Emiliano García-Page ha lanzado este lunes un mensaje inequívoco al Gobierno horas antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La "condición sine qua non" para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica es que ninguna comunidad autónoma lo hiciera de forma independiente con el Estado para tener privilegios sobre las demás, en una clara alusión a Cataluña.
"No vamos a admitir bajo ningún concepto ningún privilegio", ha advertido el presidente de Castilla-La Mancha. El dirigente socialista, además, ha recordado que este tipo de prebendas económicas dentro del régimen común de la financiación están "expresamente prohibidas en el artículo 138 de la Constitución". "No caben interpretaciones del Tribunal Constitucional como ha ocurrido con la amnistía", ha zanjado.
"Lo primero es que solo haya una mesa de negociación y que claramente se rechace todo tipo de privilegios", ha insistido Page. "Esta es una condición esencial para que podamos fraguar un acuerdo. Que nadie se engañe. Lo tiene que tener muy claro la ministra y el Gobierno", ha advertido refiriéndose a la titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero.
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, después de firmar en Tórtola de Henares (Guadalajara) un protocolo para la inversión en consultorios locales de la provincia de Guadalajara, ha contextualizado que, tras 11 años de retraso en la reforma del modelo de financiación autonómica, el Estado dispone ahora de más recursos para repartir entre las comunidades.
"Más va a haber para todos, pero no se trata solo de que haya más dinero, sino de cómo se reparte", ha señalado. Y, sobre la postura de los partidos independentistas catalanes, ha lamentado: "Ellos no dicen que quieren más. Ellos quieren más que los demás y por sistema. ¿Es que son especiales? ¿Les afectan de forma distinta los infartos o la oncología? ¿Necesitan tener tres profesores en vez de uno? No nos engañemos".
En la misma línea, Page ha continuado: "No caben financiaciones singulares, porque la sanidad, la educación y las prestaciones sociales no permiten ningún tipo de privilegios. Esa es la condición sine qua non".
Además, el presidente de Castilla-La Mancha había reconocido que teme que la negociación de la financiación no se afronte con sinceridad y que todo termine en un mero gesto político sin efectos reales. Y ha fijado el objetivo de la negociación de la comunidad en "apuntalar, garantizar y completar el sistema universal de sanidad y el educativo para que la gratuidad llegue a la educación de 0 a 3 años y para dar un máximo de cobertura social para la gente que más lo necesita".
Multilateralidad y bilateralidad
Durante el encuentro, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.
Un documento que "combinaría multilateralidad con bilateralidad", tal y como han indicado diferentes consejeros autonómicos tras la reunión, que ha durado unas cuatro horas.
Sobre esta combinación, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que Montero ha matizado que "la bilateralidad solo la concibe para aquellas competencias propias de la comunidad". "Si no, es imposible sorber y soplar al mismo tiempo", ha expresado el castellanomanchego.
Elevar cesión de figuras tributarias
En la rueda de prensa posterior, la propia María Jesús Montero ha asegurado que ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada con el nuevo sistema de financiación. Y ha anunciado que en algunas figuras tributarias se va a incrementar el porcentaje de cesión a las regiones.
La titular de Hacienda ha explicado que el Ejecutivo va a presentar la totalidad del nuevo sistema "en una sola vez" y, por tanto, irán implícitas todas las modificaciones. De esta forma, cada territorio podrá ver cómo se comporta globalmente el sistema de financiación para su territorio.
Montero ha explicado que el nuevo modelo será aplicable a todas las comunidades autónomas de régimen común, "lo que no impedirá tener en cuenta y respetar singularidades o particularidades territoriales". Y contará con más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia.
Además, aumentará la capacidad normativa de las comunidades en un marco de corresponsabilidad fiscal, pero también de respeto a su autonomía. Las comunidades podrán asumir también mayores competencias en la gestión tributaria, sin que esto impacte en la implantación total de la política fiscal en el conjunto del territorio.
Su idea es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica. A partir de ahí, el modelo se llevará para su aprobación por parte del Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso de los Diputados. "Mi intención es que antes de que acabe la legislatura esté aprobado, entrando en vigor en 2027", ha asegurado.