Nuevo caso de penosidad laboral en el campo. Una nave de Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo, servía a un hombre de 52 años de edad para hospedar en una penosas condiciones higiénico-sanitarias a 25 temporeros rumanos, 15 hombres y 10 mujeres, que trabajaban en explotaciones agrarias dedicadas al cultivo de ajo y cebolla en la Vega del Tajo, en localidades madrileñas como Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Estremera y Colmenar de Oreja. Al responsable de esta situación, el administrador de una empresa agrícola con sede en Las Pedroñeras (Cuenca), se le investiga por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Según el relato de la Guardia Civil, cuerpo encargado de esta operación denominada USTOROI, fue el pasado mes de mayo cuando agentes de Santa Cruz de la Zarza se percataron de la nueva llegada de trabajadores temporeros a la localidad toledana, un hecho que viene repitiéndose desde hace varios años, y les solicitaron la documentación pertinente sobre las pruebas COVID que necesitan para ejercer su profesión con seguridad. Cuando los jornaleros del campo informaron sobre su lugar de residencia, los guardia civiles comprobaron las pésimas condiciones de habitabilidad de la nave en la que las 25 personas estaban viviendo.

Nave alquilada como almacén

En ese momento comenzaron las averiguaciones para localizar al dueño de la nave investigada, que informó a la Guardia Civil de que, como en años anteriores, se la había alquilado al administrador de una empresa con sede en Las Pedroñeras que, en principio, le iba a dar al espacio un uso exclusivo de acopio de maquinaria o almacenaje.

La ducha en la que se lavaban los temporeros.

Fue entonces cuando la Guardia Civil identificó al gerente de la empresa y solicitó la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo para realizar una nueva inspección conjunta en la nave, que se realizó el pasado 9 de julio, levantándose acta de la situación en la que se encontraban estas personas.

A finales del mes de agosto, los agentes pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Ocaña las diligencias instruidas con el fin de citar judicialmente como investigado al administrador de esta empresa conquense, responsable de la contratación de estas personas, por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.