Mientras que el Gobierno del Partido Popular fue audaz y pionero en democracia promoviendo la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el actual desGobierno socialista ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley de información clasificada que, de inicio, ya cuenta con el máximo rechazo de gran parte de la profesión periodística y juristas por el grave recorte de derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión, de información y de acceso a la misma y con claras posibilidades de incurrir en algo a lo que nos tiene acostumbrados: la inconstitucionalidad.

Solo la presión de socios independentistas y del PNV, cuyo objetivo declarado y confeso es romper España, gracias a los cuales el todavía presidente Sánchez permanece en Moncloa, hace que se ponga en marcha el citado Anteproyecto fuera del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, por la vía de urgencia y dando solo del 3 al 9 de agosto como plazo de audiencia pública, en plenas vacaciones veraniegas, reduciendo a límites indecentes la posible participación ciudadana en un tema tan grave que afecta a derechos constitucionales fundamentales. Un claro cuadro de alergia a la transparencia, el consenso y el diálogo, así como una dilatada trayectoria en tendencias totalitarias y autocráticas encaminadas hacia la nueva censura de la opinión pública.

De salir adelante lo que pretende el Gobierno, toda la información que maneja la Administración es susceptible de convertirse en Secreto Oficial, lo que permitiría propiciar una mayor opacidad de la misma, pudiendo hacer imposible investigar y denunciar casos de corrupción ya que, además, obligaría a los periodistas a tener que guardar reserva en materias confidenciales o restringidas. Las sanciones previstas pueden llegar hasta tres millones de euros. Con una Ley así sería imposible que el caso de los ERE de Andalucía, el mayor caso de latrocinio de nuestra democracia, hubiese podido ser investigado.

Este Anteproyecto va en contra de la doctrina general del Tribunal Supremo de Estados Unidos que defiende que la libertad de expresión en democracia es un valor que está por encima incluso de ciertos aspectos de la "seguridad" del Estado. Sostiene también que es más importante proteger el derecho de los gobernados que el derecho de los gobernantes. Casos como el WaterGate o ciertas actuaciones en la Guerra de Vietnam así lo demuestran.

Si hay una Institución del Estado que está intentado ser desestabiliza desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa es el Centro Nacional de Inteligencia. Sirvan de ejemplo las siguientes tres acciones: la inclusión del podemita bolivariano Pablo Iglesias en sus estructuras de rondón en un Decreto de índole sanitario durante la pandemia COVID19, la destitución de su directora de manera arbitraria como pago al chantaje de los independentistas por el caso Pegasus y la retirada de agentes de Cataluña y País Vasco. Todo ello se verá ahora acrecentado pues el Ejecutivo pretende debilitar aún más el CNI al dinamitar la estructura del mismo desgajando de su organigrama la Autoridad Nacional para la Información Clasificada y eliminado a un centenar de miembros del Servicio Secreto de la Oficina Nacional de Seguridad que pasarían a ser funcionarios del mayor ministerio político como es el de Presidencia, dejando de estar a las órdenes de la ministra de Defensa y pasar a las órdenes del nuevo "Rasputín" de Moncloa, Félix Bolaños.

Se pretende cuartear y trocear la Seguridad Nacional dividiéndola debilitando aún más las Instituciones del Estado y su independencia. De aprobarse lo expresado en el Anteproyecto provocará que salte por los aires el control estratégico, centralizado y nacional de los secretos, cuya competencia la posee el Centro Nacional de Inteligencia, dado que permitiría a ciertas Comunidades Autónomas con policía propia la clasificación de información con rango de confidencial o restringida. Con esta Ley el Gobierno Vasco podría impedir la investigación y esclarecimiento de los crímenes de la banda terrorista ETA en su territorio autonómico.

Ante este cúmulo de despropósitos surgen las siguientes preguntas: ¿Ha solicitado el Gobierno un Informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre este Anteproyecto? ¿Por qué el Gobierno no se apoya en dicho Organismo para estos temas tan sensibles? ¿Influirá el que el actual Ejecutivo es el que más resoluciones del mismo ha incumplido?

El actual desGobierno de Pedro Sánchez es la mayor amenaza para la Seguridad Nacional y la Democracia en España. Este aprendiz de autócrata tiene un plan definido para perpetuarse en el poder. Algunas "perlas" del mismo son: la publicación de un Plan de Acción contra la Desinformación por parte del Departamento de Seguridad nacional para crear el denominado "Ministerio de la Verdad" e introducirnos en el mundo orweliano donde, de manera “oficial”, se nos dirá lo que es cierto o no. Las directrices marcadas a la Guardia Civil en plena pandemia para "velar" el buen nombre del Gobierno en las redes sociales. La amenaza del jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, el "barranquista" Iván Redondo, a un diputado del Grupo Popular, en sede parlamentaria, al que le espetó que tuviera cuidado que lo podía "chequear". Pero la mayor indignidad ha sido pagar el chantaje de Bildu y ERC, para que Sánchez siga en Moncloa, metiendo a miembros de esos partidos en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, personas a las que sería imposible darle la más mínima Habilitación Personal de Seguridad.

Comienza un curso político apasionante y el Partido Popular está preparado para gobernar y poner orden y sentido común a todos estos desmanes. A Sánchez, aunque no lo sepa, le queda poco. Las urnas le pondrán en su sitio.

Ciudad Real, 12 de agosto de 2022.

Juan Antonio Callejas Cano es diputado nacional por Ciudad Real y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.