Sindicatos y empleados de la administración pública regional no parecen estar muy de acuerdo con la forma en la que la Junta ha decidido reincoporarles a sus puestos de trabajo cuando Castilla-La Mancha pase a la fase 1 de la desescalada.

La situación es tal que se han producido denuncias contra la resolución del pasado día 10 de la Dirección General de la Función Pública que regula la reincorporación al trabajo a partir de que entremos en la Fase 1. La previsión de la Orden es que salvo que el trabajador pertenezca a un colectivo de riesgo por su situación de salud personal integrado en el Listado de enfermedades de Sanidad, o que en la pareja sean los dos funcionarios, todo el mundo se reincorporará físicamente a su centro de trabajo.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, la resolución no respeta el mandato de la Orden del Ministerio de Sanidad sobre el fomento de los medios no presenciales de trabajo y que prevé que siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos que puedan realizar su actividad laboral a distancia.

El Ministro se inclina por que se siga en teletrabajo como norma general, salvo que haya personas que necesariamente tengan que acudir físicamente al trabajo porque sean puestos de atención al público o porque no tengan teletrabajo.

La denuncia considera que el Ministerio debería llamar al orden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por imponer la presencia física en el puesto de trabajo de los funcionarios que están teletrabajando, al considerar que está en juego un derecho fundamental como es el derecho a la salud y a la integridad física, además de la salud pública, cuando la norma general que pretende la Dirección General de Función Pública es que todo los funcionarios abandonen el teletrabajo si se dispone de despacho individual como norma general.

Al hilo de esta cuestión, CCOO ha enviado escritos a las secretarías generales de las distintas consejerías explicando la batería de medidas que propuso el viernes pasado en la reunión del Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Administración general. Dichas medidas están encaminadas “a reducir los riesgos en la incorporación del personal”.

El sindicato dice que ya ha tenido conocimiento “de algunos casos en los que se toman medidas de reincorporación innecesarias, además sin negociar y poniendo en un riesgo casi negligente a los trabajadores y trabajadoras de la JCCM”.

De esta forma advierten que “allá donde nuestro sindicato tenga conocimiento del incumplimiento de la resolución de función pública o de la emisión de instrucción de reincorporación sin negociar, acudiremos directamente a la Inspección de Trabajo y en su caso, cuando corresponda, a los órdenes jurisdiccionales que sean pertinentes”.

Por otro lado, entienden que esta nueva situación “requiere sin duda alguna de un nuevo análisis para dar respuesta a riesgos que antes para nosotros simplemente no existían. Hemos solicitado por supuesto más medios para que los servicios de prevención puedan abarcar tan inmensa tarea, con una plantilla notoriamente necesitada de recursos, y que necesita refuerzos, pero como máximos responsables en materia de personal de sus respectivas unidades administrativas, les solicitamos que información hay al respecto de dicha evaluación de puesto”.

Finalmente, tras hacer un “llamamiento a la cordura” afirman que en la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, “el camino no debiera ser provocar la judicialización y el conflicto, debería ser escuchar a las partes y poner solución a los problemas futuros e inmediatos que se plantean. Eso significa ceder en ocasiones, máxime cuando lo que hay detrás de las propuestas son razones de fuerza que están respaldadas por la defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras públicas y de los propios servicios públicos”.