El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de la eutanasia, que lleva dos años en vigor, desestimando íntegramente el recurso interpuesto en su día por el único partido político que defendía la vida hasta el momento de la muerte natural, con nueve votos a favor y dos en contra, y ello en base a un derecho a la autodeterminación que permite a la persona “decidir de manera libre y voluntaria el momento de morir en situaciones medicamente constatadas de enfermedades terminales”.

Entiende el Tribunal Constitucional que se garantiza así el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida, pues entiende que esta ley protege la vida frente a injerencias de terceros, porque garantiza suficientemente que la ayuda para morir se preste únicamente a quién, encontrándose en una situación de sufrimiento extremos y siendo sujeto capaz, así lo solicite.

Se interpreta, así mismo, que no es compatible con la Constitución Española mantener con vida a nadie en contra de su decisión, pues la Constitución no acoge una concepción de la vida desconectada de la voluntad de la persona titular del derecho e indiferente a sus decisiones sobre cómo y cuándo morir. Y desde ahí deriva que los poderes públicos tengan el deber de habilitar las vías necesarias para posibilitar la ayuda de terceros para morir porque el Estado no puede permanecer ajeno a esta situación trágica, porque de no posibilitarse tal ayuda podría conllevar a determinadas personas a tener un final indigno y doloroso de la vida.

El Tribunal Constitucional, así mismo, entiende que la ley prevé la disponibilidad de cuidados paliativos integrales si bien el tratamiento paliativo no constituye una alternativa en todas las situaciones de sufrimiento.

De un plumazo se ha creado a través de una sentencia un derecho a la autodeterminación, con carácter de derecho fundamental, respecto de la propia muerte en un contexto eutanásico, vinculado al derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral incluido en el sistema nacional de salud y considerándose además como una ley “absolutamente garantista” que responde a las demandas de la sociedad española actual.

Lo que el Estado nos está manifestando tras dos años de entrada en vigor de la ley es que sufrir no tiene ningún sentido y que el sufrimiento se termina con la muerte, intentando normalizar las prácticas eutanásicas, como algo bueno e incluso deseable para muchas personas. Ante los avances de la medicina para paliar el dolor sin embargo se ofrece como solución inmediata y rápida terminar con la vida, en lugar de aliviar y acompañar, en aras a una ideología de la muerte que va destruyendo a todos los niveles los pilares de nuestra sociedad y de nuestra cultura.

Desde luego la eutanasia en ningún caso es una opción buena porque se termina siempre con la vida de un ser humano, vida que es preciso no olvidar que siempre es un don para los demás, aunque estas palabras sean vacías para muchos, y cuesta creer que sea una decisión libre para quien sufre sin cuidados paliativos y que quizá en muchas ocasiones sufra de soledad o piense que su vida es o será una carga para sus familiares. Es por ello que la decisión de solicitar la eutanasia estaría condicionada siempre por la propia vulnerabilidad del ser humano enfermo y por tanto, no será nunca una decisión libre y que tendrá como efecto potenciar la eutanasia para los más pobres, desamparados y débiles.

Una vez más se ha hecho ley del sinsentido de una ideología que pretende terminar con la vida de los más vulnerables con apariencia de bien. A este paso cabe imaginar que nuestras leyes supuestamente tan garantistas terminarán por no necesitar de un código penal que sancione conductas contrarias a derecho, en base al principio a la autodeterminación de cada cual. ¿Ficción o realidad no tan lejana?