Los senadores del Partido Popular de la provincia de Toledo, Vicente Tirado, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa, han exigido al Gobierno de España durante una rueda de prensa que la profesión de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional sea declarada de riesgo debido a "la peligrosidad de la actividad que desarrollan".

Ha sido el propio Tirado quien ha defendido una iniciativa para ello en la Cámara Alta, resultando aprobada con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE. El senador toledano ha asegurado que es "un deber ético y moral" hacerlo, sobre todo después de los trágicos acontecimientos que han costado la vida a cuatro guardias civiles tanto en Barbate (Cádiz), donde fueron arrollados por una narcolancha, como en Los Palacios (Sevilla), donde resultaron atropellados por un camión durante un control.

Tirado ha recordado también "la impagable labor que realizan" tanto guardias civiles como policías, que ha calificado como "un pilar básico para nuestra Democracia y nuestro Estado de derecho".

Vicente Tirado, en el centro, acompañado de Miguel Ángel de la Rosa (d) e Israel Pérez (i).

Asimismo, ha lamentado que los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional padezcan un "agravio comparativo" con respecto a sus compañeros de otras policías locales y autonómicas cuya profesión sí es considerada de riesgo.

En este sentido, el senador 'popular' ha explicado que las jubilaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil se solicitan en la actualidad con 30 años de servicio y 60 años de edad, con la pérdida correspondiente de poder adquisitivo que ello conlleva. Sin embargo, en las policías locales y autonómicas como la Ertzaintza, los Mossos D’esquadra o la Policía Foral Navarra, que sí tienen reconocida la profesión de riesgo, los agentes pueden jubilarse a los 59 años sin verse perjudicados económicamente.

"A igual peligrosidad, mismo reconocimiento; a igual trabajo, mismos derechos; y a igual trayectoria laboral, misma pensión", ha reclamado Tirado, que ha criticado que el PSOE no haya dado en el Senado su voto favorable "a una reivindicación justa y de sentido común".