La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de El Olivar (Guadalajara), cuyas normas subsidiarias prohíben instalar molinos de viento y huertos solares en el municipio si no es para autoconsumo, justificar la necesidad y proporcionalidad de esta restricción, o que la anulen.

Esta es una las actuaciones de la CNMC en relación a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Entre ellas, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo pide en unos pliegos que un arquitecto o arquitecto técnico coordine la seguridad y la salud de las obras de La Torre de Valencia.

Según la CNMC, este requisito de solvencia profesional supone un límite al ejercicio de la actividad que se contrata, no se ha justificado y, por tanto, resulta contrario al artículo 5 de la LGUM.

En Sevilla, el Ayuntamiento ha desestimado, por silencio administrativo, la autorización que pedía la empresa Tuk Tuk Trips para comenzar a prestar servicios de transporte turístico en la ciudad, una decisión que según la CNMC es contraria a los artículos 5 y 9 de la LGUM, ya que no ha sido justificada por el Ayuntamiento en términos de necesidad y proporcionalidad.

De su lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado a la empresa L'Arc de Gràcia que cese su actividad como alojamiento turístico, ya que solo tiene licencia para ser una residencia de estudiantes y, según la CNMC, la resolución del Ayuntamiento no supone un obstáculo a la aplicación de la LGUM, porque no impide que la empresa desarrolle la única actividad económica que ejerce (alojamiento de estudiantes).

Respecto a la Comunidad de Madrid, que ha convocado unas subvenciones para formación de desempleados durante el 2023 que incluye requisitos discriminatorios, según los artículos 3 y 18.2 de la LGUM, la CNMC ha formulado un requerimiento previo contra la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

En Villalobón (Palencia), el Ayuntamiento ha rechazado la declaración responsable del operador Adamo Telecom Iberia para desplegar fibra óptica en el municipio, lo que para la CNMC supone un límite al acceso y ejercicio de la actividad y es contraria a la libertad de establecimiento, ya que impide a la compañía de telecos prestar el servicio y no lo justifica en ninguna razón imperiosa de interés general.