Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real.
El Ayuntamiento de Ciudad Real aprueba una Zona de Bajas Emisiones "poco restrictiva" con el único voto en contra de Vox
El Gobierno local del PP ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito.
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El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y Prioridad Peatonal con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito y el voto en contra de Vox.
El Ayuntamiento cumplirá con la normativa europea y estatal que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, como Ciudad Real "no presenta problemas de contaminación, la ordenanza se ha diseñado de forma poco restrictiva y adaptada a la realidad de la ciudad".
Así lo ha expresado el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, que ha detallado que el objetivo es "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reforzando el modelo de ciudad amable y accesible, sin imponer ni generar dificultades a vecinos".
"La ordenanza no viene a sancionar, sino a ordenar, sumar y mejorar. Servirá para consolidar un modelo urbano que ya ha reducido de forma proactiva el tráfico rodado gracias a una zona peatonal más amplia y a la priorización del peatón. Es una oportunidad para seguir avanzando en una ciudad más saludable, sostenible y pensada para las personas", ha expresado.
Más asuntos
Durante el pleno también se ha aprobado por unanimidad la proposición del PSOE para la modificación puntual del Reglamento Orgánico del Pleno y de la Administración General (ROPAG).
Una revisión que "permitirá estudiar la ordenanza desde una comisión específica y dotará al Ayuntamiento de mayor agilidad, flexibilidad y claridad normativa", tal y como ha detallado el portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo.
Por otra parte, el pleno ha rechazado la propuesta de Vox sobre "la supresión de contenidos ideológicos en el sistema educativo de Castilla-La Mancha, así como la propuesta relativa al establecimiento y regulación del precio público por la realización de actividades de Juventud e Infancia.
