El grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado este lunes una proposición de ley para elevar al Gobierno central un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.

La proposición de ley, registrada este lunes en las Cortes y a la que ha tenido acceso Efe, está compuesta de once artículos recogidos en cuatro títulos, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, a través de los cuales se pretende dar una "respuesta integral, ágil y eficaz a la necesaria tutela del patrimonio inmobiliario y de la seguridad ciudadana y convivencia vecinal como consecuencia del auge de la ocupación ilegal de inmuebles sin justo título".

El objetivo de la misma es combinar adecuadamente una "respuesta firme" contra la actuación delictiva, pero sin renunciar a salvaguardar y garantizar apropiadamente la protección a la infancia y a la adolescencia.

Uno de los elementos que recoge esta ley es el reforzamiento de la tutela penal contra la ocupación ilegal mediante la reforma de leyes estatales como el Código Penal, la Ley Orgánica reguladora del Tribunal del Jurado o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Reformar el Código Penal

En concreto, se propone reformar el Código Penal para que quien, sin habitar en ella, entre en una casa ajena o se mantenga en la misma contra la voluntad de su morador, sea castigado con la pena de prisión de uno a tres años y, si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Se plantea, asimismo, que sean penas superiores si el allanamiento reviste especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia, si la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad, discapacidad, enfermedad o situación, o cuando el que comete el delito forme parte de un grupo u organización criminal.

También se propone que las penas sean mayores cuando la ocupación ilegal tenga por finalidad la comisión de otros hechos delictivos, por los mismos ocupantes o por terceros, o cuando el inmueble, vivienda o edificio ajeno ocupados, sean ocasionalmente utilizados para la realización de actos delictivos, sin perjuicio de las penas que corresponda imponer por los delitos cometidos.

La proposición de ley también aboga por el reforzamiento de la tutela civil contra la ocupación ilegal y reconoce a las comunidades de propietarios como posibles denunciantes de una ocupación.

Fraude de ley

Por otro lado, y sobre la regulación del Padrón municipal, la proposición de ley establece que la incurrirán en fraude de ley quienes pretendan inscribirse en el padrón municipal sin justificar el título que legitime la propiedad o derecho de posesión de la vivienda que alegan como domicilio habitual.

En este sentido, el legítimo titular o poseedor de la vivienda podrá manifestar ante el Ayuntamiento su oposición a dicha inscripción y, en tal caso, el Ayuntamiento no procederá a la inscripción o las mismas serán canceladas, de oficio, tan pronto como el Ayuntamiento tenga conocimiento del fraude o de la oposición, respectivamente.

Además, en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local se tipificarán como infracciones muy graves una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable.

También se propone que sean infracciones muy graves los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.