El Ayuntamiento de Toledo ha recordado que carece de competencia para fijar los valores catastrales, algo que corresponde al Ministerio de Hacienda, tras haber sido condenado por "enriquecimiento injusto" y ha defendido que las sentencias en relación al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) son contradictorias.

Así se ha pronunciado a preguntas de periodistas la viceportavoz del Gobierno local, Maite Puig, a propósito de la información publicada este viernes por el diario La Tribuna de Toledo según la cual los tribunales han condenado al Consistorio toledano a devolver el importe del IBI cobrado "indebidamente" en la capital desde 2012 a 2014.

Tras reiterar que el Ayuntamiento respeta todas las decisiones judiciales, la edil ha asegurado que se trata de criterios técnicos, no políticos, si bien, a renglón seguido, ha agregado que todas las sentencias son anteriores a 2015 y que no existe una jurisprudencia "clara" y "definitoria" sobre este asunto.

En este punto, ha sostenido que existen corrientes contrapuestas desde el punto de vista jurídico en torno a esta cuestión. "Hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que cumpliremos y otras que nos dicen que no tenemos que revisar los recibos", ha afirmado.

De su lado, la portavoz del PP en el Consistorio toledano, Claudia Alonso, ha exigido explicaciones al Gobierno municipal por "ocultar la condena al Consistorio por enriquecimiento ilícito con el cobro del IBI" y le ha emplazado a "detallar con urgencia el coste total para las arcas municipales del importe a devolver".

Asimismo, Alonso ha subrayado la falta de transparencia del Equipo de Gobierno, pues “a pesar de que ha habido varias comisiones de Urbanismo de forma reciente, ni por esta vía ni por ninguna otra han dado cuenta de la sentencia”. “Queremos saber desde cuándo el Ayuntamiento tenía constancia de esta resolución judicial y queremos que explique por qué la ha mantenido oculta”, ha dicho.

Y es que, según Alonso, los toledanos tienen derecho a saber “a cuánto dinero va a ascender la devolución de los recibos que va a tener que ejecutar el Ayuntamiento por los recibos de IBI que están mal girados, correspondientes a los años 2012 a 2014”. Por último, ha advertido del “riesgo de ruina que puede suponer para la ciudad la resolución del recurso pendiente sobre la ponencia de valores catastrales”. Por ello, ha pedido a los responsables socialistas municipales “que asuman de una vez las responsabilidades que no han asumido durante estos años por su clara responsabilidad en los cobros incorrectos del IBI que, además de haber arruinado a familias enteras, los tribunales están tirando por tierra”.