La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se ha reunido con representantes de la entidad financiera Cetelem para plantear una serie de propuestas, con objeto de mejorar la situación en la que se encuentran las personas que contrajeron préstamos con dicha entidad para financiar tratamientos odontológicos con iDental.

Entre estas medidas destaca la no exigencia de peritajes para poder recalcular las cuantías que permitan proceder a la cancelación parcial o total de la deuda contraída, si éste es el deseo de la persona afectada, aceptándose al respecto la presentación de un informe emitido por profesionales odontólogos, acompañado del correspondiente presupuesto inicial, ha informado la Junta en una nota.

Otras medidas propuestas hacen referencia a la no remisión de datos a ficheros de registro de deudores en los supuestos de impago de cuotas, así como atender de manera singularizada aquellos casos en los que se dé una situación de extrema vulnerabilidad. Se trata de una más de las actuaciones que la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo en los últimos meses tras las reuniones mantenidas con los colectivos de afectados, y que pretenden sumar de forma coordinada las distintas soluciones y aportaciones que puedan poner a su disposición cuantas entidades e instituciones estén relacionadas con este asunto.

Primeras medidas cautelares

El pasado 5 de febrero, el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional acordó adoptar como medida cautelar la suspensión de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos, firmados con las clínicas del Grupo IDENTAL, sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que se hayan celebrado de forma particular o colectiva por las asociaciones de consumidores o perjudicados.

Asimismo, el juez también acuerda requerir a las entidades financieras que hayan suscrito tales contratos de crédito que cesen en las reclamaciones descritas, así como abstenerse de incluir en ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados y, asimismo, procedan a retirar de los registros citados a aquellas personas cuya inscripción se solicitó por el impago de los créditos.

Esta medida cautelar corrobora las propuestas planteadas por la Consejería de Sanidad en los últimos meses a las distintas entidades financieras y los acuerdos alcanzados con ellas, a través de las diversas reuniones que se han venido manteniendo.