando de la manta. La trama de Francisco Correa hizo que la ministra de Sanidad con Rajoy, Ana Mato, acabara dimitiendo y, una vez que el juicio se acerca, algunos ex dirigentes no están dispuestos a asumir toda la responsabilidad. La semana pasada, el ex alcalde 'popular' de Boadilla del Monte (Madrid), apuntó a Esperanza Aguirre, al presidente del Senado, Pío García Escudero, y a un alto cargo de la Comunidad de Madrid.

El PSOE lleva a rastras su propia mochila. Hace dos años tuvo que ver cómo un ex ministro socialista, José Blanco, desfilaba por el Tribunal Supremo por un caso de corrupción en Galicia, y este año han hecho el paseíllo por el mismo órgano judicial los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a varios ex consejeros andaluces. En Galicia también tienen un problema judicial, después de la imputación este verano del secretario general del PsdeG, José Ramón Besteiro y el anterior alcalde de Lugo, José López Orozco, por delitos contra la ordenación del territorio.

Corrupción histórica, a la luz

En Cataluña, la corrupción sigue vigente en sus altas esferas tal y como lo demuestra la 'Operación Petrum', por la que fueron detenidos los dos últimos tesoreros del partido que dirige Artur Mas. En esa causa se investiga el cobro de donaciones por parte de CDC pagadas por empresarios contratistas con la Administración pública.

Paralelamente, la Justicia ha hecho un cerco a toda la familia Pujol. Detrás de las investigaciones al ex presidente catalán y sus hijos se vislumbra la corrupción del partido durante décadas.

Anticorrupción y diversos jueces, junto a Guardia Civil y Policía, han dado un golpe en la mesa para acabar con el famoso 3% catalán. Ya se había rozado en el 'caso Palau' o en las ITV pero las causas que hay abiertas ya no se pueden parar. Por ahora, en el asunto que sigue el juez de El Vendrell (Tarragona) se ha llegado a los tesoreros, pero la investigación se dirige a averiguar si altos cargos o incluso el presidente de CDC eran conocedores del cobro de donaciones a cambio de adjudicaciones.    

El broche, la Infanta

Y la familia real como colofón. Hasta que la Fiscalía Anticorrupción señaló al 'yernísimo' del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, por numerosos delitos de corrupción junto a, entre otros, el que fuera presidente balear, Jaume Matas, la Casa Real era intocable. Su imputación vino a finales de 2011 y una acusación muy concreta y pequeña se acabó convirtiendo en una vorágine que arrastró a su mujer, la infanta Cristina de Borbón.

La hija de Juan Carlos I fue imputada en enero de 2014 y seis meses después, su padre abdicó para dejar el trono a su hijo, Felipe VI. Entre otras cosas, el escándalo de Urdangarín, y la acusación final de la infanta, dañó la imagen de la institución hasta tal punto que el monarca tuvo que ceder la corona.

La legislatura está a punto de acabar. Pero la próxima estará protagonizada por los juicios de muchos de estos escándalos que, por ahora, se encuentran en fase de instrucción. Todavía hay tiempo de arrepentimientos, confesiones y pactos.