Más de 3.500 profesionales socisanitarios se han dado de alta en una semana en la bolsa de trabajo que abrió el Gobierno de Castilla-La Mancha para aquellas personas que quisieran trabajar en centros públicos y privados para hacer frente al COVID-19.

Desde el pasado 1 de abril que el Gobierno regional abrió el proceso, se han dado de alta alrededor de 3.500 personas, de las cuales el 29 por ciento pertenecen a puesto de auxiliares de enfermería, ayuda a domicilio o gerocultores; un 26 por ciento a limpieza, un 20 por ciento cocina y el 25% de otros profesionales de trabajo social, fisioterapia y logopedia.

Así lo ha desgranado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido el presidente regional, Emiliano García-Page, con representantes del sector social de la región.

Sánchez ha puesto en valor la importancia de esta bolsa para suplir a aquellos profesionales que se han visto afectados por el virus, han tenido que coger la baja médica, se han tenido que aislar en casa o a aquellos profesionales afectados que están trabajando telemáticamente.

En relación al servicio de ayuda a domicilio, la consejera del ramo ha cifrado en 9.164 las personas atendidas en toda la región por 2.700 profesionales. Sánchez ha especificado que aunque se sigue prestando este servicio, a pesar de que ha disminuido porque muchas personas han renunciado al mismo, se han reducido o sustituido horas de atención.

Asimismo, el Gobierno regional ha facilitado un total de 156 dispositivos móviles en los pueblos más pequeños de la región -zonas PRAS- habilitados para que cualquier usuario o administración pueda llamar por teléfono para cualquier trámite.

Las Zonas del Programa Regional de Acción Social (PRAS) las constituyen municipios con una población inferior a 3.500 habitantes y están conformada por una agrupación de municipios.

Ingreso mínimo vital

La consejera de Bienestar Social ha señalado que su departamento está "a la espera" de que el Gobierno central desarrolle el Ingreso Mínimo Vital que ha sido anunciado, y que es "aplaudido" por Castilla-La Mancha, a lo que ha añadido que el Ejecutivo van a desarrollar un plan de emergencia para la población con dificultades concretas.

En esta línea, ha remarcado que el presidente de la región, Emiliano García-Page, ha mostrado su predisposición para reunirse con el tercer sector para poder dar una respuesta a las necesidades que plantea la ciudadanía.

También, ha destacado la consejera, el Gobierno regional trabaja en apoyar a las familias de los residentes que están aislados, mediante profesionales que se desplazan a las residencias y les facilitan la comunicación con sus familias.

Ha reconocido además que se hace "muy difícil" la gestión en su área en esta crisis sanitaria, ya que hay que combinar la atención a mayores con otros ámbitos como las familias con dificultades y ha incidido en que el futuro habrá que "adaptar el modelo residencial a estos nuevos tiempos". Asimismo, ha reconocido que el trabajo sanitario en estas residencias está siendo "impecable".

En Castilla-La Mancha hay en torno a 400 residencias que ahora atienden a 27.000 personas, de las cuales 263 tienen subvención pública y unas 10.000 personas trabajan en las residencias concertadas.