El Grupo Popular en la Diputación de Toledo ha asegurado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha condenado al presidente de la Institución, Álvaro Gutiérrez, "por violación de derechos fundamentales, al haber impedido al Grupo Popular realizar su labor de oposición negándose a entregarles la documentación sobre contrataciones laborales de julio a diciembre de 2015".

Los 'populares' han señalado que el Alto tribunal impone además las costas del proceso, confirmando la anterior del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, que daba la razón a su partido "y ponía en evidencia que el presidente de la Institución Provincial, Álvaro Gutiérrez, se había negado a facilitar copias de los documentos de dichas contrataciones laborales".

"Hasta en seis ocasiones se solicitó la documentación a la Diputación, sin respuesta alguna, y sin que ni siquiera posteriormente a la interposición del recurso conste la entrega", señalan desde el PP, suscribiendo las palabras del TSJCM.

"El TSJCM tumba todos los argumentos de Gutiérrez y destaca textualmente que la vulneración del derecho constitucional recogido en el art.23.1 de la Constitución no se salva, ni manifestando que la documentación estaba a disposición de los peticionarios".

Tampoco, según el PP, "por mucho que la Diputación se esfuerce en sostener que los decretos solicitados pudieran haberse consultado en el Portal de Transparencia de la Diputación, como señala la sentencia de instancia esa plataforma no contenía información de todo el periodo solicitado, y no hay que olvidar que junto a los decretos se interesaba también la facilitación de los contratos laborales de ese periodo, lo que hacía exigible la entrega a los peticionarios, que no se produjo".

La Diputación lo niega

"Ante la ignominiosa nota de prensa del Grupo Popular en la Corporación Provincial sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desde la Diputación provincial se aclara que siempre se han atendido las peticiones formuladas sobre decretos", ha asegurado la Instiución provincial mediante otro comunicado.

"Si bien es cierto que desde el Gobierno de la Diputación de Toledo se quiere mostrar el más absoluto respeto a las sentencias judiciales, no puede negarse la sorpresa de que la justicia haya negado la validez de los documentos aportados, pues desde la Institución se consideraba suficientemente acreditado el asunto con el certificado firmado por el secretario general", explica.

"Tal y como queda de manifiesto en el envío del señor secretario general de la Diputación de Toledo, los decretos solicitados por el presidente del Grupo Popular, Emilio Bravo, fueron entregados en papel a la señora Valle Arcos, tal y como queda constatado en el documento adjunto", añade.

"Resulta curioso que sea precisamente el PP quien se atribuya valores de ejemplaridad cuando tiene que explicar numerosas irregularidades en la pasada legislatura en cuanto a contratación de personal de manera parcial y sectaria", dice también el Gobierno de la Diputación, que insiste en que "acata la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha", que "deja claro que se atendió la petición del Grupo Popular de los documentos solicitados y se respondió con prontitud y solvencia a los requerimientos del Juzgado".