El río Tajo a su paso por Toledo.
A las puertas de cerrar 2025 —cumplido ya el primer cuarto del siglo XXI—, el río Tajo sigue fluyendo por Toledo y Talavera de la Reina como un espejo incómodo de la desidia política. Su estado actual no es fruto del azar, sino de una gestión de recursos hídricos que ayer y hoy continúa siendo inadmisible. Entre sentencias del Tribunal Supremo que la Administración ignora y requerimientos europeos que se postergan pese a las sanciones, el río paga el precio de una política que vive de espaldas a la ley y a la realidad climática.
Lo que debería ser un ecosistema vivo es, en la práctica, un curso de agua deteriorada que desmiente cualquier discurso oficial sobre sostenibilidad o transición ecológica. No es una percepción subjetiva ni un lamento localista: es el incumplimiento sistemático de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y de la propia jurisprudencia española.
La actual política hidráulica sigue priorizando intereses ajenos a la cuenca cedente, consolidando un modelo de trasvases ambientalmente insostenible y socialmente injusto. La comunidad científica es clara: el régimen de explotación del trasvase Tajo-Segura es incompatible con el mantenimiento de caudales ecológicos reales.
Modificar las reglas de explotación no es una opción ideológica, es una exigencia técnica. Resulta injustificable que, mientras el tramo medio del Tajo agoniza, se infrautilicen las infraestructuras de desalación en el Levante. Apostar por la desalación para usos agrarios —con un sistema tarifario regulado por el Estado— es la única vía para reducir la presión sobre la cabecera y avanzar hacia una gestión racional del agua.
La cruda realidad del "caudal": agua residual tratada
Los números son tozudos y revelan una realidad vergonzosa. Si estimamos un caudal medio del Tajo en Toledo de 30m³/s y la cabecera apenas aporta un caudal ecológico de 7m³/s, la conclusión es matemática: el Jarama aporta los 23m³/s restantes.
Es decir, más del triple del caudal que vemos y percibimos no es agua de río, sino del vertido de las macro depuradoras de la Comunidad de Madrid. Ese líquido grisáceo y maloliente que observamos al pasear por las riberas de Toledo es el resultado de mezclar el escaso caudal limpio con las aguas "depuradas" de los ríos Henares, Manzanares y Tajuña y que desembocan en el Jarama. Esta degradación se replica y agrava en Talavera de la Reina tras recibir los aportes del río Guadarrama y del Alberche.
Para revertir este deterioro ambiental, la hoja de ruta debe ser clara y ejecutarse de forma paralela en tres frentes:
- Cumplimiento legal inmediato: ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo sobre caudales ecológicos en la cabecera y sus afluentes.
- Blindaje de reservas: modificar las reglas del trasvase para elevar el umbral de reservas no trasvasables por encima de los actuales 400 hectómetros cúbicos, garantizando la resiliencia frente al cambio climático, con un descenso del agua trasvasada en los niveles 1 y 2, evitando así acometer acciones negativas para la cuenca cedente derivadas del estrés hídrico.
- Modernización y tecnología: incrementar la desalación en el arco mediterráneo y, fundamentalmente, exigir tratamientos terciarios y cuaternarios en las depuradoras de Madrid para que el agua vertida cumpla estándares de calidad real.
Defender un Tajo vivo no es un gesto romántico ni una reivindicación identitaria; es una obligación legal y una necesidad estratégica para el futuro de Madrid, Castilla-La Mancha y el Levante. Mantener el statu quo actual equivale a aceptar que el río sea un mero canal de paso, despojado de su función ecológica.
El Tajo no puede seguir siendo el gran sacrificado. Toledo y Talavera merecen un río digno. Defender el Tajo no es ir contra nadie; es hacerlo a favor de la ley, del territorio y de un futuro donde nuestro río deje de ser tratado como un recurso residual para ser, por fin, el bien común que siempre debió ser.
Francisco Rodríguez Montón es vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos en Castilla-La Mancha.
