El Servicio de Emergencia Ciudad Real ha señalado hoy que la petición de reubicación de los bomberos afectados por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que hoy han pedido no ser despedidos se resolverá en base a los informes jurídicos que reciba.

En un comunicado, el Consorcio de Emergencia Ciudad Real ha recordado que los 37 bomberos seleccionados tras haber finalizado el proceso de la Oferta de Empleo Pública (OEP) de 2015, ejecutada por el Consorcio del Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real (SCIS), se incorporarán próximamente a su puesto de trabajo.

De esta forma, el Consorcio cumplirá el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que en auto de 19 de octubre de 2016 ordena a este organismo en su parte dispositiva "que convoque de inmediato la oposición libre para cubrir 37 plazas de bombero y 1 de auxiliar administrativo, sin reserva alguna para consolidación".

En este largo proceso, el Consorcio ha actuado siempre al amparo de lo ordenado por el Tribunal Supremo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ciudad Real, que es el encargado de vigilar el cumplimiento de dicha sentencia.

De ahí, que en todas las sentencias y autos judiciales que hasta la fecha se han resuelto, los juzgados siempre han dado la razón al Consorcio, condenando en costas, en varias ocasiones, tanto al sindicato CSIF como a un grupo de bomberos afectados.

Propuesta de reubicación

Sobre la propuesta de reubicar a una parte de los bomberos afectados por la sentencia en las plazas vacantes existentes (14) y las que se han generado por las jubilaciones, el Consorcio ha dicho que adoptará la decisión que corresponda basándose en los informes jurídicos solicitados, como ha hecho durante todo el proceso.

De este modo, trasladará la petición de reubicación de los bomberos afectados al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 y una vez cuente con los informes jurídicos pedidos informará a los sindicatos representados en el Consorcio.

El Consorcio también ha criticado que los bomberos afectados utilicen ataques personales contra el presidente del organismo sin tener en cuenta, a su juicio, que en este proceso se están siguiendo los sucesivos mandatos judiciales en los que no cabe interpretación política.