Mina de Fontanarejo.

Mina de Fontanarejo.

Ciudad Real

Piden en los tribunales paralizar una mina "ilegal" con elementos radioactivos en un pueblo de Ciudad Real

Los ecologistas aseguran que el proyecto vulnera la normativa ambiental, ignora el proceso judicial abierto y pone en riesgo la salud pública por posibles emisiones de radón y uranio.

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La Plataforma No a la Mina de Fontanarejo, representada legalmente por Ecologistas en Acción, ha presentado una denuncia ante las administraciones competentes para exigir la paralización inmediata de las obras de la futura mina de fosfatos en el municipio.

Según la organización, los trabajos comenzaron a mediados de octubre fuera del plazo legal establecido por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que supondría una vulneración grave de la normativa vigente.

La DIA que autorizaba el proyecto tenía una vigencia máxima hasta el 5 de febrero de 2024. Sin embargo, la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento es de fecha 28 de julio de 2025 y los trabajos comenzaron meses después, en octubre de 2025.

Para la plataforma, esto convierte la licencia municipal en "ilegal", ya que no puede concederse sin una DIA en vigor.

Acceso a la documentación

Además, denuncian que el procedimiento municipal de acceso a la documentación ha sido "oscurantista", ya que no se facilitaron los informes solicitados en tiempo y forma.

La plataforma recuerda que existe un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Declaración de Impacto Ambiental.

Restitución del terreno

Si la sentencia fuese favorable, implicaría la restitución del terreno a su estado original, algo que consideran "irreversible" si continúan las obras, que ya han destruido parte de la cubierta vegetal.

Entre la documentación presentada por la plataforma para impugnar la DIA figura un informe que alerta de la presencia de elementos radioactivos en el suelo, incluidos altos niveles de gas radón.

Salud de los habitantes

Ángel de la Cuesta Gómez, químico y autor del informe, advierte de que "no se han realizado los estudios necesarios para garantizar la salud de los habitantes", especialmente ante la posibilidad de que las voladuras liberen partículas en suspensión con radón y uranio.

Otros informes aportados por Ecologistas en Acción señalan impactos relevantes sobre la flora, la fauna, la hidrología y la calidad del aire. Francisco José Sarrión, biólogo de la organización, subraya que "la DIA aprobada incluía estudios muy deficientes" y que las partículas de polvo podrían llegar al casco urbano, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cáncer.

Consulta popular

La oposición al proyecto continúa creciendo. La Plataforma No a la Mina ha reunido más de 100.000 firmas en Change.org y logró el apoyo de más de la mitad del censo local —120 de 220 habitantes— para solicitar una consulta popular sobre el proyecto.

Pese a que la mina fue presentada inicialmente como una oportunidad para revitalizar la "España vacía", la plataforma asegura que "no se ha generado ningún puesto de trabajo ni se prevé que esto ocurra".

Ecologistas en Acción denuncia, además, que la empresa promotora no ha acreditado:

  • La designación del responsable del Plan de Seguimiento Ambiental.

  • La comunicación previa del inicio de las obras con 10 días de antelación.

  • La documentación relativa a la calificación urbanística del proyecto.

Impacto

La plataforma advierte también del impacto sobre especies vegetales singulares, como las jaras protegidas del camino de Porzuna, cuya situación actual tras las obras se desconoce.

Ante lo que consideran "irregularidades graves y acumuladas", Ecologistas en Acción exige la paralización inmediata de los trabajos y solicita la intervención del SEPRONA para evitar un daño ambiental "aún mayor".

La plataforma mantiene su confianza en que el tribunal declare la nulidad de las obras y detenga definitivamente el proyecto minero.