El historiador y periodista Mariano Sánchez Soler, en su libro “Los ricos de Franco” (Roca Editorial 2020), hace un minucioso repaso de la imbricación de la política, la banca y la empresa del régimen que durante años dirigió los destinos de España.

Familias que acaparaban el poder económico y financiero del país a la sombra de las buenas relaciones con el dictador Franco, su familia, o los gerifaltes del Movimiento. Sagas familiares ricas y poderosas por obra y gracia del generalísimo y su entorno como los March, Fierro, Koplowitz, Coca, Banús, Aguirre, Carceller… que hoy siguen figurando entre los clanes más prosperas del país. Acaudalados personajes que unieron su fortuna y su destino a la suerte del franquismo, y cuyos descendientes continúan desempeñando un papel dirigente en la sociedad actual.

El método se ha prolongado en la España democrática y empresarios en connivencia con el poder siguen hoy alterando concursos, adjudicaciones a cambio de oscuras compensaciones que en tantas ocasiones acaban en los Tribunales de Justicia y en la cárcel sus protagonistas. Igualmente por la Administración, en este caso de Hacienda, hemos vuelto a recordar por su reciente publicación las consecuencias de las andanzas en Castilla-La Mancha, entre otras empresas relacionadas con la Comunidad, de tres empresarios ciudadrealeños que desarrollaron gran parte de sus actividades profesionales al amparo del gobierno socialista de turno: los hermanos Barco Fernández y Domingo Díaz de Mera, señalados un año más por la Agencia Tributaria por sus deudas con Hacienda.

Antonio e Ignacio junto a Díaz de Mera construyeron un imperio del ladrillo a través de los grupos Lábaro, Global Consulting Partners o Globalmet, ambos en liquidación y con deudas a Hacienda por valor superior a los cincuenta millones de euros, además de otros diez millones de los dos hermanos como personas físicas. Una sociedad que también participó en proyectos megalómanos como el aeropuerto de Ciudad Real, el complejo de ocio El Reino de Don Quijote, o medios de comunicación, entre otros.

Bien tratados por el gobierno regional de José María Barreda, prometían con su connivencia miles de puestos de trabajo y un futuro halagüeño para el desarrollo y prosperidad del entorno donde se localizaban sus faraónicos proyectos. Planes fracasados que finalmente se liquidaban con créditos millonarios fallidos concedidos por entidades afines y con deudas con la Agencia Tributaria cada vez mayores. Una estirpe empresarial toxica que sigue funcionando bajo denominaciones distintas y actividades varias, y que representan el peor ejemplo de aquella clase social franquista que logró beneficios portentosos al realizar sus negocios con la complicidad y protección del régimen.