La situación del campo en Castilla-La Mancha es clamorosa y así se lo están diciendo al Gobierno de Emiliano García-Page desde distintas organizaciones agropecuarias. Se exigen soluciones urgentes ante el serio riesgo de desaparición de muchas explotaciones. Las catástrofes atmosféricas de los últimos años, como la seguía y las DANAS, unidas a la guerra de Ucrania, la inflación, las secuelas de la pandemia y las últimas enfermedades animales están provocando una situación "límite" entre los agricultores y ganaderos de la región, tal como viene denunciando repetidamente la organización agraria Asaja, que alerta de la imperiosa necesidad de "liquidez inmediata" para la supervivencia del sector.

Asaja habla directamente de la "asfixia económica" del campo en la región y una "amenaza real" para la viabilidad de muchas explotaciones. El sector pide al Ejecutivo autonómico que se tome muy en serio esta situación y ponga en marcha medidas financieras y fiscales con la urgencia y la magnitud que requiere la situación. En este sentido, la oorganización agraria ha remitido sendas cartas al vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en las que les piden que activen medidas como préstamos ICO, avales SAECA, moratoria de los préstamos o créditos blandos a largo plazo e intereses subvencionados.

Además, plantean las reducciones y exenciones de tasas e impuestos, tales como una exención directa del IBI, sin exigencias burocráticas, al igual que se han gestionado las ayudas a los fertilizantes. Y también han pedido un mayor respaldo financiero al Plan de Seguros Agrarios Combinados y moratorias de las cuotas de la Seguridad Social. Los altos costes de producción y los bajos precios que se pagan por los productos se suman a los numerosos problemas que han llevando "al límite" a los productores castellano-manchegos, que se enfrentan a "serias dificultades" para poder continuar su actividad.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha explicado que “mucha culpa de la baja rentabilidad se debe a la falta de un modelo que garantice el sistema productivo y a las políticas conservacionistas. Nos han impuesto normativas comunitarias que en Castilla-La Mancha no se podían cumplir, como los ecorrégimenes y, ahora, los productores ya no tienen margen de maniobra. El hecho de que no se flexibilice la normativa de la Política Agraria Comunitaria, la PAC, va a obligar a los agricultores a sembrar barbechos con semillas que no pueden pagar, por ejemplo".

Según Fresneda, “este año, ni las ayudas a la ganadería o a la sequía, ni los adelantos de las ayudas de la PAC van a ser suficientes para solventar la gravedad del asunto”, por lo que ha pedido que se activen todos los mecanismos posibles para revertir la situación.

Además, ha subrayado, “es muy urgente que se articulen ya medidas, de lo contrario, difícilmente podrán enfrentarse a la campaña de siembra de cereales, a la compra de tratamientos fitosanitarios o a la contratación de mano de obra, entre otros”.

La organización agraria ha recordado que la falta de liquidez es uno de los principales factores por los que las empresas quiebran, por lo que ha insistido en que cualquier ayuda es poca para afrontar la ya de por sí dañada economía de los agricultores y ganaderos y garantizar el abastecimiento de alimentos a la sociedad. En este sentido, Fresneda ha indicado que, “aprovechando que se están debatiendo los presupuestos de Castilla-La Mancha, es el momento oportuno para introducir medidas presupuestarias que reviertan la situación”.