La plataforma ciudadana 'Stop macrogranjas en Cardenete y Comarca' ha entregado al alcalde de Cardenete, Francisco José Cócera, 1.500 firmas reclamando acciones cotundentes contra los "impactos medioambientales y sociales" que la instalación de macrogranjas de porcino está teniendo en el municipio. 

Según ha informado Pueblos Vivos Cuenca, fue el pasado sábado cuando se llevó a cabo la entrega conjunta de tres grupos de firmas recopiladas en diferentes momentos para "dar cuenta de la constancia de la demanda ciudadana".

La primera recogida, de 973 firmas, se realizó hace cinco años "al comenzar a percibirse los primeros impactos, fundamentalmente los malos olores". Las otras dos campañas se han venido realizando desde el verano pasado hasta el momento, siendo una presencial -808 firmas- y otra a través de la plataforma Change.org -660 firmas-, que han sumado un total de 1.468 personas adheridas a la petición de medidas correctoras para "reducir los impactos negativos de las macrogranjas en agua, tierra y aire, derivados fundamentalmente de la gestión de los purines".

En esta petición se solicita también que se impida la instalación de más macrogranjas de ganadería industrial. Según la plataforma, estas explotaciones "son calificadas erróneamente como ganadería, lo que permite su instalación en terreno agrícola, cuando su actividad tiene impactos propios de una industria".

Impacto negativo en el municipio

'Stop macrogranjas en Cardenete y Comarca' ha explicado que la actitud del regidor durante la reunión mantenida fue "de escucha y diálogo" y ha destacado como puntos de encuentro "el reconocimiento de los impactos negativos y de la escasa incidencia real de estas instalaciones en el desarrollo económico y social del municipio, objetivo que inicialmente motivó la aprobación de la macrogranja actual de 6.370 cerdos de cebo".

Concretamente, según ha indicado, "a las arcas municipales solo aporta el correspondiente impuesto de bienes inmuebles (IBI), ha generado apenas dos puestos de trabajo, que son los de los promotores, y ha abierto una brecha social para la convivencia del pueblo, que ha llevado a muchos vecinos a sentir miedo de manifestarse en público".

Por su parte, Cócera explicó que "hay mucha limitación a la hora de controlar los vertidos ilegales de purines, pues no se dispone de personal propio para tales funciones". Asimismo, trasladó a la plataforma otras dificultades como "la facilidad con la que los promotores adquieren terrenos de otros propietarios" y "el propio marco legal, que permite esta industria aun con sus impactos medioambientales".

El alcalde manifestó que "hay muchas dificultades para que puedan instalarse más macrogranjas en el municipio, ya que actualmente no reúnen las condiciones establecidas en el marco normativo" e informó de que el Ayuntamiento está "construyendo con residuos sobrantes de una empresa de construcción local un cortavientos para mitigar los malos olores procedentes de la instalación, situada a poco más de un kilómetro".

En referencia a la actual moratoria vigente en la región hasta finales de 2024, el edil reconoció que, de momento, "la Junta no se ha reunido con los alcaldes de ayuntamientos afectados por estas instalaciones, del mismo modo que no ha hecho con las asociaciones del movimiento ciudadano en contra de la ganadería industrial".

Peticiones de la plataforma

Desde la plataforma solicitó al alcalde una mayor labor pedagógica para que la ciudadanía tome conciencia de que "los impactos de la macrogranja no son sólo los que se perciben actualmente, sino que a largo plazo implican una pérdida de biodiversidad y condiciones de vida saludable, las cuales hacen que el pueblo sea menos atractivo, tanto para el arraigo como para el turismo". De hecho, "las viviendas en venta han aumentado de forma acusada sin que haya personas interesadas en adquirirlas".

Tal y como ha informado, la petición se ha elevado a las administraciones provincial, autonómica y estatal, "instando a que pongan a disposición del Ayuntamiento los medios necesarios para hacer frente a las medidas correctoras necesarias, y así garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas".