El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha un protocolo general de actuación de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha en favor de la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal. Así lo ha indicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en el pleno de las Cortes durante el Debate General sobre el problema de la ocupación de viviendas en Castilla-La Mancha presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Concretamente, ha avanzado que este protocolo se basa en pedir al Gobierno de España que apruebe la PNL contra la ocupación que se aprobó en las Cortes, establece acciones para movilizar la vivienda vacía o regular el concepto de vivienda deocupada con carácter permanente como requisito previo para que las entidades locales incluyan gravámenes en el IBI a las viviendas de grandes tenedores.

También solicita al Gobierno que garantice la seguridad aumentado la presencia policial, y se establezca un registro de viviendas vacías, que los servicios sociales intervengan para estudiar los casos de las familias con necesidad habitacional, se potencien las oficinas de vivienda y se den incentivos fiscales en municipios donde exista alta demanda de vivienda, baja oferta y una alto nivel de ocupación. Pide que la Junta siga con su compromiso de políticas de acceso al alquiler y vivienda y que se hagan efectivos los acuerdos alcanzados con la Sareb.

Nueva orden de alquiler

Durante su intervención, Hernando también ha avanzado que la Junta prepara una orden de alquiler con garantías especiales, que ya se está tramitando, con la que incentivará a los pequeños propietarios para que puedan ofertar su vivienda en alquiler a un precio asequible pero con garantías. Hernando ha concretado que la Junta no está a favor de regular la limitación de los alquileres en Castilla-La Mancha y que considera "mucho más útil y progresista" plantear incentivos para que voluntariamente los particulares puedan poner un piso en alquiler a un precio asequible.

La resolución de los socialistas pasa por continuar trabajando en el desarrollo normativo del concepto de vivienda deshabitada o desocupada para que los Ayuntamientos puedan adoptar medidas que incentiven la puesta en el mercado de este tipo de viviendas, contribuyendo así a la lucha contra la ocupación ilegal o seguir apostando por políticas que contribuyan a incrementar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha.

Críticas al PP

Durante su intervención, el consejero ha aprovechado para cargar contra el PP por criticar que la Junta vaya a definir y crear la figura de vivienda vacía y que los alcaldes puedan grabar con más IBI a los grandes tenedores y se pueda combatir así la ocupación ilegal.

Hernando ha aclarado al PP que cambiar el concepto de vivienda vacía es algo que le han pedido a la Administración regional los alcaldes de Castilla-La Mancha que no tienen herramientas para combatir este problema y viven situaciones "tan lamentables" como que estén siendo amenazados de muerte. Es por ello por lo que ha señalado que decirles a los grandes tenedores que tengan que pagar un IBI mayor para que denuncien la ocupación y que el PP lo critique "es que quieren ser cómplices de ellos", ha dicho, acusando a los 'populares' de mentir y desinformar.

Opiniones de la oposición

Durante el debate, el diputado de Ciudadanos, Javier Sevilla, ha indicado que la ocupación es un problema grave y ha advertido al Gobierno regional que todas las soluciones que se lleven a cabo deben tener una dotación presupuestaria detrás, pese a que ha señalado que la política de incentivación de la Junta "es el camino correcto".

Desde el PP, la diputada María Roldán ha criticado al consejero de Fomento por "ponerse el traje de Robin Hood" para tapar "el desastre" de su gestión al frente de la Consejería, señalando que la Junta "rehuye" dar soluciones a un problema "real" que hay en la región y que el PP no permitirá que se suban los impuestos "a los de siempre".

La resolución de los 'populares' pasa por su posición a incorporar un cambio normativo en la Comunidad Autónoma para definir y crear la figura de vivienda vacía, como forma de dar herramientas a los alcaldes, para que puedan gravar con más IBI y más tasas a esas viviendas que llevan tanto tiempo sin estar al servicio de la gente y rechazan toda justificación o medida de apoyo al denominado movimiento "okupa".